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El propósito principal del proyecto de ley de “sostenibilidad financiera” que Fernández y Guzmán han enviado al Congreso, es privar a éste del ejercicio de la facultad que le asigna la Constitución para avalar o rechazar los acuerdos a los que lleguen los negociadores del Poder Ejecutivo con los acreedores internacionales acerca de la deuda externa. Lo que se dispone a votar el Congreso, con la única oposición de los diputados de la izquierda, es una delegación de poderes y una renuncia a la soberanía popular.
Falacia
La autorización que otorga el proyecto al Poder Ejecutivo “para realizar todos aquellos actos...para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa”, incurre en una enorme falacia. Ningún acuerdo puede asegurar ese objetivo, como lo demuestran, si no alcanzara, las diez cesaciones de pago en que ha caído Argentina desde marzo de 1976.
El proyecto de ley se propone estafar a la fe ciudadana, pero es también una evidencia del desorden conceptual de sus autores – desde los Fernández al Nobel Stiglitz. La reciente crisis internacional de 2007/8 hizo estallar todos los contratos de deuda, aunque la mayoría de ellos no se encontraba en estado de incumplimiento. Los llamados “modelos de sustentabilidad” que elaboran los economistas del sector público como el privado no se distinguen por su consistencia, sino por los intereses que buscan defender. En la mayoría de esos ‘modelos’, la variable principal que sostiene a la sustentabilidad es la reducción de los ingresos reales de trabajadores y de jubilados, como también de la salud, la educación y la vivienda de la gran mayoría.
Otro propósito del proyecto, no menos importante, es posibilitar pisotear la soberanía nacional “en manada”. Es cuando establece “la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros” para los nuevos bonos que se canjearían por los vigentes. Esa jurisdicción otorga a los fondos internacionales y los bancos acreedores un recurso político poderoso para volver a colocar Argentina en cesación de pagos, ante el menor cambio de viento de la economía internacional o nacional. Macri y AF han podido ‘reperfilar’ el pago de aquellos cupones de deuda o títulos bajo legislación argentina, pero lo mismo no podrían hacer, como le ocurre a Kicillof, con el vencimiento de la cuota de una deuda de la Provincia que se encuentra amparada por la legislación extranjera. En caso de incumplimiento se pondrían en marcha una serie de mecanismos que podrían llegar a la declaración de default de la deuda del estado nacional.
¿’Modelo de sostenibilidad’?
Es posible que los Fernández o sus legisladores defiendan este proyecto porque establece la obligación de obtener una mejora en las condiciones de la deuda, sea en montos, plazos o intereses. Bueno sería que fuera al revés, que se mejoren las condiciones para los acreedores. Lo cierto, sin embargo, es que es eso lo que ocurre. Una quita en los montos de emisión podría revalorizar la cotización de la deuda actual, que es de 40 centavos de dólar. Esto beneficiaría a quienes la compraron por debajo de ese precio (los mismos que se sientan a negociar). Un acuerdo podría hacer subir el valor de la deuda hasta un precio acorde a la tasa de interés que ofrecen los mercados internacionales. Algo similar se puede decir de un alargamiento de plazos, porque mantendría en el tiempo un nivel de tasa de interés cinco veces mayor al promedio de la tasa internacional.
En ninguno de los casos de default de Argentina, los gobiernos han recurrido a recomprar deuda a precio de mercado, mucho más bajo el de emisión. Al revés. Menem, por ejemplo, reconoció el valor total de los bonos de Argentina, cuando se cotizaban al 10% de ellos, para recibirlos como pago de las privatizaciones de los 90. El negocio lo hizo Telefónica, por caso, contra el Tesoro nacional. Si Argentina recomprara, sin avisar, la deuda que vence este año con acreedores bajo ley extranjera se ahorraría u$s18 mil millones sobre los u$s30 mil millones que se contabilizan – y los u$s12 mil millones restantes los podría pagar con un crédito internacional o con un ahorro interno compulsivo. Ningún ‘nacional y popular’ ha procedido de este modo, por temor a ser declarado un paria por parte de los mercados internacionales.
Jubilaciones, salarios, salud, educación
Lo que el Congreso tampoco va a discutir son las variables omitidas por el ‘modelo sustentable’ que le presentan los Fernández: salarios y jubilaciones. El proyecto, por el contrario, autoriza al gobierno a realizar todas las modificaciones que sean necesarias al Presupuesto, para ponerlo en concordancia con el eventual arreglo de la deuda pública externa. Renuncia a discutir la deuda y a discutir el Presupuesto.
El Congreso tampoco discutirá otra variable, que un ‘modelo de sustentabilidad’ no puede omitir: las proyecciones de ingresos de capitales financieros. La deuda no se pagará con el remanido ‘superávit fiscal’ - que, en el mejor de los casos, podría hacer frente una parte de los intereses anuales. O sea que no cumple con el propósito de toda renegociación, que es reanudar el financiamiento internacional, o sea contraer una nueva deuda. Sin obra pública ni inversión privada, con una infraestructura social obsoleta y salarios de hambre, proponerse un superávit fiscal para pagar deuda es una invitación a la rebelión popular.
El Congreso tampoco va a tratar otro tema crucial: la mayor parte de la deuda se encuentra en poder de Anses, Banco Nación y Banco Central. Estos son objeto de otro trato: se renuevan los papeles que vencen con nuevos papeles, indefinidamente, lo cual significa que esa deuda no será honrada nunca – significa que ha sufrido una poda definitiva del ciento por ciento. La sustentabilidad de la deuda pública externa con fondos y bancos supone la confiscación de esa misma deuda con las instituciones nacionales.
Gangrena
La deuda externa se ha convertido, y esto desde hace mucho, en una gangrena nacional. El capital opera en Argentina, nacional o extranjero, como un engranaje de ese endeudamiento. El no pago de esa deuda parasitaria no significa que libera un dinero o un capital para un uso mejor para los intereses populares – simplemente, porque ese dinero no existe, fue devorado por la crisis, y eso ha precipitado la cesación de pagos. La deuda externa ha financiado la salida de capitales, o sea que se traga el capital que ella aporta, antes de su vencimiento, con el agregado de los intereses y beneficios de su uso, y volverá a cumplir ese rol confiscatorio como consecuencia de las renegociaciones que el Congreso aprobará a libro cerrado. Para hacer frente a la nueva deuda que se renegocie, habrá que crear un valor agregado nuevo. El default es la expresión de la confiscación del dinero que ingresó como deuda externa del estado nacional, esto por parte del capital interno y externo.
El no pago de la deuda es necesario a una reestructuración integral de la economía y de la sociedad en función de intereses antagónicos a los del gran capital, y de un planeamiento dirigido a satisfacer los objetivos históricos de los trabajadores. Significa abolir una relación de dependencia y de dominación. Las recurrentes crisis de deuda plantean confiscar a los confiscadores.
FMI
Lo que el voto del Congreso no podrá impedir es la crisis internacional, por un lado, y la crisis nacional que desencadena, por el otro, la nueva cesación de pagos y la renegociación. Las imposiciones que imponga el capital internacional en estos trajines en Nueva York tendrán una repercusión política mayor que un aumento del subte en Santiago de Chile, o de la nafta en París. En el camino se encuentra también el FMI, que quiere de vuelta los u$s50 mil millones que financiaron a Macri; el levantamiento de los congelamientos de tarifas dictados por la urgencia; y la liquidación del sistema previsional – que Guzmán calificó de “inflacionario”.
Para varios observadores internacionales, el riesgo que corre el FMI en Argentina, amenaza con un nuevo estallido financiero internacional, como el de hace una década. No faltan razones, porque una quiebra política del FMI, en su tarea de supervisor de las naciones más débiles y de las quebradas, tendría una onda dislocadora en el mercado mundial – que se agravaría si además no puede cobrar lo que Argentina le debe.
