Detrás de la cortina del novelón Pfizer

Escribe Jorge Altamira

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El novelón entre Pfizer y el gobierno de los Fernández está a punto de concluir, como es costumbre por estos pagos. De acuerdo a las últimas informaciones, el Congreso modificará la ley que aprobara casi por unanimidad el año pasado, para que el estado nacional se haga cargo de las consecuencias penales por las “negligencias” que pudiera cometer el pulpo en cuestión – la mayor de las grandes farmacéuticas internacionales. Los inimputables que se sientan en el Congreso, ahora responsabilizan a la diputada Moreau por haber introducido esa cláusula en la ley, olvidando que nadie puede justificar un acto punible, en este caso de carácter político, alegando la propia torpeza. Enseguida la emprenden contra Alberto Fernández por no haber vetado la ley en forma parcial, un reclamo indigno de parte de quienes la votaron. La llamada vacuna de Pfizer fue elaborada en realidad por la alemana BionTech, propiedad de un matrimonio de científicos turcos. La novedad de la vacuna, que introduce el código genético de una proteína viral que activa el sistema inmunológico al ser reconocido por las células, habilita en el futuro la producción de vacunas contra el cáncer y otras enfermedades de tratamiento difícil.

La indemnidad que reclama Pfizer no se completa con la modificación de la ley votada por fernandecinos y macristas. El pulpo exigió además una garantía inembargable a cargo del estado – reservas internacionales depositadas en el extranjero o bienes equivalentes. La certidumbre de este planteo la ha ofrecido nada menos que Jair Messias Bolsonaro, quien rechazó el reclamo de Pfizer con su típico lenguaje de desclasado. El brasileño no se desdijo de esto cuando pegó el volantazo y firmó el acuerdo con la norteamericana. Cuando los imbéciles de la llamada oposición alegan, en su favor, que toda América Latina arregló con Pfizer, salvo Argentina, no desmienten por eso que la farmacéutica haya impuesto sus condiciones leoninas a gobiernos menos o más serviles que el nuestro. Es cierto, desde un punto de vista capitalista, que los monopolios se ponen más pesados con aquellos países que bordean el default – en el caso argentino el impago al Club de París, los de la provincia de Buenos Aires y otras, o eventualmente con el FMI. El novelón se cerrará con una ley Pfizer, precisamente, por la dependencia de Argentina del FMI. La vacuna en cuestión es la más cara de las que se encuentran en circulación, y podría encarecerse más si se verifica su mayor eficacia respecto a la competencia. Pfizer informó ganancias anuales por u$s35 mil millones.

La extorsión económica y política de las farmacéuticas en general y de Pfizer en particular fue puesta en evidencia por el denunciador menos esperado – ´Juan Domingo´ Biden. De otro modo no se explica que hubiera reclamado la suspensión de la propiedad intelectual de las vacunas. El planteo fue rechazado por las farmacéuticas sin excepción, incluida la dirección del Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La intención de Biden no era por cierto regalar nada, sino negociar el producto básico con las productoras de vacunas de diferentes países para que elijan elaborar el principio básico de Estados Unidos. Rusia y especialmente China se han adelantado en este propósito, como ocurre en Brasil, donde el Instituto Butantan produce la Coronavac. Aunque el derecho de propiedad que se ha registrado como patente es un monopolio privado, la verdad de la milanesa es que tanto desde el punto de vista científico como económico es propiedad pública. Por un lado, porque todas las investigaciones virológicas a futuro son realizadas por el Estado, ya que el capital privado no las juzga rentables. Por el otro, porque la producción del principio básico por los laboratorios ha sido financiada por medio de subsidios y de compras anticipadas. El ciento por ciento de los países ya han pagado por vacunas que aun no han recibido. Trump financió a Moderna con u$s2 mil millones y con compras anticipadas, al igual que lo hizo con Pfizer.

El caso de AstraZeneca, la otra parte del novelón nacional, ha dejado al desnudo una vasta operación económica criminal. El artífice de la propuesta de unir a mAbxcience, del argentino Hugo Sigman, y el laboratorio mexicano Liomont, ha desaparecido de la escena. Es el billonario Carlos Slim, que dijo que aseguraba el financiamiento de la operación que abastecería de vacunas a toda América Latina que hoy Alberto Fernández dice haber pagado con dinero del Tesoro argentino. Pero la materia prima enviada a México fue secuestrada por Estados Unidos, que bloqueó la exportación de los numerosos insumos que requiere la producción final de la vacuna. Este bloqueo confirma que la suspensión de la propiedad intelectual propuesta por Biden no podía tener ningún efecto práctico si no era a través de producciones en el exterior controladas por sus compañías. Ante la imposibilidad de completar la producción en México, Liomont envió centenares de miles de dosis de AstraZeneca a Estados Unidos, donde no tuvo el visto bueno de la autoridad de control hasta hace una semana. El motivo de tamaño atropello, con una vacuna autorizada en Gran Bretaña, se explica por los intereses de Pfizer y Moderna.

La compra adelantada de vacunas a estados soberanos ha provocado algunos ´sinsabores´. Fue cuando Italia, primero, y la Unión Europea, más tarde, lanzaron una amenaza judicial contra AstraZeneca por incumplimiento de contrato – las vacunas no llegaban, acaparadas en el Reino Unido. Es lo que ocurre con la misma Pfizer en América Latina, donde ha enviado vacunas en dosis homeopáticas a Chile, mientras los sinvergüenzas de nuestro lado de los Andes la ponen como ejemplo. De acuerdo a lo que ha venido ocurriendo, Argentina no podría demandar a Pfizer en un caso similar. Para un país sometido a la amenaza de default, semejante inhibición de derechos equivale a admitir un bloqueo sanitario.

Los gobiernos que, por supuesto, “supimos conseguir”, lejos de llevar una corona de glorias, como alega el himno, se han adaptado a todas estas extorsiones, al precio del mayor nivel de contagios y muertes en el mundo -Argentina, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay- sin hablar de Venezuela o Nicaragua. La dependencia y la sumisión no compró vacunas, no compró insumos para producirlas, como la ´libertad económica´ no mejoró el empleo, los salarios, las jubilaciones – todo lo contrario.

Un gobierno de trabajadores hubiera seguido otro camino. Hubiera impulsado, con su autoridad política, una movilización internacional por la nacionalización y el control obrero de todo el Big Pharma. Hubiera convocado a los países afectados a unir los recursos científicos para producir una vacuna propia – Butantan, Malbrán, Cuba. Hubiera desarrollado una fuerte política de distanciamiento social, que en muchos países capitalistas fue suficiente para cortar la circulación del virus, acompañada de testeos y seguimientos de contagios. La condición para esto es una planificación y racionamiento de recursos, bajo la dirección de los trabajadores. Se trata poner fin al despilfarro de la anarquía de mercado y concentrar los recursos industriales en la producción de las prioridades para la salud y la vida.

Las leyes ´correctivas´ que se aprestan a votar los partidos de la unión nacional con el FMI, no resolverá la cuestión de las vacunas, porque hay un mercado demandado y una oferta que especula con las carencias y que se disputa un mercado mundial gigantesco por un período indeterminado. Las leyes de este régimen político sólo pueden empeorar la situación actual. Es necesaria una acción histórica independiente de las masas.

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