Sanidad: la burocracia condiciona los salarios a los aranceles

En el marco de las paritarias correspondientes a 2021, la Federación Argentina de Trabajadoras de la Sanidad (FATSA) ha anunciado el acatamiento de la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo, levantando el paro de 4 horas por turno convocado para el día 1 y 2 de julio pasados. Por su parte, las patronales de la Salud habían anunciado un cese de atención si el gobierno no le autoriza la suba de tarifas. Efectivamente, a horas del inicio de las dos jornadas de huelga previstas, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) -que engloba a unas 600 instituciones- advirtió que sólo atendería urgencias durante ambos días, en reclamo de un alza de los aranceles que perciben de financiadores (obras sociales, prepagas y el PAMI). O sea, un lock out.

Según West Ocampo -secretario general de Fatsa-, la burocracia reclama un 45% de aumento en cuatro cuotas - el último tramo en enero. La disparada de la inflación obligó a la burocracia a dejar de lado el 29 % establecido por el gobierno nacional a principio de año, -o “un par de puntos por encima”. Los salarios básicos se encuentran entre $50.000 y $55.000, por debajo de la canasta de pobreza que mide el INDEC.

El sindicato habla ahora de un 40%. Nada fue consultado, sin embargo, con los trabajadores/as. El “plenario” de delegados convocado por el gremio fue un monólogo de Héctor Daer. La presión de las bases a través de sus delegados se puso de manifiesto en el chat de la plataforma virtual utilizada.

La burocracia no disimula su alineamiento con las demandas de las patronales de la medicina privada, que presionan para que el gobierno autorice un aumento de sus aranceles. “Hemos anunciado el paro para el 1 y 2 de julio con el tiempo suficiente como para que ellos hagan gestiones ante los grandes financiadores y de esta manera tener las herramientas para venir, sentarse en una paritaria y hacer una contrapropuesta”, dijo a Página/12 West Ocampo. Para completar su función de vocero patronal, en diversos programas radiales declaró que es “correcto” un aumento de las cuotas de las prepagas, a pesar de que significaría un golpe al bolsillo de una gran parte de la clase obrera.

Si las patronales de la salud privada dicen que no pueden pagar los aumentos salariales, que abran sus libros contables, ya que ninguno de los trabajadores y trabajadoras tenemos acceso a esta información. La burocracia lleva al extremo la tendencia del sindicalismo a pactar con las patronales a expensas de los consumidores – en este caso los usuarios y contribuyentes. Los impuestos se cargan fundamentalmente sobre los trabajadores, por la vía del IVA y de Ingresos Brutos. Representan una quita del salario del orden del 26 al 30 por ciento.

Mención aparte merecen sus comentarios acerca del rol de las mujeres en el gremio. Para West Ocampo, los salarios de los trabajador/as de Sanidad están muy devaluados “producto de ser una actividad mayoritariamente femenina”. Para el burócrata, la baja del salario obedece a una abundante oferta laboral, sin señalar que se agrava con las largas jornadas de trabajo y la precariedad de la atención. Visto desde la clase obrera, la cuestión es al revés, porque, en las clínicas y sanatorios, somos las mujeres las que colmamos las asambleas, o sea el factor de lucha que debe decidir nuestro salario y condiciones de trabajo. El salario está deprimido por la colusión de la burocracia y las patronales contra los trabajadores y trabajadoras.

Movilicemos todos y todas el 7

El plan de lucha que Ocampo y Daer armaron a medida de las patronales está siendo desbordado en los establecimientos por parte de los trabajadores y parte de los delegados opositores y oficialistas. ATSA Buenos Aires debió movilizar el día viernes 2 de julio a las puertas de Swiss Medical, para descomprimir la presión de la base. Este lunes 5 se movilizó ATSA Zona Sur. En Salta, el vacío que dejó el sindicato fue ocupado por una movilización de autoconvocados de la Salud privada el 1 de julio.

El 7 de julio, en el contexto de una nueva audiencia pública en el ministerio de Trabajo, la oposición planteó una nueva movilización para confluir con el paro de 48 horas del Hospital Garrahan y la jornada de lucha convocada por FESPROSA (CTA), una oportunidad para converger trabajadores de la salud pública y privada.