El Partido Obrero rechazó la suspensión de las elecciones

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Gustavo Sáenz obtuvo la complicidad de todo el arco político para que el pueblo no discuta ni vote acerca de la responsabilidad del Poder Político en la ola de contagios y muertes por coronavirus.

La reunión convocada por el gobierno provincial “para conocer la opinión de las fuerzas políticas sobre una nueva fecha para las elecciones provinciales”, terminó en la nada, pues el gobernador se reservó para él la decisión final sobre ese asunto. El oficialismo y todos los partidos disputaron la fecha electoral en función de sus intereses de aparato.

El gobierno, sin embargo, obtuvo lo único que realmente quería. Logró que todos los partidos compartieran la responsabilidad de evitar el debate político ciudadano en medio de un pico de contagios que es responsabilidad del poder político (Ejecutivo, Legislativo, Judicial – provincial y nacional). El pico de contagios y la pandemia prolongada son la consecuencia de la apertura de actividades, incluida la escolar, tal como reclamaron las patronales y el clero. Son la consecuencia del pago de la deuda externa, en lugar de aplicar el dinero a sostener a la población afectada, a testeos y seguimientos, y a la producción nacional de vacunas.

Saénz y la treintena de partidos que se juntaron en un zoom, quieren que las elecciones se hagan cuando la mala gestión de la pandemia, por parte del poder político, pueda ser confinada al olvido. Esto, obviamente, tampoco ocurrirá, porque no hay vacuna política que impida la codena al régimen político por los daños humanos causados, al servicio de intereses minoritarios.

Desde el oficialismo hasta el FIT-U, pasando por las fuerzas vinculadas a Juntos por el Cambio y el frente de Todos, se han hecho cómplices de esta malversación política.

Sáenz y el conjunto de esas fuerzas políticas no quieren rendir cuentas ante la población sobre sus responsabilidades en la política de aperturismo empresarial y presencialidad educativa que ha colocado a la provincia en un colapso sanitario y social.

En oposición a la política de piedra libre a los contagios y colapso sanitario, planteamos cortar la circulación del virus hasta la vacunación de la población, por medio del cierre de actividades no esenciales; la garantía de un ingreso familiar de emergencia que cubra la canasta básica (como alimentación, abrigo, alquileres, servicios de gas, calefacción y electricidad). Apoyamos a los docentes autoconvocados que luchan contra la presencialidad en pandemia. Con esta finalidad planteamos la recuperación del Banco de la Provincia de Salta (estatización del Banco Macro); cese de subsidios y apertura de los libros de los grandes monopolios sojeros, azucareros, madereros, mineros y petroleros, para que financien la emergencia sanitaria. Asimismo, una campaña internacional contra el boicot de vacunas, por parte de los grandes laboratorios, y la nacionalización del sistema de salud.

Lo que distingue la posición del Partido Obrero de la Unión Provincial por la postergación, es que sostenemos que la crisis humanitaria desatada por el virus es una cuestión política, que se ha convertido en una pandemia por las acciones y omisiones de los estados capitalistas, que han puesto sus intereses de clase por encima de la salud y la vida de los seres humanos.

Partido Obrero, Salta, Marta Marín, Violeta Gil, Gabriela Jorge, Samuel Huerga.

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