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Tucumán está viviendo una verdadera pueblada como producto de la movilización docente que copó la Plaza Independencia con miles y miles de trabajadores de la educación en defensa de las condiciones de vida y de trabajo.
En ese contexto, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, se apersonó en la provincia para inaugurar el ciclo lectivo 2020, cuando gran parte de la docencia, desde abajo, superando a las burocracias sindicales celestes y de la CTERA, arrancaron un no inicio contundente. Buscando esquivar la movilización hicieron un acto en la localidad de Burruyacú, a 65 km de la capital tucumana.
Trotta se pronunció sobre la implementación de la Educación Sexual Integral en la provincia de Manzur, antiabortista declarado y torturador de niñas obligadas a parir sin cumplir siquiera con la ley de ILE para casos de abuso sexual.
El diario La Gaceta levantó las declaraciones del ministro que planteó: “lo dijo el Presidente de la Nación, la ESI tiene que aplicarse en todas las provincias. Y esta Ley de Educación Sexual que está vigente, seamos conscientes que suma la perspectiva también de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Hay que respetar la mirada de lo que pueden ser las distintas fes religiosas, pero siendo conscientes que hay contenidos básicos que deben llegar a todas nuestras escuelas”.
Las declaraciones de Trotta lesionan por completo el carácter laico y científico que debería tener, incluso en marco (limitado) de la ley 1420, la educación pública o subvencionada por el Estado. Las Iglesias son enemigas declaradas de la implementación de la ESI. Hacen campañas declarando que la ley es propaladora de "ideologías contrarias a la vida". No se puede negociar su implementación con estas instituciones oscurantistas, reaccionarias, homofóbicas que encubren la pedofilia de sus curas acusados de abuso sexual infantil, que se organizan contra el derecho al aborto o que en Brasil son ariete de la reacción bolsonarista. Se posiciona totalmente de espaldas al movimiento de mujeres que tiene esta reivindicación como una demanda nodal.
La ley 26.150 de ESI aprobada por el Consejo Federal de Educación en el 2006 bajo el gobierno de Néstor Kirchner, en su artículo 5 y 8 deja abierta la puerta de la educación pública a las iglesias de la mano del concepto de "integralidad" y de "respeto al ideario institucional según convicciones de sus miembros". Pese a eso la ley es progresiva en tanto fija contenidos nacionales, en todas las escuelas de gestión estatal (públicas o privadas) que hacen al conocimiento y cuidado del cuerpo propio y ajeno, al respeto de las diversidades sexuales, a los vínculos saludables, etc.
Frente al intento de conciliación como parte negociada del pacto social del gobierno de Fernández que pasea por el Vaticano para negociar una ley de aborto amañada es necesario organizarse y pelear por reivindicaciones mínimas como la implementación efectiva de una educación sexual laica y científica en todo el país, por cursos de capacitación en servicio a la docencia, por material didáctico gratuito en las escuelas, por democratizar la información a las familias de conjunto y por el repudio a toda persecución a los y las docentes que a pulmón ya brindan ESI en sus clases.
La lucha por todas estas reivindicaciones debe estar ligada a la pelea estratégica por la separación de la Iglesia del Estado para liquidar la injerencia de religiosa en la educación pública y terminar con los privilegios salariales y previsionales de curas y obispos y con las subvenciones a escuelas confesionales solventadas por el Estado para que esos recursos se destinen a cubrir las necesidades del pueblo trabajador.