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Mientras transcurría la campaña electoral, la crisis social y política en Salta se ha agravado considerablemente. El reconocimiento de que la provincia es la más pobre y desigual del país se sumó al estallido de diversos escándalos políticos: el allanamiento al intendente Méndez y el “descubrimiento” de una aduana paralela regenteada por éste en Salvador Mazza; la renuncia del ministro de seguridad Pulleiro bajo una oleada de femicidios y crímenes de tintes mafiosos; y el descubrimiento de una cocina de cocaína en una finca, regenteada por funcionarios del municipio de Rosario de la Frontera. Por último, una rebelión de estudiantes secundarios está en desarrollo contra abusos y el acoso de docentes y ha quebrado el encubrimiento estatal.
Bajo este cuadro, la campaña electoral ha sido calificada “de baja intensidad” por los analistas locales. Todos los candidatos patronales coincidieron en “proponer” mayores exenciones al capital, como si esto no fuera lo que se vino realizando los últimos 30 años, a la vez que se pronunciaron por ir a fondo en la reforma laboral que impulsa la UIA y el FMI para imponer el derecho a despedir y negrear a los trabajadores salteños. Mientras Zapata (JxC) y el saencista Durand Cornejo (UxS) hicieron lobby por la eliminación de la indemnización por despido, Biella (SI+PRS) saludó el plan empalme de Alberto Fernández para convertir los planes sociales en un subsidio a las patronales. Por el lado Kirchnerista, Da Souza (Felicidad) propició el trabajo precario bajo el eufemismo de la “economía popular”, y Estrada (FdT) propuso un “monotributo joven” para enterrar las aspiraciones de un trabajo en blanco.
Por el contrario, la campaña de Política Obrera denunció a estos bloques y sus pretensiones antiobreras, para impulsar la organización obrera y popular por el derecho al salario, la jubilación y el trabajo con un ingreso mínimo igual al costo de la canasta familiar. Planteamos la necesidad de un congreso obrero y la lucha por su propio gobierno, sobre todo de cara a los nuevos episodios de crisis que le seguirán al proceso electoral, signados por el intento de acuerdo con el FMI y nuevos ataques a los trabajadores. Así, conquistamos pronunciamientos de activistas y luchadores obreros y vecinales, por un congreso obrero y por el voto a al PO en las próximas elecciones.
Las recorridas y reuniones impulsadas en nuestra campaña electoral dieron pie a iniciativas de lucha por la vivienda, por la atención de médicos especialistas en las salitas, por el 82% móvil para los jubilados y la gratuidad de todos los medicamentos y las prestaciones, por el reclamo de recursos para los merenderos, contra el plan empalme y por la organización de los obreros rurales en el norte y el sur provincial; y por la recuperación de la Agremiación Provincial Docente impulsando una lista de la asamblea provincial de docentes autoconvocados y contra el fraude que prepara la burocracia sindical y el Estado.
Este método de campaña ha contrastado también con el del FIT-U, que redujo la agenda reivindicativa por la tierra o contra los tarifazos en meros actos de campaña electoral, a la par de reemplazar el planteo de lucha por un gobierno de trabajadores por la autoproclamación, en tanto se presentaron como “la salida de los trabajadores” a construir.
A la bancarrota y la crisis nacional se le suma el colapso provincial de los servicios de agua, luz y del sistema hospitalario; un multimillonario fallo judicial en contra del estado salteño que “disloca” sus precarias finanzas; y la crisis no resuelta por la infiltración del aparato policial, político y judicial, por redes de narcotráfico.
En este contexto, el voto a Política Obrera es parte de la lucha por la independencia política de los trabajadores y un puntal para desarrollar la intervención política de la clase obrera para luchar por su propio poder.