Tiempo de lectura: 3 minutos
El pasado 24 de junio tuvo sanción definitiva la llamada Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, sobre el cupo laboral travesti-trans. El proyecto se obtuvo por mayoría; quienes votaron negativamente o se abstuvieron pertenecen a Juntos por el Cambio, más específicamente al PRO. La ley reglamenta un cupo del 1% en el Estado Nacional y todas sus dependencias, en beneficio del colectivo, sin que esto signifique despidos del personal que ya está contratado. Esto ocurre mientras que no se están tomando medidas efectivas ni poniendo en pie una búsqueda intensiva por Tehuel de la Torre, chico trans que desapareció hace 4 meses cuando acudió a una supuesta entrevista de trabajo; así como tampoco se atienden las demás vulneraciones hacia nuestra comunidad como lo son los transfemicidios-travesticidios, la falta de acceso a la vivienda, implementación de educación sexual integral, entre otras. La ley aún debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, y su implementación enfrentará todos los múltiples impedimentos conocidos que pone la burocracia administrativa. Si tomamos en cuenta la reducida implementación de normas ya dictadas en beneficio de la comunidad LGBTIQ+ y de las mujeres, incluido un Ministerio, podemos concluir que sigue con el mismo objetivo de cooptar al movimiento travesti-trans para el gobierno de los Fernández. No es la primera vez que esto sucede, lo mismo hicieron con el DNU que reglamentaba el cupo laboral en 2020 durante la «primera ola» de la pandemia. Cómo antecedentes a la ley de cupo laboral trans y del DNU, en distintos sectores del país comenzaron a regir decretos o leyes provinciales en municipios e instituciones del estado. Sin embargo no se han implementado plenamente, dejando a miles de personas travesti-trans todavía sin poder acceder a un trabajo.
En estos casos, los puestos laborales son ocupados por una o dos personas. ¿Cuál es el mensaje que nos quieren dar? No somos una o dos personas, somos todo un colectivo travesti-trans que necesitamos urgente un cambio contundente en nuestra calidad de vida. Celebramos los puestos laborales ocupados hoy por personas trans pero aún no es suficiente.
Es por esto que hay que seguir luchando por la plena implementación del cupo laboral trans en todo el territorio y que sea verdaderamente para todxs.
El acceso al trabajo en blanco y con un salario igual a la canasta familiar, a la salud (tanto física como mental), a espacios libres de violencias y discriminación y a centros educativos inclusivos por parte del colectivo T siempre fue un desafío. En un contexto de desempleo masivo para toda la clase trabajadora, la comunidad tiene todavía menos oportunidades de las que suele tener. El recorte presupuestario en salud y el colapso del sistema sanitario por la pandemia también nos afecta de una manera específica al momento de intentar acceder a los tratamientos de hormonización, cirugías de reasignación de género, acompañamientos psicológicos y los seguimientos que los tratamientos requieren.
Siguiendo a la Ley de Identidad de Género, la nueva ley define a las personas travestis, transexuales y transgénero como personas que se autoperciben con un género distinto al sexo asignado al nacer, adoptando un criterio no binario de los géneros. El Estado priorizará la contratación de empresas que tengan un cupo laboral trans para incentivar este mismo en el ámbito privado y plantea la “sindicalización” de las personas del colectivo T para poder monitorear la aplicación de la Ley. Impone de este modo otra división en el movimiento obrero, como ocurre con otras disposiciones – el sindicato de la Economía Popular -, cuando de lo que se trata es que los trabajadores del colectivo sean reconocidos por su condición de clase en las organizaciones obreras – cuerpos de delegados, comisiones directivas, representación paritaria. La “separación” de los trabajadores por su identidad de género, racial o de cualquier otro tipo, es la ‘nueva’ política de la misma burguesía que ha reprimido sin cesar a todas todos ellos. La burocracia de los sindicatos no objeta de modo alguno esta división, porque ella misma es la más hostil a integrar a los sindicatos a los trabajadores y trabajadoras en la totalidad de su diversidad. La discriminación de la personas de acuerdo a la identidad es una operación política de carácter ficticio, porque las diferencias no son más que la condición humana misma.
La crisis humanitaria y del régimen capitalista pone en una situación desesperante al total de la clase obrera y eso incluye al colectivo LGBTIQ+ que debe orientar su lucha en contra del régimen.
En palabras de Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero Tendencia, en "La Quinta Pata de la noticia": la lucha por el cupo laboral travesti-trans y su implementación efectiva es una lucha por levantar el piso de todas las relaciones laborales porque «cuando a los sectores más degradados de la sociedad los condenamos al hundimiento, a la marginación, eso tira para abajo el piso de los derechos laborales de todos los trabajadores.»
