Repudiamos la persecución a las organizaciones de desocupados

El fiscal Marijuan ha iniciado una acción penal contra los dirigentes de dos organizaciones de desocupados, el Polo Obrero (oficial) y la OCR, en base a testimonios recogidos por un canal de televisión después de la marcha del pasado 18. Sin que exista un fallo, y ni siquiera el debido proceso, Marijuan solicita al Ministerio de Desarrollo Social que la asistencia a esas organizaciones se interrumpa. Al fiscal, en cambio, ni se le ocurre sentar en el banquillo al propio Estado y al propio Ministerio, que está incumpliendo notoriamente sus compromisos con las organizaciones de desocupados, incluso para el pago de planes que no llegan ni a la mitad de la actual línea de indigencia. El atraso en la asistencia, denunciado por todas las organizaciones de desocupados, es una provocación contra familias y trabajadores que dependen de un plan para sus necesidades más elementales. Estos incumplimientos preparan el terreno para un recorte más general de la asistencia social. Ese recorte está en la agenda del acuerdo con el FMI, que el gobierno se apresta a firmar después de las elecciones – y espera avalar en el Congreso nacional, con los votos de oficialistas y opositores.

La denuncia de Marijuan está al servicio de ese ajuste, aunque se vista de “anticorrupción”. No hay nadie más corrupto que el propio Estado capitalista y su aparato de punteros, en primer lugar, en todo lo que tiene que ver con una asistencia social que es manejada en un 90% por agentes directos o indirectos del Estado y los gobiernos. La lucha contra el punterismo y la manipulación de la pobreza es una lucha contra el Estado. Nunca vendrá de la mano de su aparato de funcionarios, jueces o fiscales. Reivindicamos la soberanía de las asambleas de trabajadores como método democrático para la administración de las conquistas y reivindicaciones arrancadas. Sí a la democracia obrera. No a la persecución estatal a los desocupados. Todas las organizaciones y partidos que participan de este proceso electoral deben pronunciarse sobre este atropello a la democracia y a las organizaciones obreras y sociales.

Política Obrera

Jorge Altamira (precandidato a diputado Buenos Aires)

Marcelo Ramal (precandidato a diputado CABA)