Escribe Ana Belinco
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La Resolución 346 del Ministerio de Trabajo, publicada este jueves último en el Boletín Oficial, resuelve extender la Prestación por Desempleo a los trabajadores desvinculados por “mutuo acuerdo”, por el cierre total o parcial del establecimiento y/o otras circunstancias que produjeran "extinciones colectivas de los contratos de trabajo".
Durante la emergencia Sanitaria hubo un elevado número de despidos encubiertos bajo la figura de "mutuo acuerdo", determinada por el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, o de “retiros voluntarios”, que son mecanismos legales utilizados por la patronal para evadir presentar un Procedimiento Preventivo de Crisis y pasar como alambre caído la prohibición de despedir y pagar dobles indemnizaciones. La prestación por desempleo no era percibida, hasta el momento, por quienes hubieran visto rescindida la relación laboral por medio de dichas figuras legales. Según el artículo 114 de la Ley Nacional de Empleo 24.013, el cobro de la prestación por desempleo corresponde solamente al trabajador despedido sin causa.
La resolución de Trabajo aclara que para percibir la prestación hay que cumplir al menos dos de los siguientes cuatro requisitos:
Según la nueva resolución se verificará a través de los registros de Anses si el trabajador continúa despedido, quedando habilitado para cobrar la Prestación, o si consiguió otro empleo, dejándole de corresponder el beneficio. Según datos oficiales la prestación por desempleo en marzo último la cobraron 138.879 trabajadores en relación de dependencia registrados que fueron despedidos sin causa. Son 96.160 varones y 42.719 mujeres que en promedio cobraron $ 7.200 y continuaron percibiendo las asignaciones familiares y la cobertura de la obra social al tiempo que el período de cobro de dicha asistencia se reconoce como meses de servicio computables al momento de la jubilación.
En junio el monto de la prestación subió a $ 7.020 la mínima y $ 11.700 la máxima. En julio, pasará a $ 7.200 y $ 12.000, respectivamente. En septiembre, a $ 7.500 y $ 12.500. En noviembre a $ 7.800 y $ 13.000 y en febrero de 2022 a $ 8.100 y $ 13.500 (Clarín, 24/6) Un monto realmente miserable a la luz del encarecimiento del costo de vida por la suba de precios de los alimentos o los alquileres y el retiro del IFE que hoy debería alcanzar a 10 millones de trabajadores.
La medida se da en un escenario donde casi dos millones de trabajadores están desocupados y otros dos millones ‘sub-ocupados’, y se observa una tendencia a la organización y al reclamo callejero de este sector por reivindicaciones asociadas a cuestiones básicas como el trabajo, planes de asistencia, alimentos, atención sanitaria y vivienda. En este cuadro se incluye el crecimiento de luchas obreras autoconvocadas como la de los trabajadores despedidos de Bimbo que fueron ¨esenciales¨ para ser arrojados al virus, pero dejaron de serlo cuando la patronal decidió que la rentabilidad no era suficiente. O como el caso de los trabajadores tercerizados de Edesur despedidos en una lucha por la recuperación de su fuente de trabajo, por el pase a planta y el reconocimiento sindical y convencional de Luz y Fuerza contra una empresa energética que, de la mano de subsidios y aumentos tarifarios, se la lleva en pala.
El Estado no garantiza que las patronales cumplan la prohibición de despidos que no es más que papel mojado al tiempo que absorbe los costos derivados del incumplimiento mientras aumenta la tensión en los lugares de trabajo, y en las calles, debido a los contagios y las muertes producto de una presencialidad criminal en medio de la pandemia así como a la falta de vacunas, a la degradación de los salarios y al avance del trabajo precarizado y la miseria social.
Se impone levantar un programa de fondo que unifique a los trabajadores ocupados y desocupados por la defensa de los puestos de trabajo, Ni un despido, apoyo a la ocupación de toda empresa que suspenda o cierre, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, por un salario igual a la canasta familiar que cubra las necesidades de vivienda y esparcimiento, por la restitución del IFE a todos los trabajadores desocupados y precarizados, por la vacunación para toda la clase con eje en el rechazo de una presencialidad pandémica en todas las ramas no esenciales.