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Un vecino con padecimientos mentales fue ejecutado por la Policía del Chubut en su chacra ubicada en Las Golondrinas, en la que perdió pertenencias en el histórico incendio de cordillera de marzo. A 4 años del asesinato de Santiago Maldonado, otro crimen de Estado.
La degradación de un régimen político no se mide solo en el incremento de la pobreza o la desigualdad social. El abordaje estrictamente policíaco de cuestiones que atañen a la salud pública, -en este caso al ámbito de la salud mental-, expone los límites de cualquier legislación concebida para combatir estas prácticas. La ejecución de Martín “Tino” John, vecino de Las Golondrinas, -uno de los barrios afectados por los históricos incendios en cordillera de marzo último-, y el disparo al estómago del músico “Chano” Charpentier en Exaltación de la Cruz, a más de 1700 km de distancia, dejan al descubierto algo mucho más profundo que el incumplimiento de protocolos para atender casos de padecimientos mentales o de consumo problemático de sustancias. Así como la crisis humanitaria que vive el mundo a raíz del contexto pandémico en que se encuentra se explica en la depredación del medioambiente y el negocio de las grandes farmacéuticas y el gatillo fácil en la necesidad de disciplinamiento y control social de los sectores populares por fuerzas de seguridad adiestradas para la defensa de la propiedad privada, las tramas que hacen a la proliferación cada vez más vertiginosa de asuntos que hacen a la salud mental también implican lecturas que vayan más allá de la sintomatología. Sin rodeos: nos encontramos en presencia de fenómenos que dejan al descubierto los estertores de un sistema económico-social que merece ser abolido por la intervención independiente de las masas. Es en la irracionalidad que prima bajo el capitalismo donde deben encontrarse explicaciones del por qué no estamos solo ante una problemática de cumplimiento o no de una reglamentación. Entrevistamos a Claudia Costa Basso, compañera y testigo del asesinato de Tino John, y hacemos un breve repaso por el protocolo de las fuerzas de seguridad para abordar estos casos. Veamos.
El 9 de marzo último un incendio de proporciones desconocidas para zonas urbanas arrasó con 5 barrios de la Comarca Andina del paralelo 42 en Chubut, cobrándose la vida de al menos 4 personas y dejando decenas de heridos. El siniestro se desarrolló en zonas boscosas que no contaban con el mantenimiento del Estado tanto en líneas eléctricas, de gas como también en la maleza. A su vez, gran parte de la zona fue terreno del negocio de la madera durante décadas, en la que se sacrificó bosque nativo y se lo reemplazó por especies exóticas, en general pinos canadienses, mucho más propensas al fuego. “Tino” John era un comerciante de la zona que había heredado 6 hectáreas en Las Golondrinas, lugar en el que además impulsaba producciones relacionadas con la agricultura. Logró salvar su casa, pero no el galpón, invernadero y frutales que tenía en la propiedad. Las anunciadas ayudas del Estado -en sus expresiones Nacional, Provincial y Municipal- nunca le llegaron. Eso contribuyó a que su salud mental se resintiera. Padecía bipolaridad, por lo que hacía años estaba medicado al respecto, le cuenta a Política Obrera Claudia Costa Basso, su pareja durante los últimos 15 años. Esa situación combinada con una presunta ocupación de una parte de su terreno por desconocidos, lo habría llevado a un pico de estrés y a responder con disparos al aire durante la jornada del 26 de mayo. Vecinos habrían realizado la denuncia, que fue respondida con la visita de la Policía del Chubut durante esa tarde, aunque se retiraron porque habrían evaluado que era una acción de riesgo.
En 2013 el ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré aprobó las “Pautas para la Intervención de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad con el objeto de preservar la seguridad en situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental o en situación de consumo problemático de sustancias en riesgo inminente para sí o para terceros”. Como su nombre lo indica, allí se establecen procedimientos para el abordaje de casos como el de “Tino” o “Chano”. Sin embargo, de la descripción de Costa Basso todo parece indicar que poco importó su cumplimiento. A media mañana del 27 de mayo mientras se disponía a ingresar a la chacra en la que convivían con Tino, se topó con personas en posición escondidas dispuestas a avanzar. Su compañero la esperaba en su casa. En fracciones de segundos varios efectivos del Grupo Especial de Operativos Policiales (GEOP) del Chubut ingresaron a la fuerza al domicilio, maniataron inmediatamente a la mujer y fueron por “Tino”, que escapó con su rifle hacia un cuarto en el piso de arriba de la vivienda. Desde afuera tiraron una granada sonora lumínica hacia el cuarto, se escucharon gritos y tiros. Costa Basso seguía precintada y gritaba por “Tino”. Por varios minutos nadie respondía. A la media hora le intentan dar la orden de allanamiento, pero ella continuaba exigiendo respuesta por el estado de salud de su pareja, hasta que en un momento ve a un efectivo con el portafolio de Policía Científica y escucha por un Walkie Talkie que sale la voz pidiendo confirmar la muerte de “Tino”.
Las pautas mencionadas establecen que: “La finalidad de la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad es preservar la seguridad de estas personas, como también, facilitar las condiciones para la correcta intervención de los servicios de salud y sociales, asegurando el contacto con algún familiar o persona allegada”. Agregan que: “La atención inmediata del equipo de salud es la primera estrategia de mayor utilidad y prioridad en estas situaciones de urgencia”. Remarcan en un recuadro con tipografía en mayúsculas y negritas que: “EL USO DE LA FUERZA PROVOCA EFECTOS ADVERSOS A NIVEL FÍSICO Y PSICOLÓGICO TANTO EN LAS PERSONAS INMOVILIZADAS CONTRA SU VOLUNTAD COMO EN EL PERSONAL RESPONSABLE DE REALIZAR ESTA TAREA”. Sostienen: “Para abordar la situación de riesgo para la seguridad en forma clara y no confrontativa, se debe evitar el uso del arma. El arma debe ser mantenida en un lugar no visible durante la contención”. Sugieren la realización de preguntas para evaluar la conciencia de la persona a tratar y destacan, nuevamente en un recuadro y en negritas: “RECUERDE QUE SOLICITAR LA ATENCIÓN INMEDIATA DEL EQUIPO DE SALUD ES LA PRIMERA ESTRATEGIA DE MAYOR UTILIDAD Y PRIORIDAD EN ESTAS SITUACIONES DE URGENCIA, PARTICULARMENTE CUANDO LA EVALUACIÓN INICIAL PERMITE SOSPECHAR O INCLUSO CONFIRMAR LA INTOXICACIÓN O ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS, O BIEN LA PRESENCIA DE OTROS PADECIMIENTOS FÍSICOS O MENTALES”. Indican que: “Informar rápidamente que la presencia del agente no responde a que haya cometido un delito, que se está allí para ayudar”. Y, entre muchas otras cosas, resaltan que: “Debe entenderse que no se trata de un problema esencialmente policial. Incluso cuando se esté frente a la comisión de un delito”.
“No se tomaron todos los protocolos que se tienen que tomar y no se tuvieron en cuenta todos los recaudos para los casos de salud mental que está bien especificados y hay muchas entidades pare ello”, denuncia Costa Basso. Informa que un “juez toma una decisión a 180 kilómetros de acá -Ricardo Raúl Rolón, desde Esquel- y la orden de allanamiento llegó mucho después de que a ´Tino` lo habían matado”. Prosigue: “Mandan a un grupo especial como si fuera un terrorista. Era un paciente psiquiátrico y no tomaron ningún recaudo”. Exclama entristecida e indignada: “¡Cómo puede ser que si sabían que era un paciente psiquiátrico le tiran una bomba de estruendo cuando estamos en un lugar chiquito y son 20 contra 1 y Tino con un rifle 22!”.
Ante la pregunta de si algún efectivo resultó herido en el operativo, contesta: “El ministro de Seguridad dijo que afortunadamente no hubo ningún policía herido. Acá hay una seguidilla de cosas, errores en el procedimiento por donde lo mires, y sobre todo hay muchos actores que cometieron errores por acción y omisión. Desde que empieza la orden de allanamiento a 180 kilómetros, en todo ese caminito que llega a un disparo en la cabeza, creo que hay muchísimas irregularidades, falta de valor a la vida, de capacitación, de educación”.
Consultada sobre quiénes investigan la causa, responde que “los mismos que están involucrados. Hoy escuché en radio que los efectivos del GEOP que actuaron ahí siguen trabajando tranquilamente. Ni siquiera los suspendieron ni los apartaron, nada. Eso se pidió el 31 de mayo y hasta ahora no se cumplió”. A ello se agrega un trascendido de que se habrían “borrado” las imágenes captadas por las cámaras de la GEOP en el fusilamiento. Costa Basso exige que se aparten a todos los involucrados en el caso, “en especial a las fuerzas de seguridad como a los actores judiciales, de la investigación, y que se hagan por fuerzas independientes o distintas”. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se presentará como querellante en la causa a instancia de la Regional Noroeste del Chubut de la organización. “A mí me destruyeron la vida y a ´Tino` se la arrebataron. Esto se podría haber evitado tranquilamente si cada persona que actuó, que tuvo que ver en este, entre comillas, procedimiento, estuviera capacitada, fuera humana, hubiera hecho bien su trabajo”, cierra la entrevistada.
El contexto
Mientras la GEOP fusilaba de un disparo en la cabeza a “Tino”, a 800 kilómetros la cúpula de la Policía del Chubut, el ministro de Seguridad Federico Massoni y el resto del Ejecutivo provincial se encontraban negociando cuestiones salariales. Ese mismo día trascendió una presentación de renuncia del mencionado ministro, -hoy también candidato a senador por Chubut Somos Todos- en solidaridad con los efectivos, al considerar que se los estaba discriminando respecto al resto de los empleados estatales en la forma de pago de salarios atrasados. Es que las arcas provinciales se encuentran literalmente quebradas desde hace una década aproximadamente, cuando las políticas de endeudamiento pegaron un salto. Esto provocó que a partir de fines de 2017 se profundizara el ajuste sobre los trabajadores y servicios del Estado y se intentara avanzar con la megaminería. La respuesta fueron enormes movilizaciones en todos los puntos de la provincia durante los últimos 4 años. En el transcurrir quedó más en evidencia que nunca que la provincia es gobernada por las petroleras, mineras y grandes terratenientes, como es el caso de Benetton. Un día como hoy se produjo la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado por solidarizarse con la lucha de la lof en Resistencia Cushamen y exigir la libertad del lonko Facundo Jones Huala. La cordillera chubutense y rionegrina desde entonces vive una acelerada militarización en defensa grandes terratenientes, muchos de ellos extranjeros, con la consecuente criminalización de la protesta social y el estímulo a la impunidad de las prácticas de las fuerzas represivas, -las “legales”, como las ilegales, es decir el narcotráfico y la trata de personas, entre otras.
A nadie puede extrañar, entonces, la entonación de cantitos “fascistoides” en la Policía del Chubut, una práctica recurrente en todas las fuerzas de seguridad, aunque esta vez se hayan esgrimido como adelanto de spot electoral en favor de Massoni: "Piquetero, piquetero, ten cuidado, ten cuidado, una noche muy oscura a tu villa entraré”, trascendió en el video publicado en medios oficiales del ministerio de Seguridad. Massoni se dispone a una campaña de corte fascista, al mejor estilo Donald Trump o Jair Bolsonaro, inspirada en las expresiones vernáculas de estos personajes como Patricia Bullrich o el propio Sergio Berni, ambos justificadores seriales del gatillo fácil en nuestro país. Chubut llega al lanzamiento de la campaña electoral entre la contradicción del sostenimiento de la “gobernabilidad” de Arcioni por todo el arco político y las exigencias de recomposiciones salariales tras dos años de congelamientos de sueldos y paritarias estatales, es decir un escenario potencialmente explosivo. El crecimiento de la “mano dura” es la contracara preventiva a la defensa de las conquistas obreras, que, como dijimos, se viene expresando en las calles hace varios años, es decir, es la expresión cruda y sin metáforas de la lucha de clases, de la que no quedan eximidas ni siquiera la alicaída clase media argentina, a la que pertenecen tanto “Tino” como “Chano”. Ninguna legislación, por progresiva que sea, será suficiente para combatir las siniestras consecuencias de la descomposición social. Las exigencias de justicia por “Tino” y “Chano” se entrelazan, de este modo, con las movilizaciones en defensa propia que ensayan las autoconvocatorias y coordinadoras embrionariamente contra el ajuste en todo el país. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmará todo el arco político patronal tras las elecciones anticipa mayores choques sociales y distintas formas de “gatillo fácil”, que es en última instancia la manifestación colectiva que tiene el capital de responder cuando se siente amenazado y/o desorientado.
