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El rechazo a la reprogramación del bono bonaerense BP21, por parte de fondos y acreedores, no fue el único fracaso que cosecharon ayer los Fernández. Horas más tarde tampoco prosperó el canje del ‘bono dual’, que se puede comprar con pesos, mientras ajusta por dólar. Se trata de un título de u$s1.860 millones, que vence entero el 13 de febrero próximo. La propuesta fue aceptada solamente por los tenedores de u$s160 millones de esos bonos, menos del 10% en juego.
La dupla AF-Guzmán deberá decidir ahora si impone un canje compulsivo a los acreedores o si emulan la ‘actitud responsable’ de Kicillof, y ponen todos los pesos del caso (Kicillof en dólares), unos 120 mil millones. Si se gatilla el pago, los pesos podrían desmadrarse hacia los mercados de cambios paralelos y tirar la cotización del peso por el suelo. Otro riesgo que presenta esta disposición a pagar todo lo que vence, es que en abril que viene Argentina enfrenta vencimientos por u$s7 mil millones, que no tiene como saldar de ninguna manera. Ante este escenario, Héctor Torres, un ex director del FMI, en representación de Argentina, asegura que “Argentina se encuentra al borde de un nuevo default”, que podría ocurrir durante las negociaciones (Financial Times, 5/2).
Los Fernández han sido víctimas de sus propios planteos: pagar todo lo que venza hasta el inicio de las negociaciones. Los casos del bono bonaerense y del ‘dual’ ha demostrado que eso es inviable. Nadie cree que, para abril, cuando venza esa tonelada de dólares, la cuestión de la deuda se encuentre en vías de arreglo.
La llamada sostenibilidad de la deuda pública de Argentina no la puede asegurar nadie, porque depende, antes que nada, de la evolución de la crisis capitalista internacional y de la volatilidad de los mercados financieros. No se debe confundir economía con la contabilidad, en un régimen organizado en torno a la anarquía del mercado, la primera se adelanta a la segunda. Quienes han estudiado el tema sostienen, de todos modos, que una reestructuración debería contemplar como mínimo un período de gracia de cuatro años, acompañado de una quita de capital del 40% y una quita de la tasa de interés del 50 por ciento.
La oferta del gobierno, que reporta el economista K Julián Guarino (Ámbito Financiero), no le llega a las rodillas de aquella propuesta: plantea dilación de pagos de capital por cuatro años, pero sin quita, y un descuento de la tasa de interés, de un 20 por ciento. Algo parecido informa su colega de redacción, Mario Falak. En estos términos, Argentina volvería a una situación de default en poco más de dos años, o sea que ya entraría en tiempo de descuento. Este mercadeo, por otro lado, no contempla ningún plan de pagos para la deuda pública en poder de Anses, Banco Central y Banco Nación. La deuda pública en estos organismos es un pagadiós que perjudica a los jubilados, más allá de la derogación de la movilidad previsional, y lleva a un mayor vaciamiento de Anses y el Banco Central. O sea que destruye la capacidad de crédito bancario y la financiación bancaria en general. El stock de Leliq, un endeudamiento del Banco Central con los bancos, ha vuelto a crecer, bajo el gobierno de los Fernández, a un monto en torno a los $1.5 billones, nada menos que la base monetaria
El fracaso del canje del ‘bono dual’, enseguida después del furcio de Kicillof, completa el cuadro de crisis política que ha dejado el plan de reestructuración de los Fernández. La hoja de ruta del gobierno – pagar mientras se negocia – se ha mostrado inviable. Ha dejado al desnudo la falta de sustancia del viaje de AF por Europa.
La inminencia de un default ha devuelto, para algunos comentaristas, la mano al FMI. El argumento es que solamente el Fondo podría imponer una quita mayor a los acreedores privados, aunque más no sea para asegurarse que Argentina le pague la deuda de u$s45 mil millones que empieza a vencer el año que viene. El peligro del default se ha convertido en una extorsión para acordar un programa de ajuste con el Fondo, sin ninguna garantía de que redunde en mayores quitas en beneficio de Argentina. Los fondos mismos reclaman que el FMI audite las cuentas públicas para llegar a un arreglo. Como se ve, Argentina se ha convertido en epicentro de una crisis internacional. El Financial Times recuerda, esta semana, que Trump quiere mostrar que tiene alineada con él a América Latina para que incida a su favor en la campaña electoral norteamericana.
En los medios, algunos voceros y voceras oficiales del FIT-U han declarado que se “oponen” a un default. Esta afirmación raya con el repudio a un no pago de la deuda. Una declaración de default de un gobierno capitalista, como el caso de los Fernández, no sería más que una forma extrema de abrir una renegociación de plazos y quitas, en situaciones límites. Para un gobierno de trabajadores, por el contrario, sería un instrumento para proceder a una planificación socialista de la economía, por medio de una concentración de los medios de finanzas y producción en manos del estado. Ningún obrero habría repudiado a Kicillof si éste no hubiera dado un mango a Fidelity.
El tema del default está en el corazón de la crisis política presente. Ayuda a la claridad política denunciar la capitulación ante los fondos internacionales, por parte de los Fernández - Fidelity en la Provincia y el macrista Templeton en el caso del ‘dual’. Esta capitulación debe servir para desarrollar una conciencia mayor acerca del peligro creciente en que se encuentran jubilaciones, salarios, paritarias, salud, vivienda y educación, y la necesidad de una lucha decisiva.
