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Si bien los gremios “rechazaron” el ultimo ofrecimiento de 4.000 pesos en dos cuotas, las mesas técnicas continúan haciéndose con total normalidad, sin ningún llamado a medida de fuerza alguna por parte de estas conducciones sindicales, se trata entonces de un decreto consensuado, o una pantomima de rechazo.
Además de un monto fijo muy lejos del resarcimiento del 30% perdido en 2019, sin atisbos de indexación por inflación para el 2020, el decreto de Kicillof deja a los contratados por fuera del aumento. Es decir que tampoco hay intención alguna de pases a planta permanente, a pesar de los rimbombantes anuncios, que como ya lo aclaramos en esta página, se trata solo de los expedientes pendientes de la administración de Vidal de los compañeros temporarios.
Los medios destacan que “por otra senda, las paritarias continuarán esta semana con sus respectivas mesas técnicas que se abocarán este miércoles al régimen de licencia y cuestiones de género, el jueves pases a planta de los contratados autónomos y becarios y, por último, el viernes, se debatirá un nuevo convenio colectivo de trabajo”.
Lo más peligroso de esto, no es siquiera el acuerdo salarial paupérrimo, sino esto último: el debate de un nuevo convenio colectivo de trabajo. Desde ARBA, con el apoyo incluso de ATE Verde blanca es que se viene planteando un nuevo convenio marco general, que reemplace a la ley 10430, con normativas por sector, es decir la aplicación de la reforma laboral dividiendo a los estatales por cada dependencia.
Estas mesas técnicas debaten licencias de género centradas en las licencias por violencia, olvidando las de lactancia, maternidad o día femenino, y si lo tomaran como punto o no, es desconocido para el conjunto de las estatales. Luego, el tema del pase a planta de autónomos resulta llamativo, pues los despidos en Vialidad siguen en pie. Se trata de una burocracia sindical que está poniendo en la mesa cuestiones vitales para el conjunto de los trabajadores del Estado, sin mandato de ningún tipo de sus bases. El resultado de esto puede terminar en un retroceso histórico de las condiciones laborales de los trabajadores enrolados en la ley 10.430.
El aumento es escaso para todos los sectores, incluso para los más postergados, que son los auxiliares de educación. Por ahora, las burocracias gremiales de todos los colores, aparentemente, estarían logrando apaciguamiento momentáneo. Pero ello no quita el proceso de deliberación política que se está produciendo paulatinamente en los lugares de trabajo. Es necesario abrir un proceso de asambleas, insistimos, con pronunciamientos de escuelas, hospitales, y administración central, rechazando un decreto paupérrimo, pero que lleva el sello del concenso con las conducciones gremiales de UPCN; FEGEPBA, y ATE.
