Escribe Corresponsal
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Hace más de un mes que los trabajadores y trabajadoras de la DGCyE vienen desarrollando protestas contra la rebaja salarial llevada a cabo por la Directora General Agustina Vila con el aval de la Gobernación de Kicillof. Un mes y medio de lucha, con dos movilizaciones a la Gobernación, una marcha de Mantenimiento al Ministerio de Educación, asambleas de más de 1.000 trabajadores y cortes de calles, trajo como resultado una devolución parcial y precaria del salario recortado.
Más de 700 empleados y empleadas sufrieron una pérdida salarial de entre 3.000 y 15.000 pesos, como consecuencia de la aplicación de un nuevo régimen laboral. Pasamos de un régimen de 30 horas semanales a uno de 40, con una bonificación salarial que resultó inferior al plus salarial en negro que se cobraba hasta ahora. Esto afecta a más de 700 trabajadores.
El alargamiento de la jornada laboral y la rebaja pudo pasar por la complicidad de todas las conducciones sindicales provincial estatales (UPCN, ATE, SOEME) que aceptaron, en una paritaria clandestina, la propuesta del Gobierno y de las autoridades de Educación.
Si bien la lucha no pudo doblegar en toda la línea la rebaja salarial, el avance parcial es valorado como un paso importante, ya que tuvo que superar obstáculos de todo tipo. La Junta Interna de ATE jugo un papel destacado como organizador de la protesta.
El alargamiento de la jornada laboral es un plan provincial. Luego de Educación, siguieron con Agricultura, Derechos Humanos y Desarrollo Social. Las paritarias provinciales han sido a la baja. Los salarios en la provincia oscilan entre los 55.0000 y 74.000 pesos, lejos de la canasta familiar (140.000 pesos).
La necesidad de luchar por un salario igual a la canasta familiar fue una voz reiterada en las asambleas. Hay conciencia de que todo los demás es un parche. Pero para lograr un sueldo inicial mínimo igual a la canasta familiar se hace necesario la mayor unidad entre todos los trabajadores estatales. Para ello debemos poner en pie asambleas generales de los estatales para discutir el pliego de reivindicaciones y un plan de acción unificado para conquistarlo.