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El viernes 31 de enero, con una importante convocatoria, la Campaña Nacional Somos Lucía llevó adelante un festival con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a la familia de Lucía Pérez a continuar el proceso judicial. Viajes y honorarios de los abogados, han sido y son costeados por una familia trabajadora sin ninguna asistencia por parte de un Estado cómplice y encubridor de asesinos y narcotraficantes.
El caso de Lucía Pérez ha conmocionado tanto a la ciudad de Mar del Plata como al país. Su crimen y todo el proceso judicial expresan, como pocos, la trama de responsabilidad del Estado en la violencia contra la mujer.
La sentencia dictada por el Tribunal N°1 de Mar del Plata que sólo contempló la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización para condenar a 8 años de prisión a Matías Farías y Juan Pablo Offidani y absolvió a Alejandro Maciel; todas las intrigas y encubrimientos que atravesaron el caso desde el primer día; dejan en claro – tal como lo manifestaron los padres de Lucía- la complicidad del aparato judicial y policial y los vínculos entre éstos y el poder político y empresarial.
Más allá de la gran cantidad de artistas que pasaron por el escenario del festival apoyando la causa, Marta Montero y Gustavo Pérez (padres de Lucía) dejaron muy en claro, la responsabilidad del Estado en los casos de femicidio, como cómplice a través del aparato policial de liberar zonas para la libre comercialización de drogas en las escuelas barriales, y en el encubrimiento de los responsables por lazos políticos que podrían dejar en evidencia a varios funcionarios municipales.
El festival que recogió la solidaridad de marplatenses y turistas, contó con la presencia de otras familias víctimas de femicidios, como el padre de Natalia Melmann (cuya muerte se conmemora el martes 4 de febrero en Miramar) quien continúa en la lucha para que prosiga la investigación del caso.
Continuidad de la lucha
Las mujeres marplatenses nos enfrentamos a una nueva gestión, que esta semana ha aprobado un presupuesto de miseria para el área de Políticas de Género del municipio y que, en concreto, implica la no asistencia para las víctimas de violencia de la ciudad. El plan económico del gobierno y el ajuste que conlleva, nos dejan a las mujeres libradas a las relaciones intrafamiliares violentas.
La lucha contra los femicidios desplegada por el enorme movimiento de mujeres debe integrarse a un programa que contenga y desarrolle a fondo todas las reivindicaciones. Frente a un cuadro convulsivo, donde en el primer mes del 2020 hay un femicidio cada 26 hs. las mujeres debemos tomar las calles de manera independiente del Estado y las patronales, para darle continuidad a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El próximo 8M el movimiento de mujeres debe denunciar la responsabilidad del Estado para dejar de manifiesto un sistema que, además de encubrir a los ejecutores de la violencia sistemática hacia las mujeres, es el que nos somete a una situación de explotación, precarización y pobreza, siendo las que más sufrimos el curso de la crisis que atravesamos, y por eso, debe dar una lucha por salario igual a la canasta familiar, 82% móvil, guarderías paterno-maternales y aborto legal, seguro y gratuito.
Continuemos la lucha contra un régimen opresivo que va en decadencia y que debemos superar en una lucha por todas nuestras reivindicaciones, que solo tendrán lugar en una lucha socialista de las mujeres en unidad con toda la clase trabajadora.
Justicia por Lucía Pérez, Natalia Melmann y todas las víctimas de femicidio. El Estado es responsable.
