Represión en Andalgalá: el Frente de Todos, agente de las mineras

Escriben Bruno Corzo y Matias Richterová Ovejero

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El sábado 10, se concretó una masiva marcha de vecinos convocada por la organización el Algarrobo en repudio al inicio de operaciones para poner en funcionamiento el megaproyecto minero MARA (Agua Rica-Alumbrera), 4 veces mas grande que el de Bajo la Alumbrera. En un momento, un sector minoritario se desprendió de la caminata y se produjeron una serie de incidentes (quema de las instalaciones de Agua Rica y de la sede del PJ).

La organización el Algarrobo, se deslindó en forma inmediata de todos esos hechos y destacó que desde 2010, cuando se produjo el Andalgalazo, viene realizando 584 marchas, todas ellas pacíficas.

Desde hace semanas, la localidad ha sido militarizada con fuerzas policiales y de la gendarmería. Han impuesto un toque de queda desde las 20 hs, que justifican por el crecimiento del Covid. Con ese marco de despliegue cotidiano, intimidando a la población, fue llamativo que el día de la marcha desapareciera toda guardia de las instalaciones que fueron afectadas en los incidentes. Se creó un escenario liberado, para permitir acciones de vandalismo que justificaran luego las acciones represivas que a partir de este lunes se han desatado sobre dirigentes y luchadores, integrantes en su mayoría de la organización del Algarrobo.

El lunes 12, por orden de la fiscal subrogante Soledad Rodríguez, quien en el pasado trabajó como abogada de las empresas mineras y de la Camyen, la empresa minera estatal, se procedió a allanar y detener a 7 compañeros y compañeras. Los allanamientos y las detenciones fueron realizados violentamente, con destrozos en el interior de las viviendas. Algunos de los detenidos fueron golpeados. Según trascendió hay una lista de otros 20 vecinos que serían detenidos. Se los acusa de ser los autores de los hechos de vandalismo. Trascendió, que bajo la justificación del aumento de los contagios, los detenidos podrían ser trasladados al penal de Miraflores, cercano a la capital catamarqueña, alejándolos del contacto con los familiares y vecinos. Esa misma tarde, se produjo una movilización frente a la Comisaría rodeada por tropas especiales y bajo la vigilancia de drones. A pesar de todo ese escenario intimidatorio, se hicieron oír denuncias contra la policía y las mineras y los reclamos de libertad a los detenidos.

Con este escenario, crecieron las versiones sobre una posible intervención a la intendencia de Andalgalá, en manos de Cambiemos a través de un dirigente de la UCR. En ese marco, se produjo la renuncia del secretario de seguridad del municipio, quien reconoció que había participado de la marcha del sábado 10 acompañando a los vecinos pero se deslindó de los incidentes. El radicalismo local, incluso con el apoyo del MST (hoy integrante del FIT-U) viene adoptando una postura demagógica antiminera, que les ha servido para ganar la intendencia en las últimas tres elecciones.

Reforzando la ofensiva represiva, llegó a la localidad una comitiva de ministros del gobierno con mas refuerzos represivos para dirigir los procedimientos contra los manifestantes. Por su parte, el gobernador Jalil suspendió su agenda de actividades en aquella región de la provincia, prevista para esta semana.

La Unión Industrial, diversas cámaras y sectores asociados a la actividad minera se pronunciaron contra las movilizaciones y reclamaron seguridad para sus operaciones.

Raúl Jalil descartó públicamente la intención de una intervención sobre el municipio y llamó a una acción conjunta con la oposición.

Moviendo los hilos de esta escalada represiva están la Yamaha Gold, Glencore y Newmont corp., o sea las grandes mineras que pretende imponer un estado policial en la zona para poder tener las manos libres y poder avanzar en su megaemprendimiento de saqueo de los recursos naturales, contaminación de los ríos y destrucción del medio ambiente de la región.

En contraposición, los acontecimientos ya han trascendido provincial y nacionalmente. Se multiplican los pronunciamientos de solidaridad de organizaciones políticas, de mujeres y asambleas ambientales.

Están previstas marchas en la capital catamarqueña y otras acciones en pueblos del interior. Mientras el gobierno ha puesto todos los recursos del Estado a disposición de la minera, la provincia se ve desbordada de contagios. Ya se ha producido la muerte de un docente de Andalgalá y las terapias están colapsadas, lo que ha llevado a suspender la presencialidad educativa en seis departamentos (Andalgalá, Capayán, Santa María, Pomán, Valle Viejo y Antofagasta de las Sierras). Sería inminente la extensión de la suspensión a nivel provincial.

Es clave convocar a un plenario d organizaciones comprometidas con los justos reclamos de los pobladores de Andalgalá, para multiplicar las acciones, incluyendo un llamado a acciones coordinadas nacionalmente dirigidas a liberar a los presos, a reclamar el retiro de las fuerzas represivas y apoyo en defensa del agua, de los recursos naturales y el medio ambiente de la región.

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