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El 11 de mayo, el New York Times sorprendió con un titular: “Estas tres feministas están cambiando a la Argentina desde adentro”. Las artífices: Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujer, Género y Diversidad; Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica que redactó el proyecto de ley sobre el aborto; y Mercedes D'Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género, y autora de "Economía feminista", un best seller que, entre otras cuestiones, explica cómo las “gerentas” ayudan a aumentar la productividad laboral.
Los cambios que “están reestructurando a la sociedad”, según el diario neoyorquino son: “Pagar a las mujeres por el trabajo no remunerado en casa. Entrega de alimentos a personas transgénero. Construcción de guarderías”. Fácil, reestructurar la sociedad.
El NYT celebra que los refugios para víctimas de violencia de género hayan sido catalogados como esenciales durante la cuarentena y la política del “barbijo rojo” para denunciar violencia de género en las farmacias. Pero el Estado no dio ninguna alternativa a las más de 10.000 llamadas telefónicas mensuales que recibió de mujeres aterradas. En el primer trimestre de este año ni el barbijo rojo ni los refugios evitaron que hubiera por lo menos 70 femicidios. En muchos casos, las denuncias previas fueron objeto de burla o de la indiferencia en la Justicia y en la Policía. Un joven trans, Tehuel, está desaparecido hace dos meses sin que el Estado dé cuenta de qué fue de él.
El fracaso de la política “feminista” contra la violencia ha sido reconocido por la propia ministra, incluso en la entrevista del NYT, cuando se limitó a teorizar sobre las “condiciones” que la producen sin alentar mayores esperanzas: “Los cambios necesarios son enormes y de naturaleza estructural, por lo que no se pueden resolver en un par de años o con una sola administración”.
Otro aspecto que admira al NYT es “la entrega de alimentos de emergencia a la población trans y los pagos en efectivo (IFE) a los desempleados, trabajadores informales y las empleadas domésticas, la mayoría de los cuales son mujeres”. El mundo feliz del NYT olvida mencionar que el IFE, que está suspendido, consistió en un subsidio de misérrimos 10.000 pesos, que cobró exclusivamente una persona por familia en abril, junio y agosto del año pasado. En los últimos meses del 2020, aunque se aceleró la inflación, el gobierno lo “discontinuó” para ponerse en línea con las exigencias del FMI. La IFE no disminuyó una pobreza que en los últimos tres años pasó de abarcar 11,3 a 19 millones de personas (25,5% a 42%). Los “cuidados” gubernamentales que enorgullecen a las funcionarias feministas han hundido al 62,9 por ciento -7 millones de chicos y chicas- bajo la línea de la pobreza.
El contexto social del gobierno que derrotó al patriarcado -Alberto Fernández dixit- es arrasador. En 2020 se perdieron más de un millón de puestos de trabajo. De éstos, 633.000 fueron informales, la mayoría mujeres. Pero la precarización del empleo femenino no empezó con la pandemia: solo una de cada 10 trabajadoras de entre 55 y 59 años podrá jubilarse al cumplir los 60. No tienen los años de aportes, aunque se hayan deslomado desde la adolescencia. Hoy el 85% se jubila a través de una moratoria (Clarín 21-7-20).
A las funcionarias apologistas de la “economía solidaria”, sin embargo, no las desvela el trabajo precario de feriantes o empleadas domésticas sino que las labores de la casa -“las tareas de cuidado”- recaigan en las mujeres. Las entrevistadas creen que el calvario debe compartirse con los hombres. Pero que las mujeres inviertan 4 horas diarias en embrutecedoras tareas domésticas es una prueba de la barbarie capitalista: el desarrollo tecnológico permitiría que esas tareas tuvieran un carácter social, sin recaer ni en las mujeres ni en los hombres.
D'Alessandro se enorgullece de que el IFE incluyó a las amas de casa como “una forma de reconocer el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar”. ¿Ignorará que las “amas de casa” o “cuidadoras domiciliarias” son la columna vertebral del movimiento de desocupados que llena las calles de todo el país con sus luchas, que son la primera línea contra el hambre en las barriadas, creadoras de infinitos comedores y merenderos a los que el ministro Guzmán ordenó suspender la entrega de recursos para orientarlos al pago de intereses de la deuda?
D'Alessandro menciona un dato espantoso: “para el tercer trimestre de 2020, vemos que la actividad económica de las mujeres refleja su actividad económica de 2002, ¡así que retrocedimos dos décadas!”.
Según Gómez Alcorta, para facilitar el acceso de las mujeres al trabajo -¿solidario?- el Ministerio de la Mujer promueve la creación de 800 jardines de infancia y guarderías, y “analizar las políticas de las licencias de paternidad y maternidad”. D'Alessandro va más lejos: imagina un universo de mujeres “profesionalizadas en el trabajo de cuidados” que ya no fregarán en el hogar sino en las guarderías.
Lo primero que se debe decir es que los “jardines de infancia” del gobierno nacional y popular son los mismos CPI que impulsó Mauricio Macri. Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para niños de 45 días a 4 años no dependen del Ministerio de Educación sino de Desarrollo Social. No tienen, por lo tanto, un objetivo pedagógico sino de mera contención social. ¿Bajo qué convenio trabajarán las docentes y las “cuidadoras profesionalizadas”? Los CPI y los CDI establecen un doble estándar educativo, el de niños y niñas que van a jardines maternales y de infancia con currícula educativa y los que va a jugar un rato y a comer a un lugar alquilado a un centro de jubilados, un club o una Iglesia.
Gran parte de la nota balancea la presencia de mujeres en los “altos cargos”. Gómez Alcorta celebra que ya son el 37,5 por ciento (con Macri eran 22 por ciento) y que más provincias tienen “leyes de paridad”. Ibarra destaca la creación de “un grupo en WhatsApp llamado “Mujeres en el gobierno”, una red de más de 250 mujeres, que se reúne, discute y “se ayuda unas a otras” (sic). D'Alessandro lamenta que “todavía existe una clara brecha de género, pero también en los sindicatos y en el sector empresarial. Creo que esto demuestra las dificultades de la sociedad, que, en su esencia, sigue siendo una estructura patriarcal y desigual dominada por hombres con una clara discriminación contra las mujeres. Eso es lo que tenemos que luchar.”
La incorporación de feministas a los gobiernos burgueses no aporta a las demandas de las explotadas. Tiene la ventaja de que en el intento de dulcificar con jerga de género una crisis humanitaria, quedan expuestas sus módicas utopías y su impotencia para propiciar no ya la liberación de las mujeres sino siquiera alguna mejora en las condiciones de vida.
