Por una ley nacional de reconocimiento artístico y literario

Escribe Eugenia Cabral

Tiempo de lectura: 3 minutos

La necesidad de protección con una ley previsional a la vejez y/o la discapacidad para artistas y escritores es un tema de viejos debates que, a partir de los años 80, comenzó a tener respuesta por parte de algunos estados provinciales. Respuesta que, en general, se logró mediante movilizaciones y reclamos. Las principales leyes vigentes son las de La Pampa, Salta, Santa Fe, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, pero faltan en muchas provincias.

El otro problema es que estas leyes de restringido alcance territorial establecen diferentes requisitos para obtener el beneficio. Así, no solo abarcan grupos poblacionales disímiles -según la edad mínima requerida- sino que resultan muy dispares en el criterio de otorgamiento -acorde a distintas exigencias de desarrollo profesional- en el monto del haber (que se homologa según variados patrones), en la procedencia de los fondos para abonarlos (de Rentas Generales u otros), en si es haber vitalicio o heredable, en la compatibilidad con otra percepción de haberes, en si permite el acceso a obra social o no y otros detalles. Agreguémosle a esto que quienes residen en provincias o ciudades donde no existe tal beneficio quedan totalmente excluidos, y que las finanzas provinciales en algunos casos son más débiles e inestables y, en otros, más factibles de manipulaciones arbitrarias que la administración nacional. La demora, a veces muy larga, en abonar el haber termina siendo el resultado adverso.

Estas leyes que, en general, se denominan de “reconocimiento artístico” son diferentes de las jubilaciones que pueden llegar a obtener, por caso, los actores/intérpretes o los músicos, que acceden al beneficio jubilatorio mediante aportes realizados durante su actividad contratados por “industrias culturales”. En cambio, quienes se dedican a la literatura o cualquier disciplina del arte en forma independiente, esto es, sin contratos, o con muy escasos, con alguna “industria cultural” o entidad estatal, en la mayor parte de nuestras provincias carecen en la vejez de beneficio previsional y de obra social.

Dichos contratos -cuando se logran- habitualmente son precarios, circunstanciales y a menudo obligan a desarrollar lo que la “industria cultural” requiere, no lo que desea la creatividad. Por tanto, la mayor parte de escritores y artistas debe costear su actividad echando mano del propio bolsillo. Se paga para publicar, para actuar, para exhibir. Si se trabaja en “otra cosa”, al llegar a la edad jubilatoria habrá que aceptar el haber que corresponda según el gremio donde se haya ganado un salario, haber que no contemplará tampoco la “segunda actividad laboral” (literaria o de otras artes). El problema económico en la vejez y/o la discapacidad se torna entonces serio. En otras palabras: si usted decidió ser artista o escritor/a en vez de “trabajar”, jódase.

La creación de un régimen nacional de tipo previsional a la vejez y/o discapacidad por mérito, para los creadores del arte y la literatura es imprescindible. La pandemia en sus etapas más crudas dejó al desnudo la vulnerabilidad de nuestro sector. Y no ha terminado. Se espera la expansión de nuevas variantes de Covid. Las “industrias culturales” se comportan como el resto de las empresas capitalistas: pidiéndole socorro al Estado para conservar sus privilegios, en vez de destinar los fondos acumulados con la producción de los creadores y de los trabajadores culturales a socorrer a estos últimos. Y el Estado socorrió a las empresas y les dio un mísero IFE a los artistas y escritores, que suman cientos de miles en nuestro país. Tantos, que el ministro Bauer ni siquiera la enormidad de la cifra.

Ahora y especialmente después de las elecciones, en el Congreso Nacional TODOSJUNTOS van a votar a favor del acuerdo con el FMI. Ajuste al 100x100 sobre salarios y jubilaciones, gasto social, cultura, educación y otros rubros.

Empecemos ya mismo una campaña exigiendo el apoyo de las asociaciones y gremios del sector, para reclamar al estado y al gobierno una Ley Nacional de Reconocimiento al Mérito Artístico y Literario, sin aporte jubilatorio previo -compensando este mediante CV con actividades no asalariadas durante 20 años (o proporcionales, en caso de discapacidad)-, que abone tres jubilaciones mínimas y media, con cobertura médica total en la institución que fuere oportuna y necesaria, todo ello sufragado con fondos nacionales administrados por el Ministerio de Cultura de la Nación.

Para abonar el conjunto de estos beneficios y prestaciones, sería necesario que el estado les imponga un aporte específico a las glamorosas “industrias culturales”. No olvidemos que, de múltiples maneras, se apropian incluso gratuitamente de la producción creativa de artistas y escritores.

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