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La exención del tributo a las Ganancias para salarios y jubilaciones de hasta $150.000, fijada por ley en enero pasado, ya confisca parte de los aumentos acordados en las paritarias, afectando nuevamente a varios miles de trabajadores.
La ley venía a traer ´alivio´ a 1.270.000 trabajadores y jubilados que cobraban haberes superiores a $150.000 brutos. Su aplicación, sin embargo, fue diferida hasta julio. Los montos gravados por el fisco durante estos cinco meses de vigencia de la ley, serán devueltos en cinco cuotas. Pero como en el medio se trabaron paritarias de muchos gremios que eran afectados pero que con la nueva dejarían de tributar Ganancias, volverán a verse alcanzados. Se estima que esos trabajadores podrían perder hasta el 10% de sus ingresos actualizados en las paritarias.
En lo inmediato, serán afectados los bancarios y camioneros, que sellaron convenios en esos niveles, pero la inflación -con la pauta del 29% incluida en el Presupuesto completamente desdibujada- presiona por aumentos más cercanos a un 40% o la activación de cláusulas de revisión. Las proyecciones inflacionarias hasta fin de año son incluso superiores.
A modo de ejemplo, Ismael Bermúdez (24/06) señala que “en un caso límite, un aumento salarial del 40% a cobrar antes de fin de año puede transformarse en el bolsillo del trabajador en una suba de apenas el 26,1%”. Un trabajador, hoy exento de pagar el impuesto, que gana $124.500 de bolsillo, en caso de que reciba un aumento del 40%, no recibirá $175.000. Si se trata de un soltero sin hijos, deberá abonar $17.362 por el impuesto, quedándole en el bolsillo $156.398. En el caso de los casados con hasta 2 hijos, siguiendo el mismo ejemplo, el descuento se llevaría el 5,5% de su salario actualizado. Nuevamente, Ganancias pasa la guadaña sobre todo aquel salario que asome sobre el nivel del costo de la canasta familiar. Si los aumentos salariales son pactados en cuotas, el trabajador cobrará menos respecto al mes inmediatamente anterior.
“Además, al superar los $ 150.000, los dos medio aguinaldos quedan alcanzados por el impuesto y la retención de Ganancias pega un salto y absorbe buena parte del aguinaldo” (ídem). La situación tiende a empeorar en 2022 puesto que se realiza una actualización en base a 2021, es decir, que aunque el piso de Ganancias suba, en 2022 los trabajadores pagaran más sobre sus ingresos.
La trampa de la ley es que no ha aumentado el Mínimo No Imponible (MNI) – que sigue fijado en $74.810 de sueldo neto. Por lo cual apenas se superan los $150.000 el impuesto comienza a correr desde el MNI, lo que hace que el impuesto abonado sea mayor.
La ley incluye una cláusula que permite por decreto presidencial elevar el piso de $150.000, pero solo en 2021. Por eso la burocracia sindical que apoya al gobierno ´reclama´ que sea elevado inmediatamente.
Este tipo de maniobras de los Fernández son bien vistas por la burguesía, a pesar, incluso, del “impuesto a los ricos”, finalmente acomodado en múltiples y cómodas cuotas.
Guzmán ha asegurado en la televisión que la reducción del déficit fiscal no es igual a un ajuste. Es un juego de palabras para disimular la ´desindexación´ brutal de salarios y jubilaciones. El gobierno que venía a defender “el bolsillo y la mesa de los argentinos” nos está esquilmando.
La derogación del impuesto al salario es una reivindicación crucial ante la escalada inflacionaria, que la burocracia ha abandonado junto con todas las reivindicaciones elementales de los trabajadores. Las paritarias deben respetar el aumento, ninguna rebaja por el pago del impuesto al salario. Por un salario igual a la canasta básica.
