La inflación no es un dato, es el núcleo de la crisis política

El anuncio de que el costo de vida aumentó un 4,1% en abril pasado, debe ser objeto de un debate en el movimiento obrero. Lleva la tasa de ‘inflación’ interanual al 46,3 por ciento y la del primer cuatrimestre de este año al 18,3 por ciento. Las consecuencias de este crecimiento vertiginoso de la carestía, nada menos que en medio de una pandemia y un pico de contagios y de fallecimientos, no podrían ser más graves para la masa del pueblo. La crisis sanitaria ha desmejorado en forma sensible la posibilidad de encontrar trabajo, sea ‘formal’ o ‘informal’. A ello se suma el corte de la asistencia social que implica la cancelación del Ingreso Familiar de Emergencia, que hoy debería alcanzar a mucho más de las nueve millones de personas del año pasado, y representar un monto muy superior.

El aumento de la inflación resulta ‘exponencial’ (como se acostumbra a decir últimamente), porque ocurre cuando diversos precios han sido “pisados”: el precio del dólar, los salarios y jubilaciones (precio de la fuerza de trabajo) y varias tarifas de servicios, en distintas proporciones. Si se separa estos rubros del índice general, el incremento de la carestía es mucho mayor – en alimentos, indumentarias, ¡alquileres!, servicios de comunicaciones, ¡medicamentos!, incluso atención médica. La previsión del ‘zarevich’ de la economía, Martín Guzmán, para 2021, un aumento de la ‘inflación’ del 29%, debiera obligarlo a volver a las aulas, si no fuera que allí ha sido, precisamente, donde aprendió estos dislates.

Las razones de la inflación que acostumbran a esgrimir los llamados ‘neoliberales’, no aplican. El déficit fiscal (‘primario’) se redujo, en el primer trimestre, en un 50% respecto a 2020, en tanto que “la emisión monetaria pasó de un ritmo del 67% en octubre pasado a 16% en abril” (Clarín, 14/5). El pago de la deuda externa y los intereses reducen el circulante en pesos, de modo que es deflacionario, no lo contrario. El impacto de este ajuste fiscal y monetario ha recaído sobre los trabajadores. Las patronales, en cambio, se han beneficiado, porque el gobierno les ofreció nuevos títulos de deuda pública a corto plazo con rendimientos superiores a la inflación de precios. A los bancos les ha aumentado el negocio de las Leliqs y los pases - una deuda del Banco Central que ya supera los tres billones de pesos, que restringe el financiamiento de la actividad económica más que las vedas nocturnas de los Fernández y los Macri.

Desde el punto de vista político, el fracaso de la promesa de contener la inflación constituye un severo golpe político para los Fernández. En primer lugar porque es sobre la premisa de reducir la tasa de inflación que se montó el congelamiento de las paritarias al máximo del 30% que está inscripto en el Presupuesto de 2021. Lo mismo vale para las jubilaciones y la asistencia social. El ministro Arroyo se saca de encima la responsabilidad de aumentar los subsidios a las familias sin trabajo y a las que se encuentran debajo de la línea de pobreza e incluso indigencia, y ni qué decir de reponer el IFE, con el argumento de que el problema reside “en la inflación”. Los economistas como Kicillof, que repiten como robots que es necesario “cebar el consumo interno”, se enfrentan a una caída tendencial, o sea sistemática, del consumo personal. Esto representa una ruina para el pequeño comercio, que encima se encuentra afuera de los acuerdos del gobierno con las grandes cadenas y supermercados.

A pesar de lo mucho que se escribe sobre el tema, no se ve nada que señale que este nivel de inflación se levanta como un obstáculo para el ‘ansiado’ acuerdo con el FMI. Guzmán ha venido cumpliendo con los deberes de un alumno aplicado, al consumar el ajuste fiscal (precario) y la deflación monetaria (ficticia, por el cúmulo de aumentos de la deuda pública y semipública). Pero la inflación sube y seguirá en niveles elevados aunque retroceda por centésimas. A una inflación alta, un ajuste más violento – en especial cuando se trata de un acuerdo de diez años, que algunos pretenden que sean veinte. La tasa de inflación de abril constituye un golpe político a la posibilidad de un acuerdo con el FMI que no desate la rebelión que tiene lugar en Colombia (¡donde la tasa inflacionaria es mucho menor!). Como ocurrió con Macri, en 2015/6, se planteará una devaluación del peso, acompañada de una suba de la tasa de interés, lo que crearía un nuevo ciclo de endeudamiento a corto plazo. El 4.8% de marzo y el reciente 4.1% de abril son suficientes para pedir un hisopado al conjunto del régimen político presente.

No es este el espacio para considerar el planteo insistente de que “el mundo resolvió el tema inflación, menos Argentina”. Pero sí para decir que el largo período de deflación de las últimas tres décadas, ha redundado en la caída del nivel de vida de los trabajadores de los países desarrollados – mucho desempleo y caída en la participación en el Ingreso Nacional. Ahora, el círculo de los economistas advierte que la emisión feroz ocurrida desde la crisis internacional de 2007/8 y el descontrol de subsidios al capital financiero en la pandemia, tendrá como resultado una depreciación del dólar y un alza de precios generalizada. O sea: quienes alientan el remedio deflacionario con la expectativa de que al final del ajuste las cosas se pondrán mejor para los trabajadores, van contra las evidencias. En Perú, el premio Nobel en materia de precios en América Latina, la miseria es feroz, pero la riqueza minera descomunal.

Desde la quiebra de una ‘convertibilidad’ insostenible, ningún gobierno patronal ha sido capaz de “domar” la inflación. Ahora se repite el ciclo inflacionario 2001/3, precedido por una fuerte devaluación del peso. Los precios suben para acomodarse a los que rigen a nivel internacional, en especial cuando hay que pagar deudas externas enormes, que están nominadas en dólares. En los países latinoamericanos que no tienen la inflación de Argentina, el nivel de precios interno se asemeja al internacional, luego de pasar por el purgatorio del ajuste. En todos ellos la miseria social ha crecido. De nuevo, ahí están Colombia y Chile para probarlo, y Ecuador, cuya moneda es el dólar mismo.

Conclusión. No existe otra vía para revertir la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que la lucha por el aumento de los salarios, las jubilaciones y las subvenciones sociales. El derrumbe de la participación de “los ingresos del trabajo” en el Ingreso Nacional demuestran que hay un enorme espacio para reconquistar los salarios, etc., a costa de las ganancias de las patronales, en especial de las grandes, naturalmente. No es el aparato del Estado el que va a resolver la miseria social; sólo lo puede hacer la lucha de clase de los trabajadores. Es claro para cualquiera que incluso la recuperación de lo perdido lleva a una confrontación política. Esta perspectiva debe ser encarada en forma consciente, mediante la agitación y la organización.

La alternativa a la confrontación política no existe – si no se la encara, las luchas no se cancelarán sino que sufrirán del aislamiento y enfrentarán el peligro del desgaste. Estas luchas, precisamente, están creciendo. El estado de las patronales asegura siempre que no tiene posibilidades de hacer concesiones hasta que la lucha lo obliga a hacerlas. Este es un aspecto de la cuestión. El otro es que, como ocurre con la pandemia (y en medio de la crisis humanitaria que ha desencadenado el capitalismo frente a ella), lo que se juega es la vida de los trabajadores – la salud, la vivienda, la educación, el porvenir.

Si el Estado y la clase capitalista no son capaces de sustentar las aspiraciones mínimas de un pueblo, necesitamos organizarnos para apartarlo de la ruta de la historia, y conquistar un gobierno de trabajadores.