Los incendios en cordillera acentúan el desprecio popular por el régimen político chubutense

Escribe Iván Marín

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Un peón mapuche calcinado mientras se criminaliza a las comunidades originarias, punteros políticos que aprovechan la tragedia para lucrar, la megaminería, el ajuste sobre los salarios, y el desfinanciamiento de los servicios estatales. El pueblo gana las calles, se autoorganiza y coordina la solidaridad.

El cuerpo calcinado de Sixto Garcés Liempe junto a su caballo y dos perros fue encontrado por miembros de la lof Cañio tras una complicada búsqueda en la zona, de difícil acceso. El cuerpo fue hallado por miembros de la comunidad y familiares, pues el Gobierno no movió un pelo al respecto. En la exploración se rescató a Celina Rosa, viuda de Guajardo, vecina de la comunidad mapuche, quien pese a ubicarse a una distancia relativamente alejada del fuego, se descompensó, posiblemente producto del susto, y falleció en el hospital. Aunque el Gobierno no reporte desaparecidos, en la población se ratifica que hay varios. Los hogares quemados total o parcialmente superan los 500. Una campaña racista e infundada acusa a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Del otro lado, el pueblo no confía en las mediaciones del Estado y se autoorganiza para llevar la solidaridad a la Comarca Andina. La desconfianza hacia la corruptela del régimen político se despliega en toda la provincia.

La lof Cañio se encuentra a 10 km de El Maitén, y desde allí se denuncia abandono por parte del Estado. No solo no ayudaron en la búsqueda del peón rural, sino que los focos de incendios siguen activos y con un pronóstico de tiempo desfavorable para contenerlos. Para afrontar esta compleja situación la comunidad mapuche apela a la solidaridad del pueblo. Precisan motos y herramientas para enfrentar los incendios, que se encuentran en zonas de difícil acceso, y exigen al Estado que envíen brigadistas y un avión hidrante. Denuncian que el siniestro fue intencional: “Mataron toda la vida nativa del lugar, no fue casual”, se escucha en un audio que recorre las redes sociales. Un crimen social de las clases dominantes.

El racismo como respuesta

El miércoles advertimos y denunciamos desde Política Obrera que se utilizará este crimen social para volver a embestir sobre las comunidades mapuches-tehuelches. El dispositivo no tardo en encenderse. Ayer el inefable Claudio Andrade, periodista de Clarín, volvió a hacer de las suyas al responsabilizar del incendio a miembros de la comunidad Gallardo Calfu de la zona de El Foyel, en la vecina provincia de Río Negro. Basándose en pescado podrido aportado desde la fiscalía a cargo de la investigación de los hechos, personalizada en la persona de Carlos Díaz Meyer, reconocido en la zona por su prontuario antimapuche. Como nos tiene acostumbrados, Andrade recurre nuevamente a “trascendidos”, posteos en redes sociales como “pruebas” para redactar su falaz informe, centrado en la supuesta participación de un auto Gol blanco, que sería de la mencionada comunidad.

Desde la lof emitieron un comunicado en respuesta a esta campaña promovida por los grandes capitalistas y terratenientes de la zona y sus personeros políticos: “Repudiamos las falsas acusaciones por parte del senador nacional Alberto Weretilneck el día 11 de marzo de 2021 en la que se vincula al pueblo mapuche con los incendios forestales ocurridos en la comarca andina del paralelo 42. Con un claro mensaje racista y de odio acusa y vincula directamente estos hechos con nuestra recuperación ancestral mapuche en la zona de El Foye”, comienzan. Y agregan en la denuncia que: “Esta persecución política busca crear un montaje para perjudicar las recuperaciones territoriales, mientras desvían la atención de los verdaderos intereses económicos que vienen de la mano de la megaminería, proyectos inmobiliarios y extractivismo en la zona”. A la vez que informan: “Muchos de nuestros pu peñi ka pu lagmien que cuidan y protegen la ñuke mapu están siendo afectados por estos incendios y nuestro pueblo se organiza con las comunidades de la comarca para combatir el fuego en defensa del agua y el bosque”. Y cierran con la siguiente advertencia: “A pesar de todo el hostigamiento seguimos resistiendo en defensa de la ñuke mapu poniéndonos en alerta ante el avasallamiento sobre los territorios”.

La autoorganización y la desconfianza en el régimen político

La dirigencia de los partidos tradicionales de la provincia, es decir, las fuerzas políticas patronales, son los principales blancos de denuncias del pueblo movilizado. La desconfianza no se reduce a su responsabilidad en los incendios sino también al operativo para afrontar las consecuencias del siniestro. En todo el territorio chubutense se llevan adelante campañas de solidaridad de vecinos autoorganizados que nada quieren saber con las mediaciones del Estado, ya sean los municipios, Provincia o Nación. En El Hoyo los camiones que partieron desde Trelew se negaron a dejar lo recolectado en el gimnasio y exigieron una lista de las personas afectadas para hacer las entregas de forma personal. En la Comarca Andina abundan las denuncias al Estado por su falta de respuesta, más allá de las propagandas en los medios de comunicación. En redes sociales y en las calles el desprecio hacia el personal del régimen político es abrumador.

La provincia ya vivió una situación catastrófica similar con las inundaciones de 2017 en Comodoro Rivadavia, en la que respondió con la misma solidaridad. A los pocos meses se conocieron casos de corrupción con lo recolectado y se iniciaron causas penales a la algunos de los funcionarios del gobierno involucrados, en el que el actual gobernador, Mariano Arcioni, era vice de Mario das Neves. La difusión de estos casos de corrupción se dio en paralelo a los levantamientos populares de 2018 y 2019 en respuesta a las políticas de ajuste del Gobierno para pagar la millonaria deuda en dólares, la mayoría con acreedores internacionales, la cual paga mediante la devengación automática de las regalías petroleras. Este combo se completa con nuevos intentos para avanzar con la megaminería en la provincia, todos derrotados con la movilización en las calles. El pueblo movilizado denuncia a un podrido régimen político basado en el extrativismo: el petróleo y el gas en el sur, pesquero en el mar, de los bosques en cordillera, al que pretenden agregar la megaminería.

El hallazgo del cuerpo calcinado de Sixto Garcés Liempe volvió a despertar la bronca de una población movilizada. Mientras publicamos estas líneas se desarrolla una movilización por las calles de Trelew contra el Gobierno y se espera que en los próximos días ocurra lo mismo en otras localidades. En el corte total en Ruta 3 la semana pasada se votó por unanimidad una movilización provincial a Casa de Gobierno contra la megaminería, que ahora debe incluir la exigencia de justicia por las víctimas de los incendios en cordillera, la creación de una comisión de investigación independiente y el reclamo por el pago en tiempo y forma de los salarios. La autoorganización en ciernes por los incendios debe desarrollarse en asambleas populares que discutan un plan de conjunto para los padecimientos del pueblo. Están dadas las condiciones para las autoconvocatorias de asambleas en los lugares de trabajo que den paso a asambleas generales en la perspectiva de la huelga general en defensa del medio ambiente y los salarios.

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