El impasse entre el FMI y Argentina

Escribe Marcelo Ramal

La crisis al interior del gobierno y la complicidad de la burocracia sindical.

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En medio de tantos relatos acerca de los choques que cruzan a oficialistas y opositores en torno del acuerdo con el FMI, apenas se ha prestado atención a la “otra” grieta –a saber, la que partiría por el medio al propio directorio del Fondo Monetario.

El diario oficialista “Ámbito Financiero” reveló ayer que la representación de Estados Unidos en el directorio del Fondo votó en contra de la “evaluación técnica” del préstamo concedido a la Argentina bajo el macrismo. De acuerdo a esta fuente, la delegación yanqui en el FMI “defendió la legalidad absoluta del paquete de ayuda al país”, y atribuyó su falla “a los problemas internos de Argentina” (AF, 7.1). Esta información fue anticipada por el propio Guzmán en su reunión con los gobernadores, cuando señaló que la oposición que existía al informe del FMI adentro del propio organismo contaba con “mucho peso”.

El voto negativo de los Estados Unidos no es un episodio menor, en primer lugar, porque debió estar precedido de discusiones y tentativas de modificar el contenido del informe que, evidentemente, no prosperaron. En segundo lugar, la divergencia se proyecta hacia adelante, o sea, a las negociaciones en torno del acuerdo de “facilidades extendidas” que se negocia desde hace dos años. Los plazos reducidos para el pago de la deuda obligarían a una nueva reestructuración hacia 2026. Este esquema precario llevaría a que los títulos de deuda argentina continúen cotizándose a precios de defolt, o sea, a un 30% de su valor nominal y a la mitad del valor actual al momento de la reestructuración. Por eso los fondos que reestructuraron con Argentina en 2020 reclaman “recontra-ajuste” que levante el valor de los títulos que tienen en su poder.

Esta es la tesitura que el gobierno norteamericano ha hecho propia. Desde 2020, la Reserva Federal, el banco central norteamericano, ha tercerizado el gerenciamiento de su cartera de títulos públicos de Estados Unidos nada menos que con BlackRock –o sea que el entrelazamiento de las autoridades financieras con los fondos que detentan la deuda argentina no podría ser mayor. Los fondos privados, como lo señaló textualmente el propio Guzmán en su disertación federal, “quieren cobrar”. En el centro de la tormenta está la devaluación del peso. Para contrarrestar el impacto descomunal que tendría en la inflación, reclama el tarifazo y la suba de la tasa de interés. Un bombazo social que podría llevar a la caída del gobierno. El epicentro de la crisis con el FMI ha pasado al interior del gobierno.

El ajuste perpetrado por Guzmán en 2020/2021 contra jubilaciones y gastos sociales no es suficiente para los propósitos e intereses de los fondos especulativos. El rechazo al proyecto de Presupuesto 2022 ha sido un golpe a la línea de flotación del oficialismo. El gobierno pretende ahora que los bloques opositores lo saquen de este peligroso impasse, con reuniones afuera o adentro del parlamento. El reclamo ha dividido a JxC, porque el ala macrista propugna el boicot, mientras el resto aboga por ‘administrar el derrumbe’ hasta 2023, mediante un pacto a la medida de este propósito con el FMI.

La tesitura de que la devolución del préstamo debe conciliarse con la “gobernabilidad” –es lo que esgrimen los Guzmán y los Fernández, pero también una parte de quienes gobiernan el FMI, preocupados por la crisis fenomenal que ha profundizado la pandemia en las naciones de la periferia.

En este marco, oficialistas y opositores arremeten más que nunca con la presencialidad laboral y escolar forzada, violando todas las prescripciones sanitarias para los contactos estrechos y para las enfermedades profesionales. Partidaria furiosa de un acuerdo con el Fondo, la burocracia sindical le ha dado el ‘pase sanitario’ a la ofensiva patronal. La resistencia a este atropello – en el transporte y la industria -, está movilizando a numerosos activistas. Es la oportunidad, entonces, para reunir luchadores y delegados sindicales, en función de defender los planes de lucha y abrir camino a un Congreso Obrero que discuta la crisis política y social inminente y los métodos para combatirla.