La desocupación y la precarización laboral hacen estallar al hospital público

Escribe Silvia Carranza

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La necesidad de los desocupados y asalariados informales de atenderse en el sector público, se incrementó en los últimos años, debido a que la pérdida de relación de dependencia conlleva a la privación de la Obra Social. Entre 2017 y 2020 el empleo registrado cayó en 433.000 personas y los que pudieron conseguir empleo lo hicieron “sin aportes a la Seguridad Social” (Clarín, 12/5).

El porcentaje de personas que se atiende en el hospital público en todo el país difiere según las provincias. Mientras que la población que se encuentra en esta situación muestra valores menores al 30% en Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz o CABA; en Chaco, Formosa y Santiago del Estero este porcentaje supera el 50%. En relación al 2017, la cobertura de las mujeres pasó del 71,2% al 66,3%, y la de los hombres del 67,6% al 61,6%, mostrando una mayor precarización laboral de las mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar y con niños a cargo. El déficit de familias en alimentación y salud pasó del 19% al 26,6%, y los niños que se atienden en el sector público llegan al 60%, el mismo índice de pobreza infantil (ídem).

La relación que mide la cantidad de establecimientos públicos por habitante alcanza el nivel más bajo en la Provincia de Buenos Aires, cuya relación es de 4,6 establecimientos por cada 10.000. Durante la pandemia el sistema público fue recargado, ocasionando lo que se define como “exceso de muertes” no directamente ligada al Covi-19, sino indirectamente a la falta de atención adecuada y de camas para realizar operaciones y posoperatorios. Todo mientras se subsidiaba al servicio de salud privado y se le permitían aumentos o recortar prestaciones.

Mientras tanto, el desempleo y la informalidad laboral (subempleo y desocupados que realizan changas), que crecieron en el año pandémico, empujaron hacia una mayor demanda de atención en el hospital público.

De un 69,5% de población con cobertura de salud en el año 2017, descendió al 64% en el 2020; El sistema público pasó de cubrir del 30%, en el 2017 al 35,9% (según el INDEC). Es necesario centralizar el sistema de salud, repartir las horas de trabajo de los trabajadores esenciales –con ingresos que cubran la canasta básica– para evitar más contagios, reducir el horario de los trabajadores de la salud sin reducción salarial, suspender la presencialidad escolar y de los trabajadores no esenciales en pandemia, y nacionalizar los monopolios farmacéuticos.

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