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A un año de la ley de aborto, los obstáculos en la provincia han sido claros. Las batallas que emprendimos y antecedieron a la sanción de la ley, con asambleas preparatorias y vigilias, fueron la antesala de las luchas que iban a librarse contra un Estado objetor.
Las cifras hoy
Salta no cuenta con datos oficiales. La representante de la Campaña en Salta adelantó que serían más de 3.000 prácticas de abortos al año. Según el OVM (Observatorio de Violencia hacia la Mujer), han sido 1948 las consultas en el 0800 de Salud Sexual y no hay registros de la demanda espontánea en centros de salud ni de quienes fueron arrojadas nuevamente a la clandestinidad.
A finales de octubre, el gerente del principal Hospital de la Provincia declaró que “no dan abasto” con solo 3 médicos que garantizan la práctica. Los retrasos en la práctica llevaron a varias denuncias que plantearon que las demoras llegaban a ser más de 15 días. En su hospital se produjeron 40 abortos semanales, algunos de ellos tuvieron que ser traslados a la provincia de Tucumán. Entre las organizaciones feministas señalan como dificultades aledañas a la falta de stock de misoprostol y las demoras en la entrega de la empresa proveedora.
Sin embargo, el principal obstáculo ha sido el propio Estado objetor. las mujeres deben peregrinar kilómetros para acceder a la práctica. De 64 centros de salud en la capital, solo 8 garantizan la práctica de IVE. Esto en el interior se agrava. Muchas mujeres son derivadas porque la práctica es por completo inaccesible, son departamentos enteros los que no cuentan con profesionales y ni siquiera con la información y orientación necesaria.
Objeción de conciencia y la precarización laboral
El caso de la médica residente Miranda Ruiz de San Martín, acusada -tras haber denunciado un abuso- del “delito de aborto” agravado por no tener “consentimiento voluntario de la gestante”, puso sobre la mesa el cuadro de precarización e indefensión en el cual se encuentran los profesionales no objetores. Muchos de ellos son residentes o contratados, sin estabilidad laboral alguna y expuestos a la sobrecarga laboral: no solo realizan la atención de abortos, sino también sus atenciones médicas regulares.
La objeción de conciencia, como denuncian desde el propio sistema de salud, no solo persigue a los médicos y profesionales garantes, sino que favorece a la privatización del derecho y a mantener el negocio privado y la clandestinidad. El gerente del Materno Infantil denunció, a su tiempo, que las clínicas privadas y obras sociales se niegan a cumplir con el derecho al aborto por los costos de la práctica, haciendo una transferencia directa de estos costos a la salud pública.
Sáenz, sus funcionarios y el conjunto del régimen se encuentran postrado a los intereses del clero. Son quienes encabezan un Estado que orienta, desde arriba para abajo, la objeción de conciencia y pretende imponerla a fuerza de causas judiciales como quieren hacer con la Dra. Ruiz. A un año de la ley de aborto, nuestra lucha por el acceso a la salud plantea la unidad con los trabajadores de la salud contra el vaciamiento de los hospitales y por el pase a planta. Nuestra lucha por el derecho a la maternidad, plantea una batalla mancomunada con los trabajadores contra el régimen y sus personeros directos responsables de la agudización de la pobreza, la falta de viviendas y desocupación, que habilitan un mayor cuadro de violencia y opresión directamente contra las mujeres y nuestras familias.
