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Desde este lunes, la tarifa de colectivo en la ciudad de Rosario habrá pasado de $45 a $49,50, lo que representa un 10 % de aumento y el segundo en lo que va del año. El intendente Javkin y el conjunto de los bloques políticos que habitan el Concejo Deliberante aprobaron hace un año la “emergencia en el transporte”, lo que significó para los rosarinos un recorte de líneas que desconectó a gran cantidad de los barrios del centro de la ciudad, además de que reforzó los “superpoderes” del intendente para aumentar el boleto dos veces al año bajo su exclusiva discreción.
Este decreto a medida de las patronales no tuvo diferencia de colores ni pelaje a la hora de votarlo, y como señalamos en las páginas de Política Obrera, desde el Frente Progresista en sus diferentes variantes, pasando por el PJ y Juntos por el Cambio y hasta los “centro-izquierdistas” de Ciudad Futura, levantaron la mano contra el bolsillo de los rosarinos.
La secretaria de Movilidad y Transporte, Eva Jokanovich, ha manifestado una sentencia que no se le escapa a ningún rosarino: “la realidad es que el servicio no se puede sostener”. Las empresas que regentean el transporte local (Movi, Cacique Ros Rosario Bus) a través del Ente de Movilidad de Rosario han manifestado que el último “estudio de costos” realizado por el organismo coloca el boleto en $163. Aducen que la inflación, el aumento de los costos de los combustibles, el aumento de salario para los choferes y la baja cantidad de pasajeros que usaron el transporte durante la pandemia funcionan como factores para justificar el tarifazo. Esta reacción de las empresas prestadoras del servicio se dio automáticamente de que en Córdoba las patronales del transporte ubiquen su tarifa a $50.
Las patronales han buscado hacer pasar el tarifazo como parte de la imposibilidad de hacer funcionar el transporte con la cantidad de subsidios que reciben de nación. Reclaman que la tarifa de $18 que se sostiene en Capital Federal es inviable de sostener en las provincias, que se verían obligadas a aumentar por lo menos dos veces al año. La realidad es otra. Las patronales del transporte local se han visto beneficiadas por subsidios multimillonarios, que no han ido a parar ni a el bolsillo de los choferes (que están en constante conflicto y alerta por el incumplimiento de la liquidación de los salarios) ni a la mejora de las unidades, que como advertimos, han sido recortadas en medio de una pandemia.
Lo que las empresas pretenden es cargar sobre las espaldas de los trabajadores de la ciudad que utilizan el servicio el peso de la enorme crisis económica que vive la Provincia y la ciudad durante de la pandemia. Su política y la de los partidos del régimen es trasladar esas pérdidas al bolsillo de los trabajadores. Rosario y el Gran Rosario, en medio del cuadro electoral, viven horas críticas por la enorme miseria, desocupación y hambre que vive la población. Toda medida confiscatoria al salario y al bolsillo popular debe ser rechazada y combatida mediante la movilización de los trabajadores y usuarios, que deben trabajar en un frente común contra las patronales responsables de esta situación.
Los libros contables de las empresas deben ser abiertos para corroborar cual fue la verdadera ruta de los subsidios. Estas empresas privadas son las responsables de tener en vilo constantemente a miles de trabajadores rosarinos que viajan en transporte público. El servicio debe ser estatizado bajo control de trabajadores y usuarios. La tendencia a la coordinación de las luchas se debe profundizar. Unificar los reclamos de los docentes, estatales, profesionales de la salud, choferes y trabajadores precarios es una tarea fundamental para el movimiento obrero de la región.
