¿Quién sostiene a Massoni, el Berni chubutense?

La detención el domingo último de Alfredo Claps, quien se encontraba afuera de la casa del vicegobernador Ricardo Sastre, en Puerto Madryn, manifestándose contra la mega minería, fue inmediatamente repudiada en distintos puntos de la provincia, donde se desarrollaban movilizaciones en festejo por los 9 años de las marchas que se realizan los 4 de cada mes. La figura del ministro de Seguridad, Federico Massoni, un personaje fascistoide de impronta similar a la de Sergio Berni o Patricia Bullrich, fue nuevamente cuestionada desde distintos sectores. Sin embargo, muchos de los que piden su renuncia compartieron militancia junto al gobernador Mariano Arcioni por la fórmula Fernández-Fernández. Asistimos a una falsa polarización, en la provincia, entre el PJ-kirchnerismo por un lado, y Chubut al Frente, por el otro. Ambos son parte del Frente de Todos, este último de vínculos directos con Sergio Massa.

Como bien denuncia la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut), Massoni condujo operativos con resultados similares en el pasado reciente: represión con balas de goma en la cumbre minera de Telsen en 2018; la detención y tortura de 6 asambleístas afuera de Legislatura en 2019; la detención ilegal y violenta de manifestantes cuando regresaban a sus hogares luego de asistir a una marcha en defensa del agua en Rawson el 24 de noviembre del año pasado; las detenciones arbitrarias el 9 de mayo último en ocasión del desalojo del corte de Ruta Nacional N° 3 en Trelew; además de numerosos allanamientos ilegales, tanto en la Comarca Andina como en Rawson, donde se ventilaron nombres, profesión y direcciones de personas sin haberse probado delito alguno sobre ellos. A estos casos deben sumárseles varias represiones -en general con el uso de gas pimienta- en las movilizaciones de trabajadores de los últimos 4 años, y, lo más grave, la saturación de las barriadas populares con efectivos policiales, es decir, la criminalización de la pobreza.

Este estado de cosas es caracterizado por algunos sectores, en general organizaciones de derechos humanos filo-k, como un supuesto “Estado de excepción” dirigido por el gobernador Mariano Arcioni y con la consecuente suspensión de las garantías constitucionales en la provincia. “La escalada represiva en el Chubut, encabezada por el ministro de Seguridad Federico Massoni, es inadmisible para un Estado Democrático y sólo asimilable a las violentas formas que adquieren los gobiernos sometidos al poder económico de las trasnacionales mineras y nos remiten a las épocas más oscuras de nuestro país”, versa una declaración que circula en estas horas por el activismo.

Demagogia barata versus movilización

Massoni tuvo que renunciar a un cargo en el pasado reciente. Tras reprimir una movilización en la que se detuvo al secretario General de la ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut), Santiago Goodman, que fue respondida por un paro nacional de la CTERA, el entonces ministro Coordinador de Gabinete dejó su cargo a comienzos de noviembre de 2019. En realidad, en ese entonces, lo que se intentó cocinar fue un pacto de gobernabilidad entre el PJ-kirchnerismo y Chubut al Frente, que tuvo por propósito mayor injerencia de los primeros en la nueva gestión provincial que comenzaría el 10 de diciembre. Fue el diputado nacional camporista Santiago Igón el que le bajó el pulgar mediante un tuit a Massoni, provocando a las pocas horas su renuncia. El PJ-kirchnerismo y la burocracia sindical venían de sostener a Arcioni durante los últimos dos años en un marco de movilizaciones multitudinarias en todos los puntos de la provincia, que se expresó en varias puebladas, numerosas tomas de dependencias estatales y cortes de rutas.

El pacto de gobernabilidad se tradujo en un impasse para avanzar con la megaminería y el ajuste ordenado desde Nación producto de las movilizaciones populares, aunque lograron el congelamiento salarial desde 2019. Las consecuencias de la pandemia, en especial la cuarentena, y ciertas muestras de desgaste en las bases de los trabajadores al que condujeron las conducciones sindicales, le dieron aire a un gobierno débil, como el de Arcioni. Sin embargo, el desprecio por la gobernación provincial sigue siendo abrumador.

Luego de ese crimen social que fueron los incendios en cordillera en marzo de este año, y en especial tras la visita del presidente Alberto Fernández que terminó en escándalo nacional por el repudio de militantes del No a la Mina, volvieron a escena las disputas internas en el Frente de Todos. Igón arremetió otra vez contra Massoni públicamente y, en general, ambos bandos -PJ-kirchnerismo y Chubut al Frente- se tiraron municiones gruesas mediáticamente, aunque siempre respetando el pacto de gobernabilidad. Ni la burocracia sindical ni mucho menos el PJ-kirchnerismo llamaron a enfrentar en las calles las políticas de ajuste y mega mineras del gobierno provincial.

Un “Estado de excepción” provincial extendido en el tiempo solo podría ser posible, por un lado, como resultado de una derrota histórica del pueblo movilizado, cosa que está muy lejos de suceder en la actualidad, como lo demuestran las multitudinarias movilizaciones contra la mega minería y las experiencias de autoconvocatorias y coordinadoras de trabajadores de los últimos años, como así también el activismo de los jubilados; por el otro, debería contar con el consentimiento del gobierno nacional, es decir del sector político al que responden los denunciantes de la “excepcionalidad”. En este marco, el “Estado de excepción” sería el Frente de Todos.

La pretendida polarización contra Massoni, esgrimida por sectores del PJ y agrupaciones filo-K, entre las que se encuentran organizaciones de derechos humanos y partidos municipales, no deja de ser una maniobra electorera más de cara a las PASO, en la que el ministro de Seguridad pretende presentarse o tendría aspiraciones de hacerlo, según trascendió en distintos medios de comunicación. Como vemos, ambos bandos se necesitan mutuamente: Arcioni y Massoni precisan de la contención K en la lucha de clases de un lado; y, del otro, estos últimos apuestan a distinguirse del discurso fascistoide del gobierno. Los trabajadores y el movimiento “No a la Mina” deben dotarse de una intervención independiente en esta crisis, con la profundización de las autoconvocatorias y coordinación de las luchas en todo el territorio provincial.