Ajuste y crisis política en Chubut: Arcioni, a la deriva

Escribe Iván Marín

No logró hacer pasar en Legislatura un plan para profundizar el ajuste y se rompió el bloque del oficialismo.

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“Hoy la política como algunos la interpretan… es hacer una alianza electoral para poder tener cargos políticos (..). A esos miserables yo gobernador digo que no los quiero como una alianza política”, sentenció ayer Mariano Arcioni al confirmarse que no se podría tratar lo que quedaba de la llamada “reestructuración” del Estado. La sesión que debía tratar ese proyecto no sólo se cayó por el paro de los trabajadores de Legislatura sino porque no había logrado consenso en el propio bloque oficialista, que es el mayoritario.

Las respuestas a Arcioni no se hicieron esperar. Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn y hermano del vicegobernador, escribió en Twitter “#inoperante", en referencia a Arcioni. Los tres legisladores provinciales de Sastre se bajaron del grupo de WhatsApp del bloque, según informa el diario “El Chubut”. También dejaron el bloque los tres diputados que responden al intendente de Trelew Adrián Maderna. El oficialismo podría terminar con sólo 7 Legisladores propios de los 16 que tenía al comienzo de la gestión, hace 50 días.

En diciembre pasado, Arcioni oficializó sus intenciones de avanzar con la megaminería, tras recibir órdenes al respecto de Alberto Fernández. La rebelión mendocina presagiaba que no le sería fácil concretar el objetivo en una provincia que ya había derrotado otros intentos en varias oportunidades. Decenas de miles cerraron el 2019 y abrieron el 2020 movilizando en las más importantes urbes de Chubut. Lo cual llevó a que los intendentes Sastre y Maderna, y con ello sus legisladores, se vieran obligados a anunciar que no apoyarían el tratamiento de modificación de la ley 5001 –que prohíbe la megaminería en toda la provincia-, pese a que ambos se habían manifestado reiteradamente a favor de dicha actividad. A ello se agrega que recién el 8 de enero los estatales cobraron el medio aguinaldo. Debido a que el gobierno paga de forma escalonada y en tres rangos (hasta 40 mil de sueldo el primer rango; de 40.001 hasta 65 mil el segundo; y de 65.001 a 150 mil el tercero) aún quedan miles de trabajadores sin cobrar su sueldo de diciembre. Además, les deben recomposiciones salariales por la cláusula gatillo firmada en paritarias antes de las elecciones provinciales, y que no se cumplen desde julio. O sea, desde un mes después de que la fórmula Sastre-Arcioni fuera electa por amplio margen sobre su inmediato competidor, Carlos Linares, del PJ-kirchnerismo.

La deuda y la crisis política

El telón de fondo de la crisis política es el endeudamiento del Estado provincial por alrededor de 1.100 millones dólares y cuyo último vencimiento es en 2026. Cuando Arcioni buscó respaldo en el gobierno nacional, el ministro Martín Guzmán le respondió que primero debería ordenar las cuentas. Así fue que acordaron el plan de “reestructuración” del Estado, que preveía entre otros puntos un congelamiento salarial por 180 días, la continuación del pago escalonado, retiros voluntarios, reducción de la planta política, cancelación de vacantes y reemplazo de un estatal cada tres jubilados. El programa fue precedido por el anuncio del gobernador de que dejará de cobrar su salario justamente por 180 días.

La provincia se encuentra movilizada desde hace más de dos años, en un proceso que las calles han bautizado como “Chubutazo” y que hasta el momento tuvo dos episodios que cuestionaron la permanencia de Arcioni: en el primer semestre de 2018 y en el segundo de 2019.

La crisis política precede a un febrero que, pasadas las vacaciones, será sin duda convulsionado y un marzo al rojo vivo si no llega apoyo económico de Nación.

En ese marco la Mesa de Unidad Sindical (MUS) y las centrales sindicales de la provincia cargan con el desprestigio de haber sido garantes de gobernabilidad desde hace varios años. Ahora, suman a esa colaboración la de tener un gobierno nacional “del palo”.

Desde el círculo cercano a Arcioni denuncian al PJ-Kirchnerismo, -y con ello también a la MUS- de intentar desestabilizarlo en búsqueda de un gobierno de coalición. Ricardo Mutio, presidente del PJ provincial, abonó a esta hipótesis al decir en varios medios de comunicación que “el gobierno no se deja ayudar”.

La ruptura del oficialismo anunciada el martes pasado deja cada vez más a la deriva al gobierno de Arcioni. El gobernador ha perdido autoridad para llevar adelante el plan minero-ajustador que le reclaman desde Buenos Aires. Por ahora, el PJ-kirchnerismo quiere sortear esa crisis con un nuevo reparto del poder político provincial, pero el propio Arcioni podría estar en la mira. De conjunto, lo que hay detrás de la crisis política es la quiebra de la provincia y la acción de una clase obrera que, desde hace dos años, viene frustrando las tentativas de reorganización social del Estado.

Lo que viene

A ese régimen dividido y en crisis, los trabajadores deberán oponerle una lucha en defensa de sus conquistas. La coordinación de las bases, que el año pasado se desarrolló de forma embrionaria en salud, docentes y jubilados, será imprescindible para tratar de sortear el escollo de las burocracias sindicales. Las movilizaciones y piquetes van a actualizar la perspectiva de la huelga general como único camino para la victoria. El nuevo round del “Chubutazo” contra la megaminería y el ajuste se enfrentará a un gobernador en crisis. El régimen social y político que ha saqueado Chubut a cuenta del capital financiero, las mineras y los pulpos petroleros no será superado por sus “trenzeros” y punteros de la burguesía, sino por una acción independiente de los trabajadores.

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