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El affaire de Olivos es sólo otro episodio de una crisis política iniciada con la interna planteada dentro del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe, que dividió aguas en el oficialismo gobernante, quebrándolo a la mitad. Es decir, las repercusiones en el marco de la campaña electoral ya largada, no han cesado. La riña política, como veremos, se manifiesta en otros poderes del Estado, más allá del ejecutivo, pero conservan un hilo conductor claro y protagonistas que, desde la asunción de Perotti, son el centro de atención.
Las negociaciones en torno al quebranto de Vicentín son un reguero de maniobras constantes. Por acaso, el directorio actual ha propuesto una oferta al pago de las acreencias de un 25% sobre el total del pasivo, cuyos cumplimientos tienen un plazo de hasta 20 años. Dicho ofrecimiento es una excusa para aplazar los tiempos, algo que en definitiva el juez del concurso va a prorrogar a pedido de todas las partes. La misma, según fuentes periodísticas, permitirá que una nueva oferta pueda ser presentada para marzo del 2022. A toda costa lo que se quiere evitar es una liquidación de la Vicentìn SAIC, al menos si no es al precio por lo cual se la quiere adjudicar Glencore, Molinos y ACA (los únicos que, hasta donde se conoce públicamente, están negociando la compra de la empresa). Entonces los negociados seguirán rigiéndose por los contratos de “fazón”, una suerte de tercerización de las instalaciones e insumos de estos complejos oleaginosos, pero sin modificar la titularidad de sus activos.
En esta sintonía, la Mesa de Enlace ha puesto el grito en el cielo exigiendo el fin del ceso a la exportación de carne. Sucede que desde el decreto de AF, los capitalistas de este sector han alertado ante la caída del 30% de la venta de carne bovina, por ejemplo. “Todos perdimos”, señala la carta firmada por una serie de entidades, entre ellas, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, cuyo titular manifestó: “Queremos hacerle entender al gobierno de Fernández, que es de mi partido, que estas cosas no nos llevan a nada, sólo a perder fuentes de trabajo y a que la carne siga aumentando” (La Nación, 18/08).
La oportunidad de estas manifestaciones está vinculadas a que este próximo 31 de agosto pierde vigencia el decreto de Fernández, si es que no decide prorrogarlo hasta fin de año. ¿Qué hará Perotti? Le reclaman las exportadoras. Lo que sabemos es que, hace menos de una semana, fue nuevamente cuestionado luego de la presentación del “Programa Carnes Santafesinas 2030”, por no haber escuchado sus opiniones. Como hemos mencionado en anteriores artículos, la fractura del Frente de Todos es la manifestación de intereses sociales concretos en cuya perspectiva asoma el acuerdo con el FMI.
En definitiva, estos aspectos cruciales están circunscriptos a la salida política que intenta la burguesía sobre la crisis en curso. De la misma forma que la modificación del calendario electoral fue una maniobra para descomprimir el impacto de la gestión capitalista de pandemia del gobierno nacional y provincial, la variable tiempo es determinante cuando la incertidumbre política recorre a todas las clases sociales.
Por lo pronto, en el terreno político, quien manifiesta esta divergencia sigue siendo Agustín Rossi – “la defensa de Santa Fe” es la de los pulpos agroexportadores y los pooles de siembra. Pero curiosamente achaca a Perotti de estar pergeñando una transición, al estilo Schiaretti: un posperonismo fuera del FdT.
Para que esta “avenida del medio” cumpla su cometido, deberá atravesar sucesivas crisis, en especial el resquebrajamiento institucional que subyace en el Estado provincial. Por caso, un viejo conocido, Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de la provincia, se encuentra nuevamente envuelto en un escándalo a raíz de la supuesta filtración de grabaciones vinculadas a investigaciones en torno al lavado de dinero.
Bajo ese rótulo es que la legislatura tratará si es intimado a comparecer para dar explicaciones por ello. Se suma al pedido de que debe abandonar le Oficina de Investigaciones, un cargo del Ministerio Público de la Acusación, en el poder judicial, ya que ocupaba un cargo político y judicial mismo tiempo y es susceptible de graves sanciones administrativas. Quien comanda dicha cuestión es Lisandro Enrico, senador por la UCR, quien otrora votara en contra de quitarle los fueros a Traferri (hoy a la espera de una audiencia imputativa por la comisión de delitos en torno a una asociación ilícita de juego clandestino y principal acusado por Saín durante su gestión). Entre bueyes no hay cornadas si se trata de la “defensa corporativa” de los miembros del recinto y sus negociados.
Si todo eso sonaba a poco, la investigación contra Traferri cuenta con nuevos elementos que lo vinculan con un narcotraficante y una red de policías, quienes fueron relocalizados por el senador luego de las denuncias en su contra. En este entramado ocurrido en el 2018, se evidenciaron compras facturadas con subsidios del Senado e involucran a cinco senadores más – no sólo peronistas. Esta es la complejidad que inunda la situación política de la provincia.
Repetimos: las primarias no pasarán desapercibidas para ninguna de las fuerzas en presencia.