El castillo de naipes de la política criolla y los trabajadores

Escribe Jorge Altamira

Tiempo de lectura: 7 minutos

La política argentina pega volantazos todos los días, el asunto es encontrarle el hilo conductor. El fallo de la Corte a favor de JxC, en la cuestión de las escuelas, dio paso enseguida a una escaramuza en el gabinete nacional, acerca de cuánto tienen que aumentar las tarifas. Durante algunos días, si bien no se llegó a los tres gobernadores de 1820, ni a los cuatro presidentes de 2001, Argentina tuvo dos ministros de Economía – uno Guzmán, el otro un vocero de Kicillof, el subsecretario de Energía, Basualdo. El conflicto no se arregló pero fue encubierto con una foto de los Fernández en la ciudad de Ensenada. En forma paralela, la muerte de un secretario, en Salud, y un ministro, en Transporte, desató toda clase de peleas por los reemplazantes. Se pusieron en disputa las cajas de las Obras Sociales, en un caso, y los subsidios a los colectivos, los peajes, la Hidrovía y hasta el canal a Martín García. En casi todos los casos, los conflictos se sellaron con ´una prórroga’. El martes, el envío del proyecto de ley de restricciones sanitarias, desató una batahola con varias oposiciones y gobernadores, e incluso adentro del oficialismo. El proyecto copia el sistema de “semáforo rojo” inaugurado por la alemana Merkel, que conjuga los confinamientos con las aperturas, en un país más federal que Argentina y sin jurisdicciones contiguas como el AMBA. Plagia también el sistema de “alarmas” establecido en España por Pedro Sánchez. Las diferencias, sin embargo, no son menores, porque las restricciones empiezan en Alemania con 165 contagios cada cien mil habitantes, mientras que en este lado del Plata arranca con quinientos. Conclusión: la tentativa de ´despolitizar´ la pandemia ha desatado, como cabía esperar, una crisis política.

Tarifas

El aumento de las tarifas de los servicios ha sido presentado como una pieza fundamental de la crisis, pero no es exactamente así. Entre el aumento de la electricidad que propone Guzmán, un 15%, y el que acepta Kicillof, un 8%, la diferencia es irrelevante. Detrás de esto hay un cuestionamiento a las negociaciones con el FMI; el acuerdo con el Fondo es la piedra angular del FdT y de todas sus fracciones. Esto es así desde las Paso de 2019. El kirchnerismo reclama una baja de los intereses de la deuda con el FMI, una extensión del plazo de pago de diez a veinte años y el derecho a usar una nueva línea de crédito internacional (los DGE), para financiar gasto interno, en tanto Guzmán los reserva para el Banco Central. Guzmán retruca que el plazo de pago se puede alargar con una nueva refinanciación de la deuda al final del vencimiento. De un lado y de otro se apuesta a la política de la “deuda eterna”, como quería Caputo bajo el macrismo. Es lo que aboga Georgieva, la directora del FMI, para quien lo único que importa es pagar los intereses, que se encuentran en un piso mínimo desde hace casi quince años. En suma, se trata de una pelea con balas de fogueo, que ignora las cuestiones principales de la crisis.

Lo fundamental es el incremento implacable de la pobreza, el colapso de las ayudas sociales y el derrumbe de los salarios y las jubilaciones. El pago de la deuda pública, externa e interna, tiene atrapado el mayor ingreso que trae consigo el aumento exponencial de los precios de la agro-exportación. El acuerdo con el FMI apunta a la promoción del financiamiento internacional de la economía argentina. Esto requiere una política de ajuste fiscal en medio de una crisis social potenciada por una crisis humanitaria. El acuerdo con el FMI, por parte del gobierno de Colombia, vino acompañado de una reforma impositiva que detonó la mayor rebelión popular en ese país. Aun sin el FMI, o mismo ocurre en Chile, donde sucesivas rebeliones impusieron el derecho de los trabajadores a retirar los aportes de las AFP y a forzar a un cambio inevitable de la privatización de las pensiones. De conjunto, América Latina asiste a una explosión potencialmente revolucionaria. En varios países, el centroizquierda plantea el establecimiento de una renta mínima universal para la población sin trabajo o con ingresos inferiores a la canasta de pobreza. Este escenario es la base de la crisis de gobierno.

La política corriente del gobierno es una variante del lecho de Procusto – cortar las extremidades del cadáver para poderlo meter en el ataúd. Guzmán ha aplicado un ajuste brutal, que ha llevado el déficit fiscal primario del 5 al 0,8% del PBI, para que funcione como garantía de lo que él llama un “mercado de capitales local”, que no es otra cosa que la puerta giratoria de una deuda pública de corto plazo a tasas de interés elevadas. En otro aspecto, ha llevado la deuda del Banco Central con los bancos a casi cuatro billones de pesos (Leliq y pases), que carcome el crédito interno. La asistencia social por pandemia ha desaparecido y los ingresos de la fuerza de trabajo han caído en picada. Todo esto para hacer entrar a Argentina en el molde del Fondo Monetario.

La gran burguesía urge el acuerdo con el Fondo, para reciclar su deuda externa y proceder a un mayor endeudamiento. La mayor parte de los gobernadores del FdT apoya esta política. Por más que se repita que “los votos los tiene Cristina”, el cristinismo se encuentra aislado. La reacción del capital financiero y las patronales nativas a una salida de Guzmán va a ser el derrumbe del “mercado local de capitales” y el fin del financiamiento al Banco Central por parte de los bancos. Kicillof ha postergado por decimosexta vez consecutiva un refinanciamiento de la deuda pública externa de la Provincia por siete mil millones de dólares, pero los tiempos se acaban. El resto de las deudas provinciales fue re-financiado sin quita de capital y a tasas de interés superiores a las pactadas por la deuda externa nacional.

Dentro de esta crisis, los ´adversarios´ tienen una coincidencia que no es despreciable: un colapso del gobierno desataría una rebelión popular, y una rebelión popular en contra del ´ajuste´ colapsaría al gobierno. Sigue vigente, entonces, “la avenida del medio”, cada vez menos “ancha”. Es también la política de Washington.

La Corte y la ley "semáforo"

El fallo “tramposo” de la Corte acerca del cierre de escuelas debe interpretarse en el contexto descripto. La recomendación de los infectólogos frente al nuevo pico de contagios, es declarada ´inconstitucional´, para favorecer la circulación de bienes y personas que requiere la economía capitalista (el Covid y la especulación capitalista con las vacunas). Los cortesanos, JxC, la UIA, el clero y las patronales de la educación privada explotan la desatención completa del gobierno de los Fernández hacia las necesidades de los trabajadores, para llamar a una “nueva normalidad”. La indefensión social frente a la pandemia deja a los individuos librados a las imposiciones del mercado. La incapacidad ´nacional y popular´ brinda a la derecha la oportunidad de cosechar votos, como ha ocurrido recientemente en Madrid, aunque los casos son puntuales. En Chile, Colombia, Perú, Bolivia, e incluso Estados Unidos, ha desatado rebeliones populares y forzado a los gobiernos a diversas concesiones. El frente patronal favorable a la presencialidad en pandemia y sin vacunas, acaricia la posibilidad de una revancha en las urnas en noviembre próximo.

El fallo “tramposo” ha sido un golpe a “la línea de flotación” del oficialismo y abierto nuevas fisuras en sus filas. Los Fernández pretenden remediar su retroceso con una ley ´semáforo´ que delega facultades al Ejecutivo. El gobierno pasa de la autoridad ejecutiva a la dependencia parlamentaria. Esto si el proyecto de ley se aprueba – si no lo consigue enfrentará una crisis interna.

La dicotomía ´derechos constitucionales´ versus ´despotismo ejecutivo´ es, en estas condiciones concretas, una opción distorsionada. Desde el punto de vista de la democracia formal, lo que se ha visto es el despotismo del Poder Judicial, una entidad arbitraria y vitalicia (que votó el 2x1 a los genocidas, con los mismos fundamentos constitucionales con que lo hizo a favor de la presencialidad escolar). Los intereses de los trabajadores no se ven representados en ninguna de las dos posiciones.

Movilización de los trabajadores

Los cortes de ruta de los trabajadores de Salud, en Neuquén, han dado expresión definitiva a la tendencia de lucha contra la gestión capitalista de la pandemia. Se desarrolla un movimiento de autoconvocatorias y coordinadoras, que va de los docentes a los choferes, y a numerosas rebeliones fabriles y regionales – como la lucha anti-minería contaminante en Chubut, Catamarca y Jujuy. La burocracia sindical es muy consciente de la tendencia internacional a las rebeliones populares.

La cuestión de la tarjeta alimentaria ha dado lugar a una intensa polémica – por razones buenas y malas. Los “vaticanos” del oficialismo le oponen las “unidades de ejecución”, a las que presentan como una conquista del derecho al trabajo. Se trata de un trabajo precarizado en lo salarial y en lo laboral. El gobierno, por su lado, procura desarmar las organizaciones sociales en los barrios, cortando la asistencia a los comedores, o reservándola para quienes comulgan con el oficialismo. El ministro de Desarrollo Social, del riñón de Massa, el jefe de “la avenida del medio”, ha rechazado reponer el Ingreso Familiar de Emergencia, para acompañar el ajuste de Guzmán. Algunas voces se levantan a favor de “la renta básica universal”, cuyo monto siempre es una miseria.

En este contexto de conjunto, de crisis social creciente; una crisis política determinada por una crisis humanitaria y por el fracaso de las salidas a una serie de bancarrotas, es necesario dar un carácter general a las luchas presentes, cuyos ejes son: el incremento de la asistencia social de emergencia; un aumento general de salarios y jubilaciones, en función de una canasta familiar de 120 mil pesos; "la interrupción de la presencialidad escolar y de los trabajos no esenciales -aun de aquellos a los que se les ha otorgado una esencialidad trucha- y un programa de conjunto, o sea para la pequeña burguesía afectada por la crisis social humanitaria, mediante el cese del pago de la deuda pública y la aplicación de la recaudación fiscal a la atención social de la pandemia.

Es sobre la base de este planteo político y el reagrupamiento de fuerzas que provocará una lucha por las reivindicaciones más apremiantes, que podrá asentarse una base capaz de desarrollar una lucha política contra los partidos patronales en las elecciones próximas. Para intervenir en ellas no sirve el planteo discursivo sino intervenir como la expresión política consecuente de las luchas crecientes.

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