Escribe Bruno Corzo
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El gobernador Jalil, luego de lo dispuesto por Alberto Fernández, delegando en los gobernadores la decisión de establecer los términos de la modalidad de la actividad escolar, resolvió el retorno a las clases presenciales a pesar de que la situación epidemiológica en la provincia se la define como “fase roja”.
A mediados de abril, el cuadro de la pandemia mostraba un sistema sanitario virtualmente saturado, un nivel propagación altísima y el fallecimiento de cuatro trabajadores de la educación por covid19. Eso fue obligando a suspender primero la presencialidad en algunos departamentos del interior (Andalgalá, Belén, Santa María, Capayán, Valle Viejo y Antofagasta de la Sierra), y luego a hacerlo extensivo a todo el territorio provincial.
Frente a esta situación se ha creado un clima de deliberación que recorre todos los niveles y modalidades educativas de la provincia.
Como expresión de ello, se ha formado un agrupamiento autoconvocado bajo el lema “ni un docente menos en pandemia”, que reclama suspender la presencialidad en tanto persista la situación epidemiológica y asegurar la continuidad educativa a distancia con infraestructura, soportes y conectividad, a cargo del Estado.
También se reactivaron la autoconvocatorias de docentes desempleados que reclaman por la inclusión en el sistema educativo, mediante la apertura de asambleas y concursos para el ingreso bajo los términos de los derechos inscriptos en el Estatuto del Docente.
Por otra parte, se reactivaron la movilización de los autoconvocados de la educación superior, a quienes les redujeron el tope horario cercenándoles doce horas cátedras.
Todas estas medidas dan cuenta que el gobierno persiste en su política dirigida a imponer una reformar reaccionaria del Estatuto del Docente que intentó concretarlo el año pasado, pero que el desarrollo de un proceso de lucha provincial se lo impidió.
Frente a esta situación, la Intersindical, que reúne a cinco gremios docentes, se vio obligada a pronunciarse llamando a un paro para el próximo viernes 7 y otro de 48 horas para la semana siguiente. Sus acciones, sin embargo, hacen eje en las medidas de ajuste pero en ningún momento se pronuncia sobre la necesidad de suspender la presencialidad.
La docencia está siendo atacada por el gobierno que pretende desmantelar y liquidar los derechos laborales y, también, por el avance de la pandemia, que ha desbordado por su naturaleza todos los protocolos que se han pretendido mostrar como ´infalibles´.
Está planteado extender el proceso de las autoconvocatorias y la coordinación de las luchas mediante un programa que unifique los reclamos por la suspensión de la presencialidad con la defensa de todos los derechos y conquistas laborales.