Un planteo obrero para la crisis del sistema de Salud

En el contexto de la pandemia, la variante Delta azota a Israel -uno de los países con mayor índice de vacunación- y plantea un pico en septiembre para Estados Unidos. El pico en nuestro país se proyecta para mediados de septiembre, pero el gobierno no ha dado un solo paso adelante en la recomposición del sistema sanitario. Todo lo contrario, su campaña electoral hace eje en la apertura total de las restricciones y un punto final a las medidas sanitarias de prevención. Todo indica que las PASO estarán surcadas por la “tercera ola” de contagios.

El punto más sensible del colapso del sistema sanitario es la precarización del trabajo de enfermería, médicos y profesionales en general, residentes y concurrentes, etc.; su falta de reconocimiento y jerarquización, sobreexplotación laboral, trabajos múltiples, confiscación impositiva. No ha sido la pandemia la que produjo estas condiciones, sino que es un proceso previo que se encuentra estrechamente vinculado a la crisis social general.

El colapso de un sistema

Actividades como salud y educación que se desarrollaron en ascenso como sinónimo de un progreso histórico, hace años que se encuentran en declive.

Las pérdidas de ganancia en la producción capitalista de mercancías, condujo a las políticas de lo que se denominaron “reformas de segunda generación”. Esto es el intento por transformar en rentables la salud y la educación, hasta entonces servicios de carácter público.

A nivel internacional, la privatización de la salud dio entrada al capital financiero en el sistema sanitario. Así surgen los seguros y pólizas de salud para los trabajadores. Pero la privatización de la salud llegó a un nivel insoluble, ya que el retroceso de la precarización laboral y los límites al consumo popular también impactaron en el “mercado” de la salud. Los gobiernos capitalistas tuvieron que hacer reformas para asistir sanitariamente a la población que no podía pagar en un mercado que no se desarrollaba. Estas reformas, sin embargo, no han significado una reestatización, porque ello implicaría un choque con los intereses privados.

Argentina

Este proceso se desarrolló en Argentina bajo el gobierno de Menem-Cavallo mediante la llamada “desregulación de las obras sociales”. A través de la libertad de opción de los afiliados en relación a su servicio de salud, se fue creando un proceso de concentración del negocio de la salud que asoció a los empresarios de la medicina prepaga con la burocracia de los sindicatos, que tercerizaron en clínicas y sanitarios privados sus servicios de salud.

Pero también se llegó a un límite, pues las prepagas viven de las obras sociales y las obras sociales se nutren de los aportes de sus trabajadores. La precarización laboral, el trabajo en negro, la caída del salario, la tercerización y la desocupación ponen un límite al negocio. La sobreexplotación y precarización del personal de primera línea de salud ha sido una de las variables de ajuste, para compensar la falta de rentabilidad de los capitalistas en esta contradicción del régimen de privatización.

Esta contradicción es la que se ha detonado con la pandemia del Covid. Cuando más se necesitaba un fuerte sistema de salud, lo que tenemos es un sistema colapsado por la degradación laboral y la falta de recursos.

Para los capitalistas de la salud privada, la degradación del sistema público es una condición indispensable para achicar la prestación del privado, ya que no se podría sostener la competencia de un sistema con el otro.

Una salida que agrava la crisis

El gobierno de “Todos” plantea, en este escenario, una “nueva integración”, eufemismo que significa poner el sistema público al servicio del sistema privado en crisis, es decir un nuevo rescate al negocio capitalista de la salud.

La otra variante que se ha planteado es “el financiamiento del sistema de salud desde la demanda”, que impulsó el macrismo. Esto es la restricción del derecho a través de un voucher que permitiría un acceso limitado tanto en el sistema público como privado. El objetivo de fondo es destruir la incondicionalidad del sistema público de salud argentino.

La burocracia sindical es parte del negocio capitalista de la salud desde su corazón. Los aportes de los afiliados (trabajadores) van, a través de las obras sociales, a las prepagas. Por otro lado, son un factor de enorme presión sobre el Ministerio de Salud, en busca de reducir las prestaciones, es decir los costos. Entienden al sistema de salud no desde un ángulo obrero, sino desde un ángulo empresario, transformándose en cómplices de la precarización del sistema de salud en general y de los trabajadores en particular.

Nuestra propuesta

El personal de salud cobra salarios cuyo valor ronda los 66 mil pesos. Sólo se logra superar ese monto con jornadas extendidas que resultan extenuantes. Para la reconstrucción del sistema de salud, es necesario un salario mínimo igual al costo de una canasta familiar, hoy en 130 mil pesos, y una jornada de trabajo de 6 horas en el sistema de salud por el desgaste laboral que genera en los trabajadores.

La defensa del sistema público de salud debe comenzar por la unificación de convenios, acabando con el monotributo y el sistema de contratos precarios, para terminar con la fragmentación del régimen laboral.

La burocracia sindical de UPCN, Sutecba, ATE y Sanidad, es cómplice por su doble rol, bloqueando la democracia sindical, por un lado, al mismo tiempo que mantiene una alianza con los capitalistas de la salud.

Denunciamos las salidas de integración privatistas que evalúan el gobierno, las burocracias sindicales y patronales, y reivindicamos la centralización del sistema público y privado en un único sistema. Es decir acabar con el lucro mercantil en la salud y transformar definitivamente a la prestación de salud en un patrimonio público y social de la población.

Las pandemias son producto del profundo ataque al medio ambiente del sistema capitalista, que ha provocado desequilibrios climáticos, el desarrollo de virus y una histórica crisis humanitaria. Ha colocado a la salud de la población en una amenaza permanente poniendo en riesgo la vida misma y ha dejado al sistema de salud sin recursos para enfrentar esta pandemia y las que sucederán.

Es necesario definir y orientar la economía del país en la perspectiva de un esquema incondicional de atención sanitaria ante las reformas privatistas, que plantean una perspectiva de mortalidad para la gran mayoría de la población trabajadora – una “salida” de barbarie social.

La reorganización del sistema sanitario es una cuestión vital y depende de la dirección política las decisiones que deben tomarse de cara al futuro. Es indispensable la participación de los trabajadores en la lucha por la defensa de la vida, desde la formación de una perspectiva política socialista de los trabajadores.

Por eso, te llamamos a votar por los candidatos de Política Obrera en las próximas elecciones.