Cierre de paritarias: un nuevo golpe contra los trabajadores de la Salud

Cuando el Ministerio de Salud de la Nación notifica que la variante Delta se reproduce de forma autóctona en el país, sin nexo epidemiológico con viajes internacionales, los gobiernos de CABA, Nación y las empresas prepagas se complotaron para darle un nuevo mazazo a los trabajadores de la salud en el cierre de las negociaciones paritarias.

En el caso de la salud privada, los Fernández cedieron al lobby de Belocopitt y los sanatorios y terminaron convalidando un tarifazo del 41%, en cuatro cuotas acumulativas del 9%, muy por encima del aumento del 26% que había autorizado en la previa un fallo judicial. Si se suman a los incrementos de las prepagas de abril y mayo, el acumulado a enero del 2022 alcanzará un 61% (Página/12, 30/7).

Después de menear con una supuesta “estatización”, el oficialismo perpetró esta operación de rescate al capital contra los usuarios de la medicina privada, es decir, contra los trabajadores. Si bien las empresas aducían tener “tarifas congeladas” por el único aumento de 10% en 2020, lo cierto es que solo una minoría de sus usuarios pagan la “tarifa pura” -1,2 millones de personas. La mayoría -4,8 millones- son trabajadores que derivan sus aportes desde las obras sociales, por lo que cuando aumentan sus salarios las prepagas incrementan su recaudación.

Tal como quería la burocracia de Sanidad, el tarifazo permitió desbloquear el aumento de un 45% en cuotas en la paritaria. La burocracia de Daer actuó a lo largo de todo el conflicto como escudera de las empresas, amenazando con medidas de fuerza que luego levantaba para forzar la negociación a favor de los intereses patronales. Esto provocó una fractura con una tendencia huelguística que se expresó en todo un sector de delegados y de las bases de numerosas clínicas y empresas, que buscaron convertirse en protagonistas de una lucha en regla por el salario. Con las cuotas del 45%, el salario de un trabajador de la salud privada permanecerá al nivel de la canasta de pobreza.

A pesar de seguir de atrás a una inflación que en 2021 se proyecta al 50%, este aumento no deja de estar por encima del que cerraron las burocracias de Sutecba y Médicos Municipales con el gobierno de Larreta, de apenas un 40% en cuotas para la salud pública. El desnivel en acuerdos de un mismo rubro, que cerraron a horas de distancia, refleja la exigencia del FMI de ajuste en los gastos del Estado, de un lado, y la política gubernamental de vaciamiento de la salud pública en beneficio de la privada, del otro.

Es un paso más que apuntala el éxodo de miles de enfermeros que están renunciando al hospital público para tomar cargos en el privado. El ministro Quirós quiere reforzar esta fuga con el cierre definitivo de las concurrencias, que redundará en una privatización de la capacitación profesional para la cual ya conchabó a las camarillas que dirigen la UBA (que vienen de posicionarse del lado de Vidal en la interna porteña de Juntos).

De acuerdo a la paritaria firmada por Sutecba, una enfermera recibirá como “plus sanitario” por su labor en la primera línea una suma de… 2.217 pesos, que se ajustarán a 2.699 en el mes de diciembre. El inicial de enfermería llegará para esa fecha a 62.562 pesos. Todo esto rubricado por una burocracia que no convocó a medida de fuerza alguna, a pesar de lo cual sus personeros dicen encabezar una “oposición” política al macrismo porteño en las listas del Frente de Todos. A contramano de esta entregada, se sucedieron paros como el del Durand, votados en asamblea por los trabajadores del escalafón general.

En el caso de Médicos Municipales, la burocracia de Gilardi logró imponer una nueva paritaria a la baja a pesar del voto no positivo de algunos sectores que se desprendieron de la actual conducción, a los que se sumó la Lista 10 (PJ-K) y el Frente de Recuperación Gremial (FRG). Estos últimos coincidieron en reclamar que el acuerdo paritario pase por la consideración de asambleas por hospital. Sin embargo, este pedido no fue acompañado por la convocatoria a dichas asambleas en los hospitales que dirigen.

En el caso de residentes y concurrentes, la voluntad de diferentes sectores de ir a la huelga por el salario se expresó, por ejemplo, en la asamblea del Ramos Mejía que se pronunció en ese sentido. Esta definición fue desalentada por el aparato oficialista del PO, que en los momentos cruciales de definición de la paritaria maniobró para que las medidas de fuerza quedaran “para más adelante”. Antes, había evitado que en la marcha que se realizó durante el único paro convocado por la burocracia se votaran acciones para darle continuidad al plan de lucha.

En un sentido inverso, puede destacarse la pelea de los compañeros del Hospital Moyano, que enfrentaron el cierre paritario con piquetes y asambleas que atrajeron a trabajadores de distintos hospitales de la zona sur. Esta movida empalmó con la de los trabajadores autoconvocados del Garrahan, que se resisten a la rebaja salarial impulsada, en ese caso, por el ministerio de Vizzotti.

La ofensiva contra el salario emprendida por los gobiernos de la grieta, las patronales de la medicina privada y las burocracias sindicales es solo una más de las que tienen reservadas para los trabajadores de la salud. La política aperturista, con su presencialismo laboral y educativo, es todo lo que necesita la variante Delta para volver a colapsar a las salas y terapias. Las luchas y autoconvocatorias en la salud pública y privada llegaron para quedarse y sus enormes desafíos están por delante.

La defensa de un salario mínimo que alcance a la canasta familiar se torna incompatible con el régimen político que destruye la vida y la salud de las masas. Será la obra de un gobierno de trabajadores.