“Contraofensiva Montonera”: perpetua a cinco genocidas

Escribe Lautaro Brodsky

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El tribunal oral federal N°4 de San Martin condenó por delitos de lesa humanidad a cinco de seis genocidas acusados por la masacre de la llamada “Contraofensiva Montonera”. Los jueces los hallaron responsables de los cargos de homicidio por alevosía, secuestros, tormentos agravados contra noventa y cuatro personas. Doce fueron asesinados, setenta permanecen desaparecidos y quedó apenas un puñado de sobrevivientes.

Los acusados eran miembros de los batallones de inteligencia del ejército 601, del 201 y del G2 del comando de institutos militares. Se trata de Luis Ángel Firpo, Roberto Dambrosi, Jorge Bano, Eduardo Ascheri y Marcelo Cinto Courteaux. El sexto acusado, el represor Jorge Norberto Apa, acusa un cuadro de demencia senil y la decisión del tribunal se conocerá recién la semana próxima. Fue jefe de la división de inteligencia “Subversiva Terrorista” dependiente del Departamento Interior de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército Argentino entre el 15 de enero de 1979 y el 14 de noviembre de 1980. Los otros represores cumplían funciones en las cúspides de la jerarquía de inteligencia militar. A diferencia de otros juicios de lesa, no se juzga centrándose en un campo de concentración sino en la estructura y cadena de mandos de la inteligencia del Ejército. Varios de los sentenciados gozaron hasta ahora del beneficio de la prisión domiciliaria por condenas anteriores, pero las actuales condenas serán de cumplimiento efectivo en cárcel común. La represión de la inteligencia militar se desarrolló aún más allá, en el marco del Plan Cóndor, con Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Es la primera vez que se condena a la inteligencia militar por genocidio y crímenes de lesa humanidad, cuando han transcurrido más de 40 años. Otros acusados -Ricardo Pianta, Carlos Carpani Costa, Raúl Pascual Muñoz, Carlos Blas Casuccio y Alberto Sotomayor-, murieron durante el proceso judicial. Vivieron impunes, gracias a las leyes de obediencia debida y punto final, de Alfonsín, y los indultos de Menem. La Justicia garantizó su “impunidad biológica”, una suerte de prescripción penal mientras vivan.

Los crímenes fueron cometidos entre 1979 y 1981, cuando la dirección de Montoneros, desde el exterior, impulsó el reingreso al país de un número de militantes y cuadros exiliados. El operativo concluyó en un rotundo fracaso político y militar. Muchos de los combatientes montoneros fueron secuestrados incluso antes de cruzar la frontera. El resultado de una política de aparato.

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