Vuelve la presencialidad escolar, la docencia sigue en lucha

Escribe Mariano Hermida

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Luego de que el gobierno nacional no extendiera el aislamiento “estricto” obligatorio, que sólo rigió durante tres días hábiles, una cantidad de provincias han decidido avanzar en las clases presenciales. Argentina, sin embargo, se encuentra en los primeros lugares mundiales de contagios y muertes, y tiene a su sistema de salud colapsado.

Las provincias que han retomado la presencialidad con diferentes esquemas son CABA, Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy (nunca suspendió), Misiones, Entre Ríos, Río Negro, Chubut (grandes ciudades) y Tierra del Fuego. Representan a alrededor del 40% del país. En aquellas que se sigue con un esquema de virtualidad, la suspensión se ha extendido por sólo una semana más, como en el caso de Santa Fé y Tucumán. En provincia de Buenos Aires, si bien la mayoría de los distritos se encuentran en Fase 2 y no se permiten las clases presenciales, Kicillof ha sostenido la presencialidad en Educación Especial. Bajo la resolución “Escuelas Abiertas”, inspectores y jefaturas regionales están presionando a la docencia a concurrir a las escuelas a realizar guardias innecesarias y dar clase a aquellos estudiantes que han perdido la “continuidad pedagógica”.

Alberto Fernández ha salido a diferenciarse de los que impulsan la presencialidad escolar por “estar jugando con fuego”. Pero la chispa la encendió él mismo – en acuerdo con la oposición- a principios de año, habilitando la presencialidad escolar “segura”, cómo parte de una política aperturista más general, que terminó dándole más fuerza a la “segunda ola” de coronavirus que hoy azota al país. “Las escuelas no contagian”, decían al unísono los Fernandez y los Larreta. Frente al desmadre sanitario, ahora se debate, incluso, el adelantamiento de las vacaciones de invierno.

El decreto de necesidad y urgencia que firmó Alberto Fernández, y que es la base del proyecto (“Ley Semáforo”) que está debatiendo el congreso, establece que para interrumpir la presencialidad en los distritos en “alarma epidemiológica”, la tasa de incidencia -contagios cada 100 mil habitantes- debe ser mayor a 500 y su ocupación de camas UTI exceder el 80%. O sea que la presencialidad se suspendería en aquellos distritos donde el desastre sanitario ya se ha consumado, cuando de lo que se trata es de evitarlo. Pero Córdoba, CABA y Mendoza, que superan largamente este parámetro de contagios y muertos “tolerables”, han habilitado igual la presencialidad.

La apertura educativa está siendo combatida por la docencia en varias provincias. En Entre Rios, AGMER declaró una huelga por 48 horas por el sostenimiento de la educación virtual. En CABA, Ademys y UTE pararon por 24 horas. La docencia cordobesa, con el impulso de comités de bases y auto convocatorias también protagonizó una numerosa caravana a la gobernación. Sectores de la oposición a la conducción del sindicato mayoritario UEPC están reclamando que se decrete la huelga. La asamblea de docentes autoconvocados de Salta ha llamado a un paro para el viernes 4 y tendrá una nueva asamblea el día siguiente para definir las medidas a seguir. En Mendoza, el SUTE comenzó una campaña en las redes rechazando la decisión del gobernador Suárez y exige que se brinden los recursos necesarios para la virtualidad.

En este contexto, a la CTERA no se le ha movido un pelo para convocar a ninguna acción nacional en apoyo a las provincias en lucha por la suspensión de la presencialidad. Se dedican a manifestar su “preocupación” por los hechos. La cifra de docentes fallecidos en el país, a causa de la presencialidad asciende a 135 compañeros y compañeras.

Las agrupaciones vinculadas al FIT-U, que avalaron la “presencialidad cuidada” a principios de año, ahora se han adaptado a la presencialidad “administrada” y focalizan sus esfuerzos en colocar a la docencia detrás del proyecto parlamentario del FIT-U por la incautación de principios activos del laboratorio de Garín.

La gestión capitalista que viene desarrollando el Estado en el manejo de la pandemia consiste en realizar cierres “parcializados”, “intermitentes” o “temporales” para no tener que garantizar los recursos necesarios para proteger a la población. En el campo educativo, el mayor lobby lo realizan las patronales privadas y el clero. Ante este escenario, la docencia se encuentra interviniendo mediante la deliberación y acciones de lucha, en algunos casos, cuestionando a las direcciones burocráticas imperantes, con auto convocatorias y la conformación de comités de base. Es necesario unir a todo el movimiento por una agenda de reivindicaciones e impulsar un plan de acción coordinado.

El primer punto debe ser la suspensión de la presencialidad en pandemia en todo el territorio nacional y la vacunación masiva. En aquellos distritos en donde se sostiene la suspensión de la presencialidad, educación virtual a cargo del Estado, un salario de emergencia para aquellos docentes que no han podido tomar horas/cargos, nombramiento de los cargos faltantes, la convocatoria regular a actos públicos virtuales. Mes a mes, el poder adquisitivo de la docencia es carcomido por el avance de la inflación. La reapertura de la paritaria, y un aumento del salario básico igual al costo de la canasta familiar se vuelve “esencial”.

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