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La provincia nuevamente se vio conmocionada por el caso de una niña de 10 años víctima de abuso sexual y de un embarazo forzado. A casi tres años del caso Lucía, la historia se repite evidenciando el cuadro de desprotección y abandono a las infancias por parte del Estado y el carácter reaccionario y oscurantista de sus instituciones.
LA (nombre ficticio de la niña) fue abusada por la pareja de la mujer que la criaba. Esta habría advertido el crecimiento del vientre y le hizo un análisis. Recién ahí puso la denuncia. Según información oficial, se aplicaron los protocolos de la Interrupción Legal del Embarazo, pero por el período de gestación que transitaba (7 meses) le realizaron una cesárea. El neonato se encuentra internado y sería entregado a la Sala Cuna.
A este horror le sigue la fuga del abusador, hasta ahora prófugo, y el destino incierto de LA. Su madre biológica, a cargo de siete hijos y sin ingresos estables, le encomendó los cuidados de la niña a una vecina (Isolina) cuando era pequeña. El hermano mellizo de LA tenía muchos problemas de salud y ella no podía cuidar a ambos. Cuando este falleció intentó recuperar a la niña, pero la vecina no se lo permitió.
La madre biológica de LA denuncia que Isolina es cómplice del abusador, en tanto habría dilatado la denuncia para permitir que se dé a la fuga. Le pide a la justicia que la niña no vuelva a esa casa y retorne con ella. Las autoridades de la Dirección de Familia, Niñez y Adolescencia (Dinayf), quienes brillaron por su ausencia a lo largo de todos estos años, declaran que “se buscará lo mejor para la nena, más allá de cuáles sean los intereses de los adultos en conflicto”.
El caso de LA pone al desnudo el cuadro de miseria y vulnerabilidad de las infancias en la provincia. Familias, principalmente mujeres solas, se ven empujadas a hacer este tipo de arreglos para preservar la vida de sus hijos. A muchas la justicia y la Dinayf directamente les quitan los hijos y los institucionalizan. Sin embargo, los expedientes en los que las familias piden ayuda económica y material duermen en los despachos. Los propios trabajadores de la Dinayf vienen denunciando y movilizándose frente al vaciamiento de la institución, la extrema precarización y la sobrecarga de casos.
En la escuela a la que asiste LA tampoco advirtieron la situación. Sin embargo, no es una novedad que en las escuelas tucumanas no se imparte educación sexual integral pero que, por el contrario, se enseña religión. En qué espacios los niños podrían denunciar abusos o los propios docentes formarse para estar alertas. Esto explica que Tucumán se ubique entre las provincias con peores tasas de embarazo adolescente. La doctora Fabiana Reina denuncia que la curva de embarazo adolescente en menores de 15 años no se modificó en los últimos 30 años.
Si bien las autoridades no tardaron en aclarar que se siguieron los protocolos para asegurar la ILE, la situación en Tucumán es sumamente precaria. Hay pocos equipos que aseguran las ILE e IVE por lo que se encuentran sobrecargados y deben hacerlo en forma casi clandestina dentro de los hospitales. En una nota periodística, Soledad Deza denuncia que hay pocos profesionales para hacer abortos en el tercer trimestre y que tampoco se brinda formación.
Además de acompañar la lucha por la captura del abusador y para que LA vuelva con su familia y se le asegure una reparación, es fundamental impulsar la organización vecinal para combatir el abuso sexual infantil, exigir la educación sexual científica y laica en las escuelas, los consultorios de salud sexual y reproductiva en los CAPS y hospitales y la efectiva implementación de la ILE e IVE.
