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A un mes de la desaparición de la pequeña Guadalupe Belén Lucero Cialone, de 5 años, el Estado provincial sigue sin dar respuestas de lo que a todas luces se trata de un secuestro.
La niña fue llevada el 14 de junio, a las 19 hs, del barrio 544 Viviendas donde vive una tía, mientras se encontraba jugando con primos.
Advertida la familia por una primita de 3 años, quien da el aviso, manifestando que Guada no estaba y que se había ido con una joven, los familiares y vecinos inician la búsqueda inmediatamente y dan aviso a la policía provincial, que se suma con un operativo importante allanando durante la noche la casa de los vecinos más cercanos al domicilio.
Hay que destacar que el barrio mencionado se encuentra a pocos metros de la autopista Serranía Puntanas que cruza la ciudad de San Luis y llega hacia el oeste al límite con la provincia de Mendoza situada a 82 km, en tanto por el este, conecta con el sur de Córdoba. Pese a la rápida acción policial dichos límites no fueron cerrados sino hasta el día siguiente.
Rastrillajes, allanamientos se sucedieron desde entonces y han constituido el centro de la búsqueda hasta hoy infructuosa. El juez a cargo, Ariel Parrillis, ha focalizado la misma en el barrio obrero y la investigación en los familiares de la nena. La causa ha sido caratulada como "averiguación de paradero", por lo cual la misma no pasa a la justicia federal ¿Qué oculta el Estado provincial con esta decisión? Todos sabemos que una nena de 5 años no se va voluntariamente de la casa.
La masiva difusión a través de medios provinciales y nacionales, ha puesto en el tapete la "seguridad" de la provincia, área en el que el gobierno provincial ha realizado inversiones fabulosas. Cientos de efectivos policiales transitan las calles de la ciudad diariamente, provistos de motos, bicicletas, patrullas, armas. A ellos se suma el personal de Seguridad Comunitaria, quienes custodian edificios escolares, centros de salud, instituciones del estado en general, trabajo por el que perciben un plan social. Lo que se presenta en "el otro país”, desde el gobierno y sus instituciones, como un fuerte ordenamiento de la seguridad, constituye, a las claras, un proyecto de disciplinamiento contra el pueblo trabajador tendiente a someter y aplastar todo intento de rebelión que ponga en jaque el orden establecido por los Rodríguez Saá. Orden basado en una brutal precarización laboral, que se extiende a todos los trabajadores en blanco y en negro, los primeros con salarios de miseria, impuestos por el poder político, los segundos desempeñando tareas en todas las instituciones estatales por lo que perciben un plan social de mayor miseria aún. Este condicionamiento social pone al desnudo el régimen del Rodríguez Saá, en el que los discursos demagógicos tapan el sometimiento de un pueblo que sobrevive con migajas.
En este contexto, la desaparición de la niña y su búsqueda por parte del estado, han pasado de una hipótesis a otras, sin ningún resultado valedero pese al amplio despliegue de fuerzas policiales, no sólo de la provincia, sino de las limítrofes, gendarmería, prefectura, a lo que se sumó la intervención de Protex y se activó el programa "Alerta Sofía”.
Resulta sospechoso, cuando menos, que las instituciones estatales abocadas a la investigación no acierten a encontrar una pista y que los operativos se repitan una y otra vez, que mientras se argumenta que la buscan viva, con máquinas se excavan predios ya rastrillados, que se desagoten diques y se bucee en otros por indicaciones de una vidente!
A un mes de la desaparición, los familiares denuncian la falta de información y llaman a la ciudadanía a movilizar, única forma de garantizar que el caso se resuelva con la aparición con vida de Guadalupe y no caiga en el olvido como tantos otros irresueltos en el ámbito provincial.
