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Las elecciones en Foetra del 2 de diciembre arrojaron la renovación de la Azul y Blanca, que apunta a conseguir 28 años de mandato ininterrumpido, con 3.550 votos, el 77,6% de los que votaron. La opositora Granate-Blanca obtuvo 1.024 votos, el 22,4%, logrando retener los Congresales y las vocalías por la minoría en la Comisión Directiva.

Pero solamente votó el 57% de los 8.074 empadronados, que históricamente rondaba el 75%. La Azul y Blanca reunió el 44% del padrón, perdiendo 1.230 votos, y 13% la Granate, que perdió 750 votos. El derrumbe del oficialismo no pudo ser canalizado por la Granate, que había logrado el 42% en 2014, y el 27% en 2017. La liberación económica y de circulación imposibilita responsabilizar a la pandemia por la baja concurrencia.

La jubilación de generaciones de activistas forjados en las tradiciones combativas de Foetra es un factor, pero la dificultad para ganar las nuevas camadas de trabajadores, aun la política de ingresos afines mediante la bolsa de trabajo del oficialismo, expone una dificultad política.

La oposición representa menos del 10% del plenario de delegados, y solamente tiene dos delegados en el conurbano, donde hay compañeros distribuidos en unos cuarenta edificios. Pero tiene una presencia importante en los edificios neurálgicos de la Capital, que producto del teletrabajo hoy se encuentran cuasi desorganizados.

Nuestra agrupación, Naranja Mayoría, tuvo un destacado aporte a la Granate en candidatos, delegados, y compañeras para el cupo femenino. Lejos de exitismo o autobombo, nuestra campaña tuvo como eje una orientación para reconstruir la actividad sindical en las oficinas.

Los telefónicos tenemos una agenda de lucha muy importante. En primero lugar, contra los planes de flexibilización de las patronales. Luego está el derrumbe del salario, que en algunos sectores se encuentra en torno a la canasta de pobreza de $75.000, e implica la generalización de condiciones convencionales a la baja, como ya sucede con jornadas de 8 a 9 horas, en contraposición a la histórica de 7; el control de los ritmos de trabajo y la presión por la productividad, o la pérdida de los sábados por un franco móvil.

Contra esta orientación patronal seguiremos organizando por un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, hoy en $117.000, y por la defensa de la jornada de 7 horas, entre otras cuestiones.

No perdemos de vista que la incipiente crisis económica y política a la que el país se encamina, por la gestión capitalista de la bancarrota, provocará convulsiones sociales y la intervención de los trabajadores en la escena política, creará un nuevo cuadro político, para sacarnos de encima la burocracia y tener otra perspectiva en el gremio.

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