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Según dichos del ex ministro Arroyo hoy en día en la economía popular se agrupan alrededor de 3 millones de personas. Son trabajadores prácticamente sin derechos laborales en cooperativas de toda índole, desde el cartoneo hasta pequeñas producciones agrarias. A esto hay que sumar los municipios, que emplean por un plan a los compañeros para tareas de barrido y limpieza. Al momento esa es la propuesta que ha impulsado el gobierno frente al reclamo de trabajo genuino.
El gobierno se felicita por un ajuste del déficit fiscal de alrededor de 870 mil millones de pesos, parte de los deberes previos al acuerdo con el FMI sobre el ya raquítico presupuesto aprobado en el Congreso el año pasado. La preocupación para “atraer” inversores pasa por acelerar una flexibilización completa del régimen laboral. Esto es parte de un paquete de medidas de la mal llamada post-pandemia armado en Casa Rosada tras una serie de reuniones con las cámaras empresarias.
Desde hace meses sectores del empresariado rural llevan adelante una campaña anti-piquetera, aduciendo que los planes les impiden explotar a más de 150 mil trabajadores eventuales y que este año perdieron por eso un 30% de la cosecha. Es cierto, el subsidio si bien miserable, anualizado está por encima de la bruta explotación en las cosechas a cambio de un jornal que no contempla ni los costos de traslado ni la temporalidad del trabajo.
Lo correcto sería exigir estos puntos a los empresarios, sin embargo, el gobierno toma la política contraria. Con la aprobación del decreto 514/2021 que compatibiliza los beneficios y asignaciones de los planes sociales del Potenciar Trabajo con el del trabajo rural registrado. Apunta a una reconversión masiva de los planes sociales en un subsidio para las patronales agrarias en forma del 50% del costo laboral.
Este nuevo decreto es una verdadera precuela de la reforma laboral que los diputados se preparan a votar pasadas las elecciones. En el mismo sentido esta en discusiones la cuestión de las indemnizaciones, las jubilaciones y un alivio tributario al gran capital.
Zabaleta: “no va a haber más incorporaciones a los planes”
En una larga entrevista por las elecciones el flamante ministro Juan Zabaleta anunció el cierre de la inscripción a los planes sociales como parte de su política de ´empalme´ entre planes y trabajo formal. La única opción de acceder a nuevas altas será a través de la limpieza de los listados y de las bajas que informen las organizaciones. También negó cualquier tipo de aumento en los montos o bono para las asignaciones ya atrasadas.
Mientras continúa la pandemia, las familias buscan recomponerse por sus seres queridos perdidos y la baja de sus ingresos. Zabaleta pinta un panorama oscuro, ni más ni menos en el momento más crudo de la crisis económica y social se cierra toda posibilidad de ingreso a un mísero subsidio para los millones de desocupados que están sin nada. El ministro afirma que los cortes de calle de las organizaciones son por fines electorales, una forma más de negar la pobreza y las tasas de desocupación récord. Sin sonrojarse, asegura que Alberto Fernández debe tener un segundo mandato porque es un gobierno exitoso. ¿La inflación del 51%? No importa porque vamos a crecer.
Cuando le consultaron sobre qué tipo de representación gremial podrían tener esta masa de nuevos trabajadores precarizados, fue tajante, la UTEP es una entidad transitoria todo quedara encuadrado en la burocracia de la CGT. Toda esta información fue brindada livianamente mientras el ministro repartía 700 tarjetas alimentarias en el municipio de San Martín, por supuesto ningún fiscal se acercó a investigar si este acto de punterismo se daba en un marco de peculado o de malversación por parte del funcionario.
Hay que analizar la actual campaña judicial de ataque contra el movimiento de desocupados junto con el impulso a una precarización aún mayor del trabajo formal. El gobierno quiere ir por las conquistas históricas del movimiento obrero para rendir tributo a los fondos financieros y al FMI. Frente a esto las masas empobrecidas discuten la necesidad de una rebelión popular para enfrentar en las calles todo este paquete de medidas.
