Escribe Carlos Villarroel
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El 2 de septiembre del 2020 cinco compañeros del Partido Obrero Tendencia fuimos detenidos en Bahía Blanca por realizar una pintada que rezaba “Justicia por Facundo. Fuera Berni, jueves 3/9 todos a la plaza”. Semanas más tarde un grupo de compañeras, representantes de la asamblea socio ambiental de Bahía Blanca, corrieron la misma suerte luego de realizar un mural con las mismas consignas. En ambos casos, fuimos liberados luego de algunas horas en la Comisaría y de una movilización de diferentes organizaciones que reclamaron por nuestra libertad.
A los militantes detenidos se nos labró un acta por infracción al ART. 58 de la ley 8031/73 del “Código de Faltas” de Buenos Aires, que sanciona a las personas que “en edificios, monumentos, paredes, cercos, fijare carteles o estampas o escribiera o dibujara anuncios, leyendas o expresiones de cualquier naturaleza, sin permiso municipal y fuera de los lugares habilitados para ello, o de cualquier modo dañare los colocados con autorización”.
Por estos días la justicia intenta avanzar con la causa, que establece una multa económica equivalente a “entre el veinte (20) y el sesenta (60) por ciento del haber mensual del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. El juez correccional, Gabriel Giuliani, ha citado a una audiencia para tomar declaración indagatoria a todos los compañeros del PO Tendencia, los cuales son representados legalmente, al igual que militantes socio ambientales, por Leandro Aparicio, abogado de familia de Facundo Castro.
El Código en cuestión es un atentando contra una práctica democrática popular en la que ciertos paredones se han convertido en un espacio para la difusión de consignas políticas, utilizados por prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas intervinientes en el país. Es el caso de los paredones en cuestión por los cuales hemos sido detenidos. De vez en cuando, la policía y el Estado se valen de este Código reaccionario para detener e intentar intimidar a militantes populares, pero en este caso ha actuado con una clara rapidez y conciencia de querer bloquear la lucha por el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de la muerte de Facundo Castro, que tiene a la bonaerense como la principal responsable.
Luego de las detenciones en 2020, mantuvimos una reunión con el secretario de gobierno municipal Ezequiel Jouglard (Juntos por el Cambio), a quienes hicimos también responsable por este atropello. La respuesta fue admitir que no era necesario ningún permiso para realizar pintadas en esos lugares, tomar distancia de lo actuado por la bonaerense pero avalarla en los hechos.
Inscribimos este amedrentamiento en todo el operativo de encubrimiento desarrollado por la bonaerense por el crimen de Facundo y que se manifiesta en las irregularidades que presenta la causa y en la acción represiva para quienes nos manifestamos exigiendo justicia. Las intimidaciones, amenazas y sanciones, alcanza a amigos y allegados de Facundo, que han sido multados, por realizar pintadas o pegar afiches en la localidad de Villarino, con montos que alcanzan los $220.000. Esto no es todo, recientemente se vivió un grave episodio, que tiene como protagonista a un testigo de identidad reservada, quien permaneció desaparecido durante varias horas, luego de ser amenazado de muerte él y toda su familia.
Denunciamos el entramado criminal que terminó con la vida de Facundo, que involucra a la policía bonaerense, y al gobierno en todas sus dimensiones. La conmoción por el crimen del joven lurense, y la movilización popular que ello desató, en medio de una pandemia, son factores decisivos para el esclarecimiento del crimen.
Llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicatos, y centros de estudiantes a una campaña de pronunciamiento exigiendo la anulación de todos estos intentos de sanciones, por la defensa irrestricta de las libertades democráticas.
El Estado es responsable y el gobierno encubridor. Justicia por Facundo Astudillo Castro.