Tucumán: persecución política-judicial a la periodista Irene Benito

En la provincia se asiste a una ofensiva del gobierno dirigida a amordazar a los periodistas y medios críticos y en paralelo una política de apriete a familiares de víctimas de distintos casos que involucran a sectores poderosos, en muchos de ellos, con estrecho vínculo con el poder y un intenso reforzamiento de los aparatos represivos.

El que ha tomado la batuta de esta ofensiva judicial es el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, que responde en su accionar al poder político de turno. Este ministerio está presidido por “Pirincho” Giménez, un funcionario que ocupa ese cargo desde la época de Alperovich. Desde ese ministerio, Giménez, una suerte de “Monje Negro”, ha sido el gran digitador de la composición del sistema judicial provincial. Ahora están impulsando una campaña para sancionar y silenciar a una periodista de La Gaceta, Irene Benito, y al expresidente del colegio de Abogados, Paz Posse.

Irene Benito en el diario está a cargo del seguimiento de casos resonantes y de todo lo que ocurre en el poder judicial, sacando a luz hechos de corrupción, casos de impunidad, arbitrariedades en la justicia. Desde sus editoriales hizo el seguimiento y recogió las denuncias en casos resonantes como el de Paulina Lebbos y Paola Tacacho.

Todo esto, claro, ha venido molestando al gobierno, pero quizás lo que ha molestado es que Benito, junto a otros dos periodistas de La Gaceta, publicaron en 2015 el libro “A su salud. La historia de Juan Luis Manzur, el ministro más rico de la era kirchnerista”. En este libro describen el proceso de enriquecimiento ilícito, exponiendo pruebas irrefutables que la justicia federal nunca investigó. Todos estos periodistas han quedado en el ojo de la Tormenta de las represalias políticas judiciales.

La denuncia contra Irene Benito la realizó uno de los funcionarios del Ministerio Publico Fiscal, Alfredo Falú, quien está denunciado por extorsión, coacción, estafa y amenazas junto a los hijos del ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, en un caso de impunidad muy conocido de la provincia.

Falú en su denuncia destaca que Irene Benito realizó un negociado en perjuicio de las finanzas del Colegio de Abogados al firmarse un convenio por el cual la periodista, que a la vez es abogada, en el 2016 debía presentar un manual de estilo para corregir deficiencias en los escritos de los abogados. El manual fue presentado en diciembre de 2019. Benito alegó y no hubo reproche en el Colegio de Abogados de aquel entonces, que le habían robado la computadora donde tenía desarrollada gran parte del trabajo. Incluso cuando Falú presentó la denuncia en abril del 2020 la fiscala Rivadeneyra la desestimó por falta de causales probatorias, reivindicando en ese momento la libertad de prensa y la libertad de expresión.

En una decisión de neto corte político, Falú volvió a la carga, realizó una nueva denuncia contra Benito y la fiscala Rivadeneyra, en forma acelerada, la citó a indagatoria, con el agregado de prohibir la presencia del periodismo y, como denunció Irene Benito, le hicieron manchar los dedos, la imputación le queda en los antecedentes penales, y lo más grotesco fue que en la indagatoria la fiscala no abrió la boca, o sea que no la indagó.

Vale recordar que la fiscala Rivanedeyra está denunciada, con pedidos de juicio político, por archivar cuatro denuncias de Paola Tacacho y podría correr la misma suerte que el juez Pisa, destituido recientemente por la misma causa en un juicio político.

En paralelo a todo esto, ante las innumerables denuncias de los familiares de víctimas señalando el estado de parálisis de sus expedientes, han recibido presiones del Ministerio Público sobre que la activación de la causa se podía acelerar si dejaban de organizar protestas frente a los tribunales y se separaban de los militantes de Política Obrera.

A su vez, es visible el reforzamiento de los aparatos represivos sumando más policías, pero en la misma proporción crecen los delitos de todo tipo. También en acuerdo con el gobierno nacional ya se ha instalado un escuadrón de gendarmería en Aguilares, un zona obrera conflictiva, y ahora han anunciado la apertura de un escuadrón de mayor volumen en la capital o en el Gran San Miguel

Todo esto apunta a amordazar a los periodistas y medios críticos al gobierno y profundizar la persecución de las organizaciones que no han sido cooptadas por el Estado. El gobierno, en particular el jaldismo, se ha asegurado el control de la Suprema Corte, al hacer nombrar como presidente a Daniel Leiva, quien está denunciado por apretar a jueces en el manejo de causas que afectan al poder político.

El gobierno es consciente de que se avecina un año altamente conflictivo nuevamente con la docencia, los trabajadores del citrus y con la población en general, con nuevas estadísticas que muestran que la pobreza sigue creciendo y a la que se ha avisado que, durante dos meses, van a sufrir apagones recurrentes cuando se anuncian temperaturas que no bajaran de los 40ª. Todo esto en un cuadro de descontrol nuevamente de la pandemia.

Es necesario impulsar un plan de lucha coordinado entre trabajadoras y trabajadores de prensa, los familiares y víctimas de la impunidad y todas las organizaciones políticas dispuestas a defender mediante la movilización popular las libertades democráticas y todos los reclamos obreros y populares. Es fundamental desarrollar una campaña de pronunciamientos y preparar una agenda de iniciativas movilizadoras a partir de febrero, en que termina la feria judicial. El 26 de febrero, fecha en que se cumplen los 16 años del crimen impune de Paulina Lebbos, es una oportunidad para hacer escuchar fuerte y masivamente el reclamo por el inmediato sobreseimiento de Irene y por todos los reclamos obreros y populares pendientes.