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La directiva de la UTA ha aceptado el pago de una suma fija de $ 15.000 en cuotas con los haberes de marzo, abril y mayo, para cerrar la paritarias 2020. El básico conformado de un chofer, $ 63.000, representa una profundización del deterioro salarial que viene desde 2018. En 2019, frene a una inflación del 54%, la comisión directiva hizo alarde de haber conseguido un 41,2 % de aumento.
Las audiencias por la actualización de los últimos meses de 2020, que según Fernández debía ser del 11,4%, redundaron en tres bonos mensuales no remunerativos de 5 mil cada uno, y nada en el básico. La directiva de Fernández ha promovido haberes no remunerativos, en detrimento del básico, de las vacaciones, aguinaldo y extras y, desde ya, de los aportes jubilatorios. Ahora comienza la paritaria 2021.
Subsidios, indignación
Durante el año 2020 las empresas de transporte en el AMBA recibieron subsidios por $165 mil millones -$145 mil millones en provincia y $20.000 millones en CABA- para mantener el precio del pasaje en $18, con la excusa de que, sin intervención estatal, el valor del boleto sería de $78.
Los acuerdos de UTA han sido recibidos con indignación por los choferes. Al deterioro salarial se le suman los aprietes y suspensiones arbitrarias, el incumplimiento de protocolos, de normas de convenio y legales, como el pago correcto de extras y adicionales; la falta de entrega en regla de las libreta de trabajo y el deterioro de los colectivos, que afectan la salud de los choferes y la seguridad de los pasajeros. Ni hablar de la falta de vacunación para un servicio esencial por excelencia.
El gobierno y las patronales pretenden cerrar los acuerdos salariales según una estimación de inflación del 29% para el 2021. El proyectado ya se perfila en un 50% anual. En suma, una pérdida del 12, 8 % en 2019, un 11,4% en el 2020 y posiblemente alrededor de un 20% este año.
En las paritarias, una vez más, la directiva de la UTA aboga para que aumenten los subsidios a la patronal, a sabiendas de que no mejoran el servicio o a las condiciones de trabajo. La burocracia es una lobbysta de las empresas.
Fue notable en todas las discusiones salariales el silencio de Bustinduy, “opositor” a Roberto Fernández. Se nota que el tema de aumento no es de interés de DOTA u otros que lo apadrinan desde sectores del propio gobierno.
Ha pasado ya el reflujo tras la traición a la gran huelga cordobesa del 2017. En muchos lugares del país se abre camino un movimiento de lucha, está en marcha un proceso de autoconvocatorias, debates y agrupamientos por línea que es preciso coordinar. Hay que recuperar para los trabajadores los cuerpos de delegados y el sindicato. Esto no ocurrirá separado de la lucha por nuestro salario, las condiciones de trabajo y la libertad de organizarse.
Por una iniciativa de la línea 60, compañeros delegados y activistas de numerosas líneas han lanzado una campaña de agitación por los $100.000 de básico, la vacunación y la equiparación salarial, que ha despertado entusiasmo. Apoyamos esta campaña, al tiempo que impulsamos la lucha por inmediatas elecciones de nuevos cuerpos de delegados. Cuando los trabajadores son obligados a exponerse a la pandemia, la prohibición por decreto de elegir representantes apunta a preservar a la burocracia y sostener la situación que se vive en las líneas.
