Berazategui, la precarización como bandera

Escribe Eugenia Arribalzaga

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Días atrás, Matías Aguirre, dirigente del Movimiento Evita en Berazategui, declaró a un diario online de la localidad que “actualmente hay unos 10.000 beneficiarios de la asistencia social” y que los mismos “están en proceso de transformación para pasar de ser asistencia a convertirse en una fuerte herramienta de desarrollo del empleo.”

¿Cuál es el tipo de trabajo que defiende Aguirre?

Los “beneficiarios” del programa Potenciar Trabajo cobran entre $10.000 y $16.000 por mes, prestando servicios al municipio por 4 horas diarias. El municipio usa a los beneficiarios para realizar tareas municipales en lugar de contratarlos como personal bajo convenio.

En estos casos, la línea que divide la esclavitud de la precarización pareciera desvanecerse.

Aguirre no sólo defiende la precarización extrema, lo que implica un ataque y un desprecio a la vida de los y las trabajadoras desocupadas, sino también la vulneración del salario y de los derechos de los trabajadores ocupados que realizan esas tareas en el municipio de Berazategui. Un alto porcentaje de los trabajadores contratados tienen salarios básicos por debajo de la canasta de indigencia.

Para sumar a esta orientación precarizadora, el gobierno municipal contrata alumnos de enfermería para realizar la vacunación contra el covid 19 con el fin de ahorrarse un sueldo de un enfermero profesional, valiéndose de contratos basura por fuera de convenio.

Pero mientras mata a los trabajadores de hambre, el intendente Mussi -según informa Perspectiva Sur- recibió en 2021 un total de 70 vehículos -35 automóviles, 20 camionetas y 15 motocicletas- para pertrechar a la policía y ordenó construir una “alcaldía” (un calabozo) cerca de la estación de Plátanos. Esta orientación Mussi la presenta como política de "seguridad ciudadana".

Este reforzamiento represivo es una garantía a los especuladores inmobiliarios que construyen barrios privados sobre los humedales de la costa de Hudson, en un distrito donde el déficit habitacional ronda las 25.000 viviendas.

Esto alcanza para describir la orientación social de los Aguirre y los Mussi.

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