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La sostenida pauperización de las condiciones de vida de las masas chubutenses, el congelamiento salarial de 2 años a los trabajadores estatales y las dañinas consecuencias de la gestión capitalista de la pandemia, profundizan el descontento contra el debilucho gobierno de Mariano Arcioni, que viene de cosechar tan solo 36 mil votos de un padrón de 448 mil personas en las PASO. Como ocurriera hacia finales de 2017 y, en especial, en 2018 y 2019, las embrionarias autoconvocatorias de trabajadores estatales están dando paso a movilizaciones callejeras que concitan la simpatía de la población en general: los auxiliares de la educación asamblearon toda la semana en el ministerio de Educación y les arrancaron paros a las conducciones sindicales estatales para esta semana que comienza de 48 horas a UPCN y Soyeap, y 96 a ATE, que incluye el reclamo de los trabajadores del Servicio Provincial del Manejo del Fuego aunque sigue “haciendo la plancha” con el resto de las dependencia estatales. El SISAP concluyó una semana completa de paro con la realización de marchas de antorchas en defensa de la salud pública y de los salarios impulsadas por sus bases en Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Esquel. En Trelew más de 300 docentes autoconvocados, sin la presencia de la conducción de la ATECh, manifestaron su apoyo a la movilización de salud. Ante este resurgimiento de la oposición en las calles a las medidas de ajuste y la posibilidad de que la MUS se vuelva a juntar, se hace imprescindible impulsar una coordinadora de trabajadores estatales en lucha que exprese la unidad de las bases y aquellas conducciones sindicales dispuestas a resistir de verdad a estas políticas.
La gravedad de la situación obligó al gobierno provincial a ensayar un ofrecimiento de “recomposición” salarial que no hizo más que profundizar la bronca generalizada hacia su gestión: un “aumento” del 30% en 3 tramos, a terminar de cobrar en 2022, y cuya primera cuota del 10% sería absorbida por un bono de 5 mil pesos que otorgó el mes pasado. Debido al contundente rechazo Arcioni decidió otorgarlo por decreto, y se cobrará este martes. Ante la inminencia del vencimiento de deuda por más de u$s 110 millones, el ministro de Economía envió un proyecto de “megacanje” a Legislatura para reprogramar los pagos, que vencen entre mediados de noviembre y principios de diciembre. No es la primera vez que el gobierno recurre a una “reprogramación” de deuda: el año pasado logró el acompañamiento en la llamada Casa de las Leyes de la “reestructuración” de la deuda tomada en 2016 por el exgobernador Mario das Neves por 1.000 millones de dólares, comprometiendo a las futuras gestiones. El mecanismo de pago de la deuda desnuda un régimen político provincial de tintes neocoloniales: se devengan automáticamente los importes de lo recaudado por las regalías petroleras.
La complejidad del panorama habilitó todo tipo de especulaciones de cara a las elecciones generales de noviembre. Es que el oficialismo provincial de Chubut Somos Todos en las figuras del ministro de Seguridad Federico Massoni y del ministro de Salud Fabián Puratich sacó un magro 13% de los votos y el Frente de Todos apenas superó el 26%. Desde Nación hay preocupación porque, de sostenerse estos resultados, perderían 2 bancas en el Senado en manos de Juntos por el Cambio. Según ADN Sur (3/10), en las reuniones de esta semana entre Arcioni con Juan Manzur y “Wado” de Pedro se acordó no bajar las candidaturas de su espacio político pero sí “morigerar el contenido del mensaje, hacerlo más amigable con el gobierno de Alberto Fernández. En buen romance, que los candidatos de Arcioni ataquen con su discurso a Nacho Torres (Cambiemos), pero que dejen tranquilos a los candidatos del albertismo, y que no cuestionen las políticas nacionales”.
Por una coordinadora de trabajadores estatales en lucha
Los acuerdos entre el mal llamado arcionismo y el PJ-kirchnerismo no se pueden llevar adelante sin la intervención de las burocracias sindicales, en su mayoría afines al cristinismo. Por eso lo que prima por estas horas en las alturas del poder es la rosca política del “toma y daca”. Sin embargo, el gobierno provincial tiene poco margen para otorgar una recomposición salarial que deje conforme a los trabajadores. Precisa indefectible de una ayuda de Nación y de las maniobras de las conducciones sindicales. La crisis llevará necesariamente a acuerdos de cúpulas, lo que podría concretarse en un resurgimiento de la Mesa de Unidad Sindical (MUS), denostada por la inmensa mayoría de las bases debido a su rol de contención y desvío de las rebeliones de 2018 y 2019. Las migajas que están dispuestas a negociar las burocracias sindicales cobran mayor significancia si se las contrapone con la exigencia que puso en el tapete un sector de la policía esta semana, que incluyó una movilización a Casa de Gobierno: reclaman un básico de 100 mil pesos, es decir un aumento superior al 70%.
Una coordinadora de trabajadores estatales en lucha integrada por las bases movilizadas y aquellos sindicatos o activistas sindicales dispuestos a enfrentar de verdad las políticas de ajuste del gobierno se hace más necesaria que nunca. Su primer propósito sería reorganizar al activismo disperso y sumar a compañeros que fueron protagonistas en los últimos 4 años de resistencia en las calles a esta reestructuración reaccionaria del Estado impulsada por Arcioni y los Fernández. Sería contraponer la unidad del conjunto de los trabajadores al de las burocracias sindicales, es decir, una metodología democrática de combate a una de aparatos y oportunista. Una coordinadora de este tipo buscaría intervenir en los paros con medidas concretas de acción directa y pretendería tener un diálogo con el conjunto de la comunidad para sumarlas a sus acciones. La experiencia ganada en las rebeliones de 2018 y 2019 tiene que ser puesta al servicio de una intervención independiente de los trabajadores respecto al gobierno y la falsa oposición patronal (PJ-kirchnerismo y Juntos por el Cambio).
Más de conjunto, los altos índices de problemas de empleo, que aquejan a alrededor del 40% del aglomerado Trelew-Rawson, de pobreza, que suman más de 100 mil personas entre este aglomerado y Comodoro Rivadavia, evidencia la necesidad de un Congreso Obrero de trabajadores ocupados y desocupados que delibere una intervención decidida en esta apremiante situación.
A los paros y movilizaciones de trabajadores estatales de esta semana por reapertura de paritarias, se le sumarán actividades en contra de la megaminería en toda la provincia y acciones en solidaridad con la lof Quemquetreu, situada en el límite de Río Negro con Chubut en cordillera. Estamos ingresando en una nueva etapa de grandes choques sociales en la provincia que requiere de la coordinación de las luchas.
