Justicia por Paula Martínez

Escribe Ana Belinco

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En diciembre de 2016 Paula Martínez, de 18 años, fue invitada por una chica a la que conocía del barrio a una fiesta frente a su casa. Ella dudaba en asistir porque al día siguiente tenía que ir a su trabajo en una concesionaria de autos y tenía a sus dos hijos menores. Ante la insistencia de su vecina accedió. Al llegar le dieron una bebida tras lo cual comenzó a sentirse mareada. Un grupo de hombres a los que conocía del barrio y de la escuela la subieron a una camioneta y la llevaron a una casa a dos cuadras donde la violaron en grupo y al terminar la dejaron tirada en la esquina de su casa.

Un día después, luego de superar el shock por lo ocurrido, Paula fue a hacer la denuncia a la Comisaría N° 2 de Florencio Varela y reconoció a cinco de sus abusadores con nombre y apellido. Allí comenzó un camino de persecuciones, amenazas y encubrimiento policial y judicial.

Desde el inicio no se cumplieron los protocolos indicados para este tipo de casos: no la hisoparon para tomar muestras de semen, tampoco le tomaron muestras de sangre para ver con qué la habían drogado. Sólo le dieron la pastilla del día después. La propia Paula, que se volvió una activista en defensa de los derechos de las mujeres víctimas de abuso, declaró en diferentes oportunidades que había sido violada, que no podía ni abrir las piernas para que la revisaran y se las abrieron con fuerza y le dijeron “dale, abrí, es para ver si sos virgen”. También denunció que mientras ella declaraba dejaron entrar a la Comisaría a sus abusadores quienes fueron vistos en varias oportunidades tomando mate con las fuerzas policiales. La madre entregó la ropa que llevaba al momento del ataque a la justicia pero la bolsa estuvo mucho tiempo desaparecida: ahí estaba el ADN de todos los imputados. Nadie allanó la casa que ella señaló como el lugar de los hechos ni se secuestraron los celulares de los imputados pese a que también declaró haber sido filmada.

A lo largo de 5 años Paula había radicado más de 30 denuncias ya que la familia de los violadores la hostigaban y amenazaban de muerte a ella y a los suyos de manera constante llegando a golpearla hasta dejarla internada y a tirotear su casa. Durante todo ese tiempo se vio obligada a convivir a menos de 100 metros de uno de los imputados. Una de sus amigas relató que Paula tenía que tolerar que la miraran mientras se masturbaban desde un balcón cercano y que “Vivía con terror, incluso cuando le tirotearon la casa le pusieron un patrullero en la puerta y ella veía cómo el policía charlaba con el hermano de uno de los violadores”. Tanto ella, como su madre y su padre perdieron sus trabajos por miedo a salir. Durante todo ese tiempo el Estado no le proporcionó una nueva identidad, una vivienda segura ni un trabajo alejado de las familias de sus agresores. Sólo se atinó a darle un plan miserable que luego le fue retirado y a confinarla brevemente en un psiquiátrico por los síntomas de estrés post traumático que sufría pese a que necesitaba justicia, acompañamiento y contención.

Mientras a ella la hicieron declarar infinidad de veces revictimizandola y el primero de los fiscales tuvo que ser removido por preguntarle si alguna vez había participado en tríos o en orgías para ver si el sexo grupal era habitual en ella, tres hombres, de 29, 30 y 40 fueron detenidos poco después de la violación mientras que otros dos fueron capturados por la Policía recién en 2019.

El día 26 de diciembre de 2021, el tío de Paula encontró a la joven de 23 años colgada de un ventilador en su casa. No tenía fuerzas para enfrentar un juicio que iba a ser en partes por lo que iba a tener que repetir una y otra vez la tortuosa situación de enfrentarse a sus violadores. Se espera que la audiencia preliminar sea a mediados de febrero y el juicio comience en marzo de 2022, cinco años tarde y con Paula muerta. Tanta impunidad no sale de un repollo. Uno de sus violadores es Diego Domínguez que era guardia comunal local de Florencio Varela. Tanto el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad como la Policía y el Poder Judicial fueron parte de una red de encubrimiento y dilación en la investigación y el proceso legal. Por estos motivos el abuelo de Paula pone en duda que haya sido un suicidio y exige que se investigue la causa de muerte.

No hay salida a la violencia contra las mujeres en el marco de la implementación de políticas públicas por parte de un Estado que la propicia y garantiza partiendo del hecho de que coloca sus recursos para pagarle a los organismos de crédito internacionales en detrimento de la vida, el trabajo, la vivienda de las trabajadoras. Es necesario levantar una organización independiente y de lucha de la mujer que emprenda una pelea abierta contra el Estado por justicia y atención psíquica-sanitaria integral para todas las víctimas de violencia sexual, reubicación en centros de refugio saludables y extensivos así como trabajo y subsidios que sean equivalentes a un salario igual al costo de la canasta familiar.

Justicia por Paula y por todas.