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Durante la tarde del martes 6 de abril, se reunirán en forma presencial los representantes de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) con la representación de la Cámara Empresaria (COPAL). El objetivo es dar cumplimiento a la segunda clausula de revisión de la paritaria 2020 del convenio principal de Alimentación, que había sido fijada para el mes de marzo. Según se hizo trascender a los medios, esta sería la última audiencia antes que la Federación convoque medidas de fuerza, en caso de no presentarse una oferta satisfactoria. La paritaria 2020 -que va de mayo 2020 hasta abril de 2021-, se cerró en noviembre pasado en un 32% en 6 cuotas. La Federación reclama un 10% adicional, por la clausula de revisión por inflación. El cierre de la paritaria de noviembre se había precipitado ante una ola huelguística llevada a cabo en las fábricas alimenticias del interior del país, por fuera de la convocatoria de la Federación.
El salario de un operario inicial del STIA, luego de cobrar la sexta cuota de la paritaria 2020 quedó fijado en $268,95 la hora, lo que equivale a $53.900 mensuales, muy alejado de la Canasta de Pobreza que, ya en febrero, se ubicaba arriba de los $60.000. Las categorías más altas rondan los 80 mil pesos de básico; efectuados los descuentos, queda al límite de la línea de pobreza. Podría decirse que los trabajadores de la alimentación engrosaron las estadísticas de pobreza del último año -19 millones de pobres-, si no fuera porque en esto ya tenemos antigüedad: la Copal y la Federación mantienen hace varios años al salario de los trabajadores por debajo de la pobreza.
Un reclamo salarial debería comenzar por reclamar -como han conquistado los aceiteros y se plantea en varios sindicatos como la UTA y los vitivinícolas- un salario mínimo equivalente al costo de la Canasta Familiar, hoy en 100 mil pesos, que es lo que un trabajador necesita para vivir. En el caso del STIA, eso significaría un reclamo del 85% de aumento salarial, lejísimo del 10% que reclama la Federación. Pero la política de la conducción del Sindicato no consiste en la defensa del salario, sino es un apoyo integral a los controles de precios del gobierno (llegando a mandar a sus militantes a recorrer supermercados). Si se tiene en cuenta que en los últimos tres años la inflación fue del 209%, la canasta básica de alimentos subió el 241% y el índice de salarios del INDEC de apenas subió un 143%, queda demostrado que los controles de precios no sirven más que para congelar los salarios.
Un reclamo y un debate
Al mismo tiempo que se discute el reclamo salarial, la CASIA (Confederación Argentina de Sindicatos de la Industria de la Alimentación) reclamó prioridad para los trabajadores de las industrias alimenticias en el reparto de las vacunas contra el Covid. La CASIA nuclea a los Pasteleros, Fideeros y otros sindicatos además del STIA. El pedido está fundamentado en la condición de esenciales de las industrias de la alimentación, que no pararon ni un día por la cuarentena. En medio de la llegada de la segunda ola y del retraso del plan vacunatorio, el reclamo de la vacunación de los trabajadores es muy sentido.
Sin embargo, el pedido de la CASIA al Gobierno empalma con un reclamo de la patronal por acceder primero a las vacunas para sus trabajadores, para garantizarse el ciclo productivo -que durante el 2020 tuvo paradas, licencias, etc-. La patronal reclama la libertad de los privados para acceder a la vacuna, es decir, una privatización de su abastecimiento y distribución, que la CASIA no denuncia. Un reclamo de clase debería ser la vacunación masiva de la clase obrera en su conjunto. Apoyamos el reclamo de los trabajadores de la alimentación de vacunas, como parte de un plan masivo de vacunación que debe ordenarse sobre prioridades sanitarias, no empresarias. Los sindicatos deben reclamar la liberación de las patentes de los laboratorios, para terminar con la escasez de vacunas y con el lucro privado con la crisis humanitaria.
Nuestro planteo
La paritaria dos veces revisada de los trabajadores de la alimentación demuestran a una dirección del sindicato que no está a la altura de la lucha planteada para los trabajadores. El reclamo del 10% de un salario de pobreza. Cómo el Gobierno que habilita la presencialidad de todo menos de la democracia sindical, ha vuelto a postergar las elecciones gremiales, la Federación que pilotea esta paritaria lo hace con mandatos vencidos en todo el país. La firma de una paritaria a espaldas de los trabajadores no debería tener ningún valor.
La lucha por las reivindicaciones de los trabajadores de la alimentación -salario igual a la Canasta Familiar y vacunación masiva- están indisolublemente ligadas a la lucha por la recuperación de los sindicatos a manos de los trabajadores. Es necesario reclamar el libre ejercicio de la democracia sindical en todas las fábricas y filiales del sindicato: derecho de asamblea para elegir paritarios, elecciones de delegados y de Comisiones directivas.
