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El Gobierno anunció un “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar de Alquileres Formales” para pedir información sobre las familias que incumplieron contratos de locación y serán desalojadas (La Nación, 26/3). La medida fue anunciada mediante la Resolución 88/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El objetivo de la resolución es recopilar datos “sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales”. Para el CELS existen más de dos millones de hogares en una situación económica muy comprometida y con riesgo de perder su vivienda durante 2021” (4/3). En Capital, “medio millón de personas tiene problemas habitacionales”.
El año pasado, el gobierno emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prohibía los desalojos y prorrogaba el pago de los aumentos de los alquileres que afectan a más de 9 millones de personas. El Ministro anunció que no se extenderá el DNU, a pesar de que la emergencia sanitaria se extendió hasta fin de año. La mitad de los más de dos millones de nuevos desocupados son inquilinos, muchos precarizados y “monotributistas”. El 80% se endeudó durante la pandemia, y muchos se dirimen entre comer o pagar el alquiler. Los desalojos se produjeron a pesar del DNU, que sólo abarcó a los alquileres formales (la mayoría no lo son). Ahora, se espera una oleada de desalojos a partir de los juicios que comenzarán a partir del 1 de abril.
El protocolo de Ferraresi debe ser aprobado por las distintas jurisdicciones, y sólo establece que se realice una mediación previa al desalojo. En las últimas semanas los desalojos se incrementaron a pesar de las “mediaciones”.
Desde Consejerías de Vivienda –organismo de lucha contra los desalojos- informan que recibieron “más de 500 consultas y realizaron 200 acompañamientos” por casos de desalojo recientes. En muchas oportunidades ocurrieron detenciones arbitrarias, prisión y represión por luchar por tierra y vivienda dignas, como en el caso emblemático de Guernica, donde 1500 familias fueron desalojadas. La mayoría de esas familias tenían mujeres como cabeza de hogar, siendo las mujeres las que sufren más los desalojos y abusos (70%).
El reciente secuestro de Maia y la enorme movilización popular para dar con su paradero, puso en evidencia la vulnerabilidad de las miles de familias que viven en la calle, que se duplicaron durante la pandemia. Con la no prórroga del DNU situaciones como las de la familia de Maia van a verse multiplicadas. En muchos lugares no aceptan a niños porque “es más difícil desalojarlos”. En el marco de la última movilización de #ProhibidoDesalojar al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, la respuesta de Barotanyi (gabinete de Ferraresi) sobre la necesidad de una ayuda urgente (habitacional y económica) para mujeres y chicos en situación de abusos o violencia fue ‘¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso?’”.
La no extensión del DNU fue justificada en que existen otras “herramientas”. Ferraresi anunció que extenderá de 6 a 12 cuotas el pago de los alquileres adeudados, pero la mayoría de los deudores no puede pagar ni con “facilidades extendidas”, porque los ingresos familiares se redujeron y el alquiler “normal” se lleva hasta el 60% de esos ingresos, teniendo en cuenta los nuevos aumentos que van entre el 60 y el 100%.
A esta situación se suman los planes insuficientes de vivienda. El Plan Casa Propia, anunciado por el presidente Alberto Fernández, plantea ejecutar 260.000 viviendas, cuando el déficit habitacional es de más de 4 millones. Pero además, depende del dinero que ingrese por el blanqueo de capitales. El plan PROCREAR cubriría a penas unas miles de viviendas.
En la Ciudad, los subsidios habitacionales a los sin techo no cubren ni la mitad de un alquiler de una pieza en la villa. El subsidio fue aumentado de $ 5.000 a $ 8.000, mientras que una pieza no baja de $ 16.000.
Pero los funcionarios de Ciudad sí anunciaron la eximición de pago de ABL por seis meses a hoteleros y regentes, votado el pasado jueves 25 sin “grieta” por Juntos por el Cambio, aliados y el Frente de Todos en la Legislatura Porteña. La Cámara de Hoteleros negocia el valor del subsidio habitacional, la caja negra de subsidios pagados directamente a los hoteleros. La Ciudad sabe que muchos de estos hoteles se regentean sin tener una demostración concreta de título de propiedad. Los hoteles que no cumplan con estos requisitos deben ser expropiados y puestos bajo el control y gestión de sus habitantes.
Es necesario prohibir todos los desalojos hasta solucionar la crisis habitacional, fijar un tope a los alquileres que no supere la paritaria más baja, utilizar la tierra pública no para negociados inmobiliarios sino para cubrir el déficit habitacional de 4 millones de viviendas, frenar la valorización especulativa del m2 mediante un control por parte de las organizaciones de inquilinos independientes, hacer un registro de las viviendas desocupadas para solucionar la emergencia habitacional de miles de familias en situación de calle, el salario y las jubilaciones deben incluir los valores de los alquileres y no pueden ser menores que la canasta familiar que hoy supera los $100.000.