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Trecientas familias fueron violentamente desalojadas sin orden judicial (como ya es costumbre) por la policía bonaerense del barrio 22 de Enero, en el partido de La Matanza.
Ocurrió este lunes, bajo lluvia, ya caída la noche. Una feroz y violenta represión con cientos de policías uniformados y de civil desalojaron ilegalmente a familias que luchan por el derecho a vivienda. La policía ingresó al barrio incendiando las casillas y todo lo que se interpusiera a su paso, destruyendo comedores y merenderos entre amenazas de muerte, balas de goma, detenciones y heridos.
Los vecinos intentaron ocupar un predio y fueron perseguidos hasta que lograron refugiarse en la casilla Angelelli, donde pudieron salvarse de la feroz cacería desatada. Varios vecinos fueron detenidos hasta la mañana del día siguiente. Los vecinos y organizaciones realizarán una movilización al Municipio de San Justo para repudiar el desalojo y denunciar la falta de vivienda.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denuncia que no se cumple la resolución que establece que, antes de dictarse orden de desalojo, el fiscal interviniente debe proponer a las partes concurrir a una instancia de mediación. Tampoco se respeta la resolución 707/19 que, entre otros puntos, establece que los desalojos deben ser en horario diurno. La responsabilidad política recae enteramente sobre el gobernador Axel Kicillof y el intendente Fernando Espinoza.
El mismo día que el Estado paga 390 millones de dólares en concepto de intereses al FMI -con una inflación del 50% anual en ascenso, un 40% de desocupación y 7 de cada 10 chicos pobres, la reducción del presupuesto social y la creciente precarización laboral- responde con represión a la crisis habitacional y social que vive la clase trabajadora.
Solo en La Matanza hay 122 asentamientos. Es la manifestación de una crisis de vivienda brutal en el distrito.
Repudiamos la represión, nos solidarizamos con las familias. Reclamamos tierra y vivienda digna para vivir.
