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Los cinco sindicatos docentes (CTERA, CEA, UDA, AMET y SADOP) se reunieron el lunes pasado con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en el marco de la promesa oficial de reabrir las paritarias. Página/12 informa que el resultado de la reunión fue igual a cero. “Concluyó sin definiciones salariales y pasó a cuarto intermedio, por lo que volverán a sentarse a negociar en los próximos días” (Página/12, 9/8).
Los sindicatos, como de costumbre, concurrieron a la reunión sin el mandato de sus afiliados. CTERA dio a conocer luego de la fracasada reunión que su reclamo es que “los salarios superen el índice de la inflación programado para este año, que rondará entre el 45 y el 50%”; y que el aumento de las 11 provincias que cobran por la caja nacional, también se ajusten en esos términos (CTERA, 9/8). A principios de año, la burocracia firmó un aumento del 34% en tres cuotas – 29% anualizado (ver “La paritaria nacional de la infamia”, Política Obrera 1/3). Ahora, Sonia Alesso y cía, solicitan un 11% de “aumento”, cuando la inflación anual se acercará al 60%. Sergio Romero, de UDA, enrolada en la CGT, declaró que, en la reunión, no se llegó a ningún acuerdo porque los sindicatos “rechazaron la propuesta salarial del gobierno por insuficiente” (Info Gremiales, 9/8). Según el mismo medio, la “oferta” del ejecutivo fue del 40%, pero la información no fue confirmada por ninguna entidad sindical.
La burocracia sindical vuelve con el verso de que “el salario le gane a la inflación” y los porcentajes, para volver a acordar sumas en negro, por fuera del salario básico -y por lo tanto no impacta en las jubilaciones- y, seguramente, en nuevas cuotas. Lo concreto es que el salario básico de un docente recién en septiembre será de $37.000, la mitad de una canasta de pobreza y quedando kilómetros de distancia de una canasta familiar, calculada alrededor de los $120 mil pesos. Por este motivo, un número cada vez mayor de compañeros y compañeras, están engrosando las filas de trabajadores sumergidos en la pobreza, la mitad de la población activa en todo el país. La docencia es empujada a super explotarse trabajando hasta tres cargos o a realizar trabajos por fuera de la educación para poder llegar a fin de mes. Esta política inocultable de ajuste salarial -en medio de una pandemia- forma parte de los “deberes” que el FMI le está exigiendo al gobierno para firmar un acuerdo que será ruinoso para los intereses de los trabajadores.
Con respecto a la presencialidad escolar, los sindicatos plantearon que las provincias “aceleren y completen” el cronograma de vacunación de la segunda dosis para los docentes y reclamaron la convocatoria a la comisión de seguimiento de los protocolos. Los “protocolos” son ignorados sin que el gobierno nacional ni siquiera se inmute. Los gobiernos opositores de Larreta, en CABA, y Rodolfo Suárez, en Mendoza, avanzan hacia una presencialidad completa. Por el mismo camino se encuentra Kicillof en la provincia de Buenos Aires, alentando lo que oficialistas y opositores dan por hecho -y Quirós calificó como “inevitable”-: una nueva “ola” de la variante Delta. En Estados Unidos, a pesar de la vacunación, se está produciendo un contagio récord entre los menores de edad. El gobierno de Río de Janeiro, en Brasil, ha suspendido las clases presenciales nuevamente por la explosión de casos.
La docencia de un conjunto de provincias se encuentra enfrentando la política de ajuste salarial del gobierno nacional y los gobernadores. En Chubut, el sindicato Atech ha convocado a un paro de 48 horas para la semana que viene, en reclamo de recomposición salarial. En Chaco, SITECH reclama la convocatoria a la comisión técnica salarial y ha decretado un paro para el jueves 12. En Salta, la docencia autoconvocada se encuentra en una huelga indefinida que se extiende por toda la provincia, protagonizando cortes de ruta y movilizaciones cada vez más numerosas. Este es el camino que deben tomar los trabajadores para defender el salario y el conjunto de sus reivindicaciones.
Reclamamos la apertura inmediata de las paritarias. Planteamos un aumento del 60% de salarios y jubilaciones y un sueldo básico acorde a la canasta familiar ($120 mil pesos), indexado por inflación. Ninguna cifra por fuera del básico y rechazo a las cuotas. Que ningún acuerdo se firme sin el mandato de la docencia. Salario de emergencia para los que no pudieron acceder a cargos/módulos por la pandemia. Por asambleas y plenarios de delegados con mandato en todos los sindicatos docentes para organizar la lucha.
