Tucumán: vacunas VIP, congelamiento salarial y la lucha de los trabajadores de la salud

El escenario provincial de los trabajadores de la salud se presenta más que convulsivo, con luchas y reclamos.

El escándalo de las “vacunas VIP” tiene sus ramificaciones en Tucumán. En la última semana se supo que todo el entorno más cercano de la ministra de Salud -desde su chofer hasta secretarios personales, entre otros, en total, 17 personas- había accedido a la vacunación. En la justicia federal se ha denunciado una lista de 120 personas vacunadas irregularmente. Desde el ministerio, ante algunos casos que se hicieron públicos, lavándose las manos, señalaron que un cupo de vacunas se destinó a centros privados de salud y que ellos disponían con sus propios criterios a quiénes se vacunaba.

Todo esto ocurre en un escenario donde muchos trabajadores de la salud que salieron a luchar por equipos de protección personal durante el 2020, ahora tuvieron que exigir ser incluidos en los listados para ser vacunados porque no figuraban. Toda una franja de trabajadores de la salud que no han accedido aún a la vacuna.

La política de salud del gobierno de Manzur marcha al compás de las políticas nacionales. Desde el ministerio de salud han respaldado el retorno presencial a las escuelas, señalando que no era necesario la vacunación de docentes y alumnos, que con cumplir con el protocolo ya estaban dadas las condiciones de bioseguridad, esto cuando desde la dirección del SIPROSA (Sistema Provincial de Salud) han señalado que es inevitable la segunda ola de contagios, que no se ha podido bajar los contagios diarios por debajo de 100, que ha comenzado a crecer la positividad en los testeos, del 10% al 25%, y que están creciendo las internaciones en terapia intermedia.

Asimismo, las autoridades del SIPROSA han lanzado una ofensiva de aprietes y persecuciones a toda una franja de activistas que habían salido a denunciar el estado del sistema sanitario de Tucumán. Incluso los dirigentes del SITAS fueron denunciados penalmente. La respuesta de los trabajadores de la salud no se hizo esperar. Desde enero pasado, comenzaron a adoptarse medidas de fuerza combinando el reclamo del cese de las persecuciones con reclamos salariales y de mejoramientos de las condiciones laborales, con asambleas, cortes de calles, caravanas, quites de colaboración y huelgas sin concurrencia, con creciente adhesión.

Con el cierre de la paritaria docente con la burocracia -que acordó un “aumento” del 30% en cuotas-, el gobierno a citó a varios gremios de la salud (SITAS, ATSA, SUMMAR Y AME) para el 8 de marzo pasado, exigiendo que, para comenzar cualquier negociación, es condición que se levanten las medidas de fuerzas llevada adelante por SITAS y SUMMAR.

Esa pretensión generó una ola de repudio masivo entre los trabajadores de la salud. Distintas asambleas de hospitales se pronunciaron para que las conducciones gremiales no acepten esta extorsión y, en cambio, se profundicen las medidas de fuerza.

En este marco, la dirigencia del SITAS ha decidido convocar a una asamblea de delegados interhospitalarios en la plaza Independencia para el jueves 11. Dos posiciones se van a enfrentar: una que sostiene que para que se desarrolle la discusión paritaria se levanten las medidas de fuerza, y otra, por el contrario, que las negociaciones se realicen con los trabajadores luchando, que se exija el levantamiento de todas las sanciones y cesen las persecuciones, que se asegure la vacunación de todos los trabajadores de la salud, que se incorpore a planta a todo el personal precarizado, se reconozca el carácter insalubre del trabajo en el ámbito de la salud para todos los trabajadores y que se restablezca la cláusula gatillo y un aumento salarial que no puede ser inferior al 50%.