Editorial

La crisis social y política ha entrado en una fase explosiva

Un desafío para la clase obrera y los luchadores.

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El año termina con un escenario de explosión de las contradicciones económicas y políticas que se han ido potenciando desde el derrumbe financiero de 2018. El vencimiento, en marzo, de una cuota de la deuda con el FMI, de unos 5 mil millones de dólares, pone una fecha final a una dilatada negociación que comenzó al día siguiente de la victoria del FdT en las PASO de 2019. El gobierno no tiene las reservas internacionales para hacerle frente. A esto se suma algo aún más decisivo: que cualquiera sea la salida a este impasse, como un default, el acuerdo o una demora en el pago, lo único que lograría es el agravamiento de la crisis social y una nueva ronda de inflación. Una mayor devaluación del peso, la suba de tarifas de los servicios y la poda a fondo de los gastos sociales del estado, como plantea el FMI, antes que una salida al default sería la entada a una conmoción social y política. Cualquiera de estos escenarios pondría sobre la mesa el destino del gobierno y del régimen político tomado como un todo.

El proyecto de Presupuesto que el Ejecutivo envió al Senado repite la línea política inaugurada en 2019, con el añadido de que pretende ser la hoja de ruta del acuerdo con el FMI, a sabiendas de que será rechazado. El gobierno se ha valido de la inflación que le dejó el macrismo, para desvalorizar salarios, jubilaciones y gastos sociales. Unió su desindexación a un aumento inflacionario de la recaudación impositiva.

Este ajuste de características brutales fue aplicado incluso durante la primera y segunda ola de la pandemia. Fue el precio que hizo pagar a los trabajadores para lograr la reestructuración de la deuda pública con los acreedores privados, de más de 100 mil millones de dólares, entre el estado nacional y las provincias – que no incluye la deuda con el Banco Central y Anses, definida como deuda “interestatal” y convertida en un pagadios. A esto se debe agregar la deuda de 40 mil millones de dólares del Banco Central (Leliqs y pases). Fue el precio que pagó el gobierno para mantener con vida la negociación con el FMI. Durante dos años ha habido un programa fondomonetarista sin el acuerdo previo con el FMI. Lejos de obtener un estabilización de la moneda y los precios, como preveía el Presupuesto 2021, la inflación se disparó a más del 50 por ciento. Los precios internacionales de la exportación y la caída de los salarios incentivaron un rebote económico, en especial a partir de la construcción. En los últimos cuatro años el poder adquisitivo del salario ha caído un 25 por ciento – un récord internacional.

Las contradicciones acumuladas en estos años han alcanzado un punto de estallido y ponen un límite final a la política seguida en estos dos años. La viabilidad de un acuerdo con el FMI enfrenta obstáculos explosivos tanto para Argentina como para el Fondo; los observadores económicos prevén que deberá ser corregido trimestre a trimestre. Los fondos internacionales que reestructuraron la deuda privada reclaman una mega devaluación. A estos choques se suma la exigencia de alineamiento político con EEUU, por parte del gobierno Biden.

En estos días, el debate del proyecto de Presupuesto del año próximo en el fragmentado Congreso nacional, dejó en claro que el acuerdo con el Fondo ha desatado una crisis política. El macrismo sostiene que ha reunido los votos necesarios para derogar el llamado impuesto a la riqueza y congelar el que grava bienes personales, así como impedir que aumenten las retenciones a la exportación en el caso de que se produzca una devaluación monetaria superior a la que viene ocurriendo. Las divisiones del lado del oficialismo son notorias en cuanto a los términos de un acuerdo con el Fondo. La pelea en el Congreso apunta a establecer el diseño del acuerdo que se firme con el FMI, y eso lo convierte en una caja de resonancia de la crisis política.

A la luz de estas contradicciones explosivas se entiende muy bien porqué la CGT, con los Moyano adentro, han salido con los tapones de punta a reclamar que se firme el acuerdo con el Fondo. Advierte que la dilación de ese acuerdo, en el cuadro de un gobierno definitivamente dividido, precipitaría una crisis de poder y una irrupción popular decidida a enfrentar un mayor deterioro descomunal de sus condiciones de vida. La presencia del brasileño Lula y el uruguayo Mujica, dos representantes mayúsculos de la política de no sacar los pies del plato cuando se trata del FMI, en el palco oficialista el pasado 10 de diciembre, apunta en la misma dirección de la burocracia sindical, de ofrecer una red de seguridad a la firma del pacto con el Fondo.

Si la crisis no ha alumbrado un nuevo argentinazo, la razón es que no se ha producido el detonante que convocó al de veinte años atrás, como el secuestro de ahorros y la parálisis completa de la economía. El otro motivo es que la historia no es repetición mecánica – los trabajadores han vivido las limitaciones políticas de aquel levantamiento popular. El esfuerzo mayor de todos los partidos es confinar la salida de la crisis al ámbito parlamentario, no ya en función de las elecciones de 2023 sino de una crisis de sucesión en el gobierno actual.

La hora en que el FMI pretendía y podía, hasta cierto punto, imponer salidas económicas y políticas, está agotada. El período de vigencia del menemismo internacional está hecho trizas. Las situaciones explosivas se manifiestan en todas las regiones, incluso las reputadas como estables. La guerra económica y militar domina el escenario internacional. La pandemia ha dislocado el mercado mundial y asestado un golpe a la globalización más duro que la crisis de 2007/8. Este escenario condiciona severamente la viabilidad de las recetas o salidas fondomonetaristas y mucho más los ajustes ‘nacionales y populares´.

Este contexto de conjunto, condiciona la política de la clase obrera, o sea la orientación de sus luchadores de cara al conjunto de la clase. El ingreso a un período de luchas, digamos pos electoral, marcado por el reclamo de nuevas paritarias y por reclamos salariales diversos, necesita una perspectiva de conjunto, y planteará esa necesidad cada vez más. Existe, en el marco de esta crisis explosiva, una acentuada atomización política en el activismo, fomentada también por la acción auto-proclamatoria del FIT-U y sus ambiciones electorales. El desafío es, sin embargo, tanto derrotar el propósito de un acuerdo con el FMI como derrotar al gobierno que se vale de la demagogia anti-FMI para aplicar una violenta política de ajuste, que recibe el apoyo de un sector importante del macrismo.

Un desarrollo explosivo de la crisis significará el desarrollo paralelo de una tendencia a la huelga general. La victoria de una huelga general necesita una preparación política, que es una tarea para los activistas y los luchadores y sus organizaciones. Por eso llamamos a discutir la convocatoria a un Congreso de trabajadores, que prepare una huelga general, por medio de la agitación y la organización, y un plan económico y político de la clase obrera.

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