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La violenta represión desatada en Formosa el viernes pasado, en respuesta a las movilizaciones contra la nueva cuarentena resuelta por Insfrán, no ha cerrado la crisis política que ha irrumpido a nivel nacional. En la frontera, Paraguay es el escenario de una rebelión popular contra el desmanejo gubernamental de la pandemia y una corrupción escandalosa. La reapertura del comercio que reclaman los movilizados recoge un reclamo que en distinta escala realiza la pequeña burguesía urbana. Con la imposición de la presencialidad escolar, los gobiernos de la nación y las provincias han ido muy lejos en la faena de que el virus acompañe a la circulación. En materia de tests, seguimientos y vacunación no ha cambiado nada, ni tampoco la asistencia económica a la población, que asiste a un garrotazo contra los salarios y las jubilaciones. La lucha contra Insfrán no nació ahora; en 2014 la juventud secundaria desarrolló un movimiento aún más vasto que el actual, y encontró el apoyo y la orientación de la UJS y del Partido Obrero.
El gobierno nacional, y sus acólitos, presentan a la crisis formoseña como una conspiración “anticuarentena”, y a Insfrán como un paladín de la salud pública. Esta caución política a Insfrán se extiende desde Frederic hasta Aníbal y Alberto Fernández. El “aislamiento obligatorio”, para detener una fuerte circulación del virus, debería ser seguido por medidas integrales de prevención y tratamiento, completamente ausentes, y por un fuerte apoyo a la economía familiar. Insfrán ha instaurado un estado de sitio y centros de aislamiento que suenan a campos de concentración. En todo el mundo, el capital salió a defenderse y rescatarse a sí mismo del peligro de un derrumbe social; es lo que hizo Insfrán en Formosa para salvar a su régimen de despotismo personal. Para los Fernández, Insfrán representa por sobre todo dos votos invaluables en el Senado.
Insfrán destinó los recursos que llegan a la provincia a rescatar a las pocas grandes corporaciones capitalistas - con el pago de sueldos, exención de impuestos y cargas previsionales, y facilidades crediticias. En cambio, la población explotada recibió un “IFE” cada dos meses, y sólo en tres oportunidades. Si la desocupación creció al 30% y la pobreza al 50% en las regiones industriales del país, en Formosa sencillamente alcanzó niveles de catástrofe. Los salarios de “los que cobran salario” -como los empleados del estado- perdieron un 15 o 20% de su poder de compra. El comercio pequeño y sus empleados están “acoplados” a este desastre, como consecuencia de la caída del consumo general.
La movilización de la pequeña burguesía urbana por la defensa de la circulación comercial retrata, en forma específica o distorsionada, el impasse político y social del capitalismo frente a la pandemia. Ese impasse no es otro que la incapacidad para movilizar los inmensos recursos que ha acumulado, en forma capitalista, para enfrentar el virus, que se ha convertido en catástrofe humanitaria. La pequeña burguesía comercial reclama el derecho a sobrevivir bajo el capitalismo con los métodos que son los de ella – la actividad comercial. Es como lo ven también muchos progresistas e izquierdistas, cuando reclaman lo mismo con el agregado de los ‘protocolos’ seguros. La alternativa “racional” sería, en cambio, nacionalizar los recursos capitalistas fundamentales, para una lucha sanitaria contra el virus; para sostener a la población trabajadora; y para sentar las premisas de una reorganización social que defienda la vida humana en lugar del lucro privado. Los límites de la salida comercial ya han quedado a la vista, en primer lugar por el acecho de nuevos rebrotes, y porque el consumo minorista no se reactiva, bajo el escenario más general de una acentuación de la miseria social y de la política de ajuste. Estas contradicciones explosivas se manifestarán en crisis políticas más violentas que las que desata el ‘patriarca’ Insfrán.
La represión de don Gildo, como ocurre con los vacunatorios Vips, han sido usados por Bullrich, Waldo Wolf y los libertarios para hacer demagogia de derecha, aunque aludan a la libertad. Es el mismo registro que usaron Trump y Bolsonaro. No hace falta destacar la catástrofe en la que sumieron a EEUU y a Brasil. No se trata, por supuesto, del reclamo de libertad del pequeño comercio, sino del gran capital – sólo con los u$s50 mil millones despilfarrados con el FMI, buena parte del financiamiento de la lucha sanitaria habría quedado satisfecho.
Las burocracias sindicales han dado la espalda tanto a la movilización contra el confinamiento “concentracionario” como al rechazo de los métodos fascistoides de Insfrán. Es que la burocracia come de la mano del Estado, no es una representante independiente de los trabajadores. Por eso elige el campo de los represores contra los reprimidos, cuando no integra ella misma la fila de los represores. Lejos de una mirada indiferente, es necesaria una campaña de pronunciamientos por el derecho a la movilización popular en Formosa y en todo el país.
La lucha contra la pandemia no necesita balazos ni gases, sino testeos masivos, vacunas en provisión suficiente, un salario de pandemia para todos los precarizados y desocupados igual al costo de la canasta familiar, y un aumento general de salarios para recuperar el poder adquisitivo confiscado.
En cuanto a Formosa, es necesario un congreso obrero y campesino, incluso con nuestras provincias del noreste y en la perspectiva de unir a los obreros y campesinos de Paraguay, y el Matto Grosso del sur brasileño, por las urgentes reivindicaciones de la salud, la docencia y la tierra, junto a los campesinos y pueblos originarios expropiados.
